Carlos A. Lozano Guillén
@carloslozanogui
La campaña electoral de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) está siendo sometida a una suerte de bullying criminal por bandas agresivas que pretenden sabotear sus actos políticos en distintas ciudades, mediante la violencia. Los casos más peligrosos fueron en Quindío y Risaralda, la semana pasada, cuando los representantes del nuevo partido, incluyendo a su candidato presidencial, Rodrigo Londoño, fueron abucheados y agredidos por bandas fascistoides coléricas.
En ambos departamentos, en Quimbaya y Pereira, en particular, los voceros de la FARC fueron casi que encerrados en los recintos donde se realizarían las manifestaciones electorales, bajo la amenaza de que serían golpeados en caso de salir al espacio público. Los energúmenos siempre asumieron una actitud violenta, con mayor razón cuando la fuerza pública se mostró permisiva con la manifestación ilegal y antidemocrática. Este tipo de reacciones viscerales se presentaron antes del inicio de la campaña contra excombatientes que se transportaban en avión o que permanecían en sitios públicos. Los agresores y agresoras, porque hubo casos de mujeres de dirigentes uribistas que se pusieron histéricas ante la presencia de los exguerrilleros, demostraron odio contra los ahora miembros de una colectividad política, pacífica y legal.
¿Quiénes son los violentos agresores? Reconocidos miembros del Centro Democrático, estimulados por congresistas y dirigentes del partido de la extrema derecha. Tanto las agresivas intervenciones en el Senado y en la Cámara, como las declaraciones en medios de comunicación, instaban a ilegalizar y encarcelar a quienes asumieron con decisión la renuncia a las armas y la adopción de caminos democráticos en la actividad política. Es la forma de negarse a aceptar el Acuerdo Final de La Habana, suscrito por el presidente Juan Manuel Santos y el entonces comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y de instigar con violencia a sus contradictores políticos. También son responsables de estos actos de intolerancia los militares en retiro, como quiera que varios de los participantes en las asonadas, son familiares de militares y policías que sufrieron las consecuencias del conflicto de más de medio siglo, que no solo afectó a la fuerza pública sino también a guerrilleros y a población civil. Y no se quedan atrás los grandes medios por los folletines que publican.
El Acuerdo Final de La Habana no solo fue aceptado por las partes, también fue avalado por la Corte Constitucional y el Congreso de la República, después de los reajustes que se le hicieron al primer texto, tras los resultados del plebiscito favorable al No por una mínima mayoría. Así como fue respaldado por la comunidad internacional. Preocupa la actitud del Gobierno que califica de “democrática protesta” la provocación de los criminales.
