Gabriel Becerra Y.
@Gabocolombia76
Hace un año se posesionó como Presidente Iván Duque. Mientras para una parte de la gran prensa ha sido un año de “aprendizajes” para la sociedad en su conjunto ha sido un verdadero retroceso.
Entre otros temas, su presidencia sin peso político propio pasará a la historia como el instrumento que las elites más reaccionarias y conservadoras utilizaron para tratar de obstruir el cumplimiento del acuerdo de paz. Así lo evidencia el reciente informe titulado ¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del gobierno Duque? Retos y recomendaciones, firmado por 20 parlamentarios provenientes de diversas orillas ideológicas y políticas.
En este primer informe que difícilmente puede ser catalogado de izquierdista se advierte sobre el serio retroceso en la implementación de lo acordado evaluando cada uno de los seis puntos, y se señala una serie de alertas y recomendaciones para corregir el rumbo de la implementación y hacerla irreversible en lo que sus autores consideran aspectos sustanciales.
Entre sus alertas y recomendaciones más allá de las frías cifras que por ejemplo advierten que el 57% de las nomas requeridas para el cumplimiento del acuerdo aún están pendientes de trámite en la Congreso de la Republica y que se redujo significativamente el presupuesto a las principales entidades encargadas de gestionar la implementación en los territorios, se señala con acierto la “narrativa contradictoria” con la cual el Presidente y su gobierno han asumido la obligatoriedad del Acuerdo de Paz.
En otras palabras, el doble discurso y la estrategia tramposa con la cual se busca capitalizar políticamente y económicamente el respaldo nacional e internacional a la Paz, mientras simultáneamente se promueve abierta o veladamente el desmonte de muchos de sus aspectos principales, sobre todo en lo relacionado con las garantías de verdad y justicia.
Tratando de reversar la rueda de la historia, el gobierno Duque persiste en negar la existencia del conflicto armado. Trata de imponer una visión de la implementación contraria a la garantía de una paz territorial basada en el cumplimiento de las reformas sociales y políticas pactadas, para retomar la orientación de “estabilización” y “legalidad” atada a estrategias de control esencialmente militar.
Esta ambigüedad no es improvisada, por el contrario, el informe señala con acierto como se encuentra articulada a la pretensión de reducir el Acuerdo a una política de gobierno e irrespetarlo como política de Estado, en abierto desacato a lo definido por la Corte Constitucional.
Para impedir que esta estrategia se consolide y lograr destrabar la implementación de cada uno de los seis puntos, por encima de las diferencias políticas, son bienvenidas las advertencias del informe multipartidista y sus principales recomendaciones.
