Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezH
Aunque pasó desapercibido, en medio de los escándalos diarios de corrupción, hace algunos días se conoció el respaldo que el gobierno de Estados Unidos hace a la política antidrogas de Iván Duque, al declararlo “socio clave” en el combate a los carteles de narcotráfico y la producción de cocaína. La certificación anunciada por los estadounidenses es una farsa y es el paso previo a la designación de fondos de cooperación al país en la lucha antidrogas, en el presupuesto del 2022.
Llama la atención este espaldarazo del presidente Biden dado que meses atrás la propia Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca manifestó que en 2020 “las cifras de cultivo de coca y producción de cocaína alcanzaron un récord de 245 mil hectáreas y 1.010 toneladas métricas, respectivamente”, lo cual representó un aumento del 15% en los cultivos de coca en 2020; lo anterior contradice las mentiras del gobierno sobre una supuesta reducción de hectáreas sembradas.
Esta realidad nos regresa de nuevo a un debate que se ha venido dando: La “guerra anti drogas» no ha combatido los componentes más lucrativos del negocio, sino que persiste en dirigirla contra los más débiles: cultivadores de la hoja de coca y los consumidores de cocaína, al tiempo que sus principales beneficiarios -grandes narcotraficantes, altos funcionarios del Estado, incluidos embajadores y las fuerzas militares y de policía, empresarios financiadores de campañas presidenciales (caso Ñeñe Hernández) y banqueros transnacionales- amasan gigantescas fortunas, lavadas por el sistema financiero, reinvertidas en el proceso de acumulación o destinadas al consumo extravagante.
Es evidente que los carteles del narcotráfico se han expandido y fortalecido; en muchas regiones, cuentan con la cobertura de las propias brigadas militares venidas a menos; los cultivos de coca en el país han aumentado y se concentran en regiones donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, como altos índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, poca presencia institucional del Estado. Las regiones con mayor concentración de cultivos son el suroccidente colombiano, especialmente los departamentos de Cauca y Nariño, el Catatumbo en Norte de Santander y el corredor Meta-Caquetá-Putumayo.
La erradicación militar forzada impuesta por el actual gobierno es ajena a la estrategia integral de sustitución en macro zonas impactadas por economías cocaleras y viene teniendo un efecto casi nulo y costos exorbitantes. Es evidente que los esfuerzos en la erradicación forzada sólo llevaron al traslado de cultivos a otras zonas y la reubicación de laboratorios.
El Acuerdo de Paz, insistentemente boicoteado por el gobierno, ha representado un giro radical con respecto a la política antidrogas que tradicionalmente se ha implementado en Colombia. Propone un enfoque que trasciende la lucha contrainsurgente y defensa del “Estado de derecho”, y propone una perspectiva de transformación de los territorios afectados por la producción y comercialización de los cultivos de uso ilícito, que comienza por la sustitución voluntaria, para superar las situaciones de marginalidad, desigualdad y violencia que los caracterizan. Además, ofrece un enfoque de salud pública para enfrentar las problemáticas asociadas al consumo de drogas ilícitas.
El campesinado se moviliza e insiste en la sustitución de cultivos ilícitos como parte de una estrategia de desarrollo rural, implementar una estrategia territorial diferenciada, reconocer los compromisos que el Estado ha adquirido con las comunidades y fortalecer la cooperación internacional articulando la agenda de seguridad con la agenda de desarrollo.
