Diez años después de la desaparición y muerte de tres campesinos, treinta militares serán llamados a juicio
James de Jesús Agudelo, dueño de una finca ganadera, su hermano José Antonio Agudelo y el trabajador de la finca, Javier Ernesto Acuña, conocidos en el caserío de Santo Domingo, en la jurisdicción de Vista Hermosa, Meta, no pensaron que reclamar un ganado robado a tropas de la brigada móvil 12, del batallón 84 antiguerrilla compañía Apolo Cinco, adscrito al Batallón 21 Vargas del Ejército Nacional, les iba a costar la vida un 30 de noviembre de 2006.
Los hechos sucedieron, según la acusación proferida en estas últimas semanas por la Fiscalía General de la Nación, cuando los occisos se dispusieron a recuperar cuatro semovientes sustraídos de la propiedad de Acuña, después de recibir informaciones de que los animales podían estar cerca de la zona donde pernoctaban las tropas oficiales. Ese fue el último momento, relatan los testigos, que vieron con vida a los hermanos Agudelo y a Javier Acuña.
Entre los treinta miembros de la fuerza pública se destacan los nombres de los oficiales: el coronel Juan Efrén Ovalle Forero, capitán Ricardo Ferro Valderrama y el mayor Carlos Mora Erazo.
Los indicios
Ante la desaparición de los tres hombres la comunidad de Santo Domingo emprendió la búsqueda. Organizaron una comitiva de casi treinta personas para encontrarlos, sin tener suerte, pero sí con muchas pistas del suceso. La desaparición y posterior muerte se dio en uno de los teatros de guerra más disputados entre la insurgencia y el Estado colombiano. De acuerdo a Leidy Triana, una de las testigos a la que acude la Fiscalía para emitir su acusación, y quien hizo parte de la comitiva de búsqueda emprendida en Santo Domingo el 30 de noviembre de 2006, muchas pistas del paradero de los desaparecidos las encontraron a cinco kilómetros adentro de la montaña en la misma dirección por donde se vió con vida a las víctimas: “un laso de caballos y bastantes pisadas de botas militares, más adelante siguiendo las huellas encontraron unos guantes de cirugía, jeringas, vainillas y huellas como de escarbar y enterrar algo. Vimos tierra removida, y uno de los muchachos que iban escarbó y estaba enterrado como sesos de persona”. Así lo confirmó otro relato que sustenta el llamado a juicio hecho por la Fiscalía contra treinta militares que presuntamente están involucrados en la desaparición forzada y posterior asesinato de los campesinos que fueron presentados como bajas de guerrilleros de las FARC en combate. José Agudelo Velásquez, testigo del ente investigador señaló: “la comisión de búsqueda encontró a los soldados comandados por el teniente Peña y quien al ser cuestionado por el paradero de los hombres que buscaban el ganado perdido señaló que ‘era la guerrilla la que robaba las reses’ pero añadieron que la Móvil 12 había dado de baja a tres guerrilleros en la misma zona donde se sospechaba que los hermanos Agudelo y Javier Acuña estaban buscando el ganado”.
Declaraciones
Con esa información la familia de las víctimas se trasladó a Granada, Meta, y en las instalaciones del Batallón 21 Vargas, los familiares confirmaron lo que temían. Sus seres queridos fueron presentados como guerrilleros de las FARC-EP dados de baja en combate. El hoy mayor Carlos Eduardo Mora Erazo informó en aquella oportunidad a los medios de comunicación: “la móvil 12 fue atacada por aproximadamente 15 terroristas de la cuadrilla 27 de las ONT FARC en las siguientes coordenadas 02° 48° 50° – 73° 51° 54°, donde se recibió fuego nutrido de ametrallamiento y fusilería. Al reaccionar y en desarrollo de la maniobra fue muerto en combate 01 terrorista de sexo masculino aproximadamente de 20 a 30 años de edad, vestido con pantalón camisa negra y botas de caucho”, señala el informe.
En las primeras indagaciones hechas a los militares involucrados, la versión fue unívoca: un combate fruto de una emboscada por parte de guerrilleros de las FARC. Pero contrastando las versiones castrenses con los testimonios de los pobladores, el representante de las víctimas, el jurista Ramiro
Orjuela, ahondó en los indicios permitiendo así que la Fiscalía condujera la investigación a la práctica de “falsos positivos”.
Sistematicidad
Y es que para Orjuela, es impensable que en un combate como se describió en las declaraciones de los oficiales, sub oficiales y soldados involucrados, no existan heridos por parte de la Fuerza Pública después de casi una hora de intercambio de disparos en una posición militar adversa en el terreno para la Móvil 12.
Ese fue la primera duda que llevó a las familias de los occisos a investigar a fondo los hechos ocurridos y no permitir que el crimen de sus familiares quedara en la impunidad o fuera un caso de “falsos positivos”, que para la época ya se convertía en un patrón de muertes a campesinos.
Para Orjuela la práctica es sistemática dado que a las víctimas las enterraron como N.N. a pesar de que tenían documentos de identidad a la mano. “Yo estuve en esa exhumación de los cuerpos y eso nos dio más pistas para ampliar la investigación. Se evidenciaba una práctica común en la región, el caso de los hermanos Agudelo y de Javier Acuña hace parte de la serie de acontecimientos que desde 2004 se presentaron en la región, muerte a campesinos muy conocidos entre las comunidades pero que resultaban supuestamente guerrilleros”, señaló el jurista.
No obstante, este caso particular hace parte de un falso positivo pero con actuaciones macabras. Según el acervo probatorio hubo rasgos de tortura a las víctimas antes de propiciarles la muerte.
Los incentivos
Pero cuál era la razón para esa crueldad. En Vista Hermosa, hacía presencia el frente 27 de las FARC. Fuentes de la Fiscalía le dijeron a VOZ que están por comprobar una hipótesis, según la cual, los comandantes del Ejército en esa zona estaban seguros de que la guerrilla no podía actuar sin la ayuda de la población civil y por ende trataban de utilizar a determinadas personas para que los guiaran a los campamentos, pero en caso de que esas personas no accedieran a entregarles información, la Fuerza Pública, suponían que ellos eran parte de las milicias o de colaboradores de las FARC-EP.
A juicio, de Orjuela, esa puede ser la razón para que los crímenes de ese tipo se cometieran cada vez con mayor sevicia. “Y si a eso se le suma la exigencia de resultados por parte del alto mando militar a cambio de incentivos económicos que regularmente eran recompensas de varios millones, la Fiscalía puede tener razón en esa tesis”, indicó Orjuela.
Pero investigadores de casos similares han encontrado que no siempre la recompensa emitida desde el alto mando oficial era la que se le entregaba a los delatores, informantes o colaboradores del Ejército en esos escenarios de conflicto. “Entregaban información a los militares a cambio de pírricas sumas de dinero y aún nos preguntamos ¿Quién se quedó con los recursos?”, le dijeron a VOZ fuentes de la Fiscalía.
Los familiares de James de Jesús Agudelo, José Antonio Agudelo y Javier Ernesto Acuña esperan afrontar la etapa de juicio y encontrar a los culpables de la muerte de sus seres queridos.
