Desde hace varias semanas, los medios de comunicación en el mundo encargados de difundir las matrices de opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos insistían en que las elecciones presidenciales en Nicaragua serían una farsa, abonando de esta manera el terreno a los poderes imperiales para deslegitimar una potencial victoria popular del sandinismo.
Efectivamente la siguiente movida era previsible. En la mañana del lunes 8 de noviembre, ante las noticias de la aplastante victoria de Daniel Ortega y el Frente Sandinista, la Unión Europea y la Casa Blanca invocando la libertad y los derechos civiles, declararon el proceso electoral como ilegítimo. Y los cipayos latinoamericanos no se quedaron atrás. Un grupo de exmandatarios, varios de ellos implicados en casos de corrupción, llegaron incluso a pedir el desconocimiento internacional de los comicios.
Esta situación contrasta con el silencio que la comunidad internacional mantiene frente a Colombia. Y es que en las últimas semanas se han presentado varias noticias preocupantes relativas a las garantías electorales de cara a los comicios del 2022.
Concretamente hablamos del episodio protagonizado por el Registrador Nacional, Alexander Vega, quien puso en tela de juicio las cifras demográficas del DANE, señalando sin ningún sustento firme que en Colombia había cinco millones más de personas. La respuesta del director del DANE significó una mediática pelea con el Registrador.
Sin embargo, después de la controversia, en un hecho menos publicitado ambas instituciones decidieron trabajar en conjunto para depurar el censo demográfico, el registro civil y el censo electoral, esto a tan solo cinco meses de las elecciones parlamentarias.
Pero la situación no termina ahí. Ante los extraños cálculos del registrador Vega -figura cuestionada por su poca experiencia para ejercer el cargo y porque su carrera la ha construido como ficha de fuerzas tradicionales como el Partido de la U y los clanes políticos locales de la Costa y Cundinamarca-, la oposición comenzó a señalar la falta de garantías electorales. Vega cínicamente señaló que quien creyera en la posibilidad de un fraude, simplemente no debería presentarse a las elecciones. Vale decir que fue insultante el silencio de pomposas declaraciones de instituciones como la OEA o de grandes figuras de la política exigiendo el respeto a la democracia.
En medio del crecimiento de las fuerzas alternativas que integran el Pacto Histórico y luego de las grandes movilizaciones populares del paro nacional, las afirmaciones de este alto funcionario parecieran ser una muestra de cómo el actual gobierno colombiano, ya acusado de comprar votos durante la pasada elección presidencial, busca manipular los comicios que se avecinan.
Ahora bien, más allá de si se prepara o no una trama para arreglar las elecciones y evitar el ascenso de fuerzas populares, lo cierto es que las afirmaciones del Registrador son en sí mismas una forma de impactar en la campaña. Como la misma Misión de Observación Electoral (MOE) lo señaló, las declaraciones del registrador Vega están produciendo desconfianza en el proceso electoral.
Las palabras de Vega buscan desmovilizar a la población y esto no es un hecho menor considerando la histórica abstención que se registra en Colombia. Para muchas personas, las maniobras del Registrador hacen fácil pensar que las elecciones se las van a robar y que en esas condiciones no tiene mucho sentido ejercer el voto. Por eso, no importa lo que se haga, los de siempre ganarán.
Claramente hay una gran posibilidad de fraude, pues como la historia nos lo enseña, en Colombia el fraude ha sido desde el siglo XIX una herramienta recurrente de las élites para construir su régimen político autoritario y excluyente. Más aún, cuando fuerzas alternativas y populares se han mostrado capaces de convertirse en gobierno, las clases dominantes les han impedido el triunfo recurriendo no solo al fraude sino también a la violencia.
Así pues, la lucha por un nuevo poder no es un problema que se circunscribe solo a lo electoral. Esta es una pelea que debe girar primordialmente en torno a la construcción de una verdadera alternativa popular al actual régimen guerrerista y genocida, con su esquema de acumulación neoliberal, depredador de la sociedad y la naturaleza; que esté en favor de la paz, la apertura democrática y los cambios en la política social y económica tendientes a superar las desigualdades y la miseria.
Tal cosa solo se puede lograr con el fortalecimiento de las organizaciones populares y la movilización social. Es esta la única forma de enfrentar las intimidaciones del Registrador y las demás amenazas que se ciernen sobre el proceso electoral venidero.
Las acciones del Establecimiento son un llamado de atención frente al hecho de que el bloque de poder dominante no va a ceder voluntariamente el mando y que, en el caso de una probable victoria electoral del Pacto Histórico, la forma más contundente de defender el nuevo gobierno y de ganar nuevas conquistas será movilizando a todas las fuerzas sociales que le apuestan al cambio. Lo irónico es que afortunadamente, la paranoia del Establecimiento con el 2022 evidencia que el pueblo perdió el miedo. El miedo está cambiando de bando.
