Juan Manuel Santos llega al ocaso de su periodo presidencial con un balance de incumplimientos al movimiento social y al desarrollo del país. Sin embargo, sí le cumplió al capital trasnacional minero-energético, al Fondo Monetario Internacional y a la geopolítica imperial. Los Acuerdos de Paz siguen esperando su cumplimiento e implementación.
Alfonso Conde C.
Termina en los próximos días uno de los períodos de gobierno más controvertidos de la historia reciente y, según dice el presidente saliente, termina también su vida política para dedicarse, como uno de sus antecesores, a la vida contemplativa sin causar interferencias al nuevo mandatario. Tuvo la característica de generar el rechazo de la inmensa mayoría de los colombianos, desde las corrientes fascistas del llamado Centro Democrático hasta las democráticas y las de izquierda, los primeros por “castrochavista” y los otros por neoliberal de mente, bolsillo y corazón.
Antecedentes
Para la caracterización de sus dos períodos presidenciales es conveniente acudir a sus ejecutorias como integrante de varios gobiernos anteriores: recordemos, por ejemplo, que fue ministro de comercio exterior durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), aquel que formalizó la entronización de la política neoliberal (no olvidar la “apertura económica”) cuya consecuencia directa fue la quiebra de buena parte del aparato productivo colombiano, para no hablar de las consecuencias sociales ni laborales ni de la generalización del IVA como fuente primera de recursos para el estado. Si bien la mayor responsabilidad de la adopción de dicha política recae sobre Gaviria y su ministro de Hacienda Rudolf Hommes, Santos en su recién creado cargo fue el responsable de su ejecución.
Fue luego ministro de Hacienda del conservador Andrés Pastrana (1998-2002), obsecuente siervo del imperio del capital y de la aristocracia global. Los educadores guardamos el recuerdo de Santos como aquel responsable de la reforma constitucional que llevó a la ruina a la educación y a la salud pública (Acto legislativo 01 de 2001) que bajó los aportes presupuestales de 46% de los ingresos corrientes de la nación hasta el 29% actual para favorecer el interés del sector financiero según las órdenes del Fondo Monetario Internacional.
Posteriormente, durante los gobiernos del “presidente eterno”, el hoy enjuiciado Álvaro Uribe Vélez (2002-2006-2010), el de La Gata, la yidispolítica y los “falsos positivos”, ejerció tres años como su ministro de Defensa para desarrollar el “huevito” de la seguridad democrática. Durante su ministerio, el gobierno decidió la invasión a territorio ecuatoriano para atacar el campamento guerrillero de Raúl Reyes y darlo de baja, lo cual generó un grave conflicto internacional con Ecuador y Venezuela, con consecuencias que aún perduran. Fue también durante su jefatura en el ministerio de Defensa que, en desarrollo de la política del uribismo oficializada por Camilo Ospina, su primer ministro de Defensa, se llevó a cabo por los militares la serie de miles de asesinatos de civiles inermes para ser presentados a la opinión pública como bajas en combate de guerrilleros armados, lo cual además representaba beneficios económicos para los perpetradores de los crímenes y sus superiores.
Con estos pergaminos se presentó Santos como candidato del uribismo para la presidencia de Colombia (2010-2014-2018) con el encargo expreso de cuidar los “tres huevitos de Uribe”: Seguridad Democrática, Confianza Inversionista y Cohesión Social.
El proceso de paz
Después de ganar las elecciones con el impulso de las huestes de Uribe, Santos decidió aproximarse a las FARC para sondear la posibilidad de lograr un acuerdo de paz negociada. Ello fue resultado, según él mismo planteó en reciente entrevista con el periodista Yamid Amat, de la necesidad de mejorar las condiciones para la inversión extranjera, requisito para la activación de los negocios en especial del sector financiero. El silencio de los fusiles era una condición necesaria para la atracción de los capitales requeridos, por lo que definió como la locomotora minero-energética. Él pretendía la búsqueda del éxito económico para su sector sobre la base de la reprimarización de la economía colombiana basada en el auge petrolero, tendencia que sin embargo ya había sido interrumpida por la caída de los precios del crudo como resultado de la crisis global capitalista de 2008. Ante el fracaso (su propio fracaso como ministro y de todos los gobiernos desde 1964) de la guerra para lograr un triunfo que acallara los fusiles, optó por el impulso a una negociación frenada en sus comienzos por el temor de tener que ceder a pretensiones guerrilleras que afectaran los negocios por él representados.
En medio de los primeros acercamientos, contradictoriamente decidió eliminar la cabeza negociadora de la contraparte, al comandante Alfonso Cano, según él (entrevista con Yamid Amat) para medir la real voluntad de paz de las FARC. Aún desconfiaba de ser afectado en sus intereses por efectos de la posible negociación.
A pesar del hecho, calificado por algunos de asesinato aleve, la guerrilla mantuvo su decisión política y avanzó a la definición de los seis puntos generales de negociación que, sorpresivamente para muchos, incluido Santos, contenían sólo un punto con capacidad potencial de afectar las relaciones económicas vigentes: la reforma rural integral. Tal tema era de afectación vital para el latifundismo uribista pero de incidencia tangencial sobre el sector financiero, verdadero dueño del país. Así las cosas se decidió iniciar formalmente las negociaciones en La Habana y se rompieron las relaciones entre el uribismo y el santismo que, desde entonces hasta hace poco, se comportaron como enemigos radicales.
A pesar de numerosos inconvenientes durante el proceso de negociación éste se desarrolló formalmente a partir de 2012 y aún continuaba al terminarse el primer período presidencial de Santos, asunto que determinó el eje de la campaña electoral por el nuevo período 2014-2018. Ya se había acordado entonces (2013) el primer punto sobre reforma rural integral, determinante central de la polarización política entre el Centro Democrático y el santismo.
La medición de fuerzas entre partidarios y opositores al proceso dio como resultado el nuevo triunfo de Santos en segunda vuelta, después de una primera en la cual resultó triunfante Oscar Iván Zuluaga, el candidato uribista. El resultado en la segunda vuelta requirió la unión del santismo con la mayoría de las fuerzas políticas de izquierda y democráticas que privilegiaron la necesidad de concluir el proceso en marcha que abriría las puertas a un nuevo espacio nacional para el debate por un nuevo país.
El 26 de septiembre de 2016 se firmó en Cartagena el acuerdo de paz que luego (2 de octubre) se sometió a plebiscito refrendatorio. La campaña sucia adelantada por las fuerzas de la reacción contribuyó con eficacia al resultado negativo obtenido. Fue el momento del fortalecimiento del Centro Democrático, sectores del partido conservador y movimientos políticos liderados por algunas iglesias que incentivaron el miedo y el odio entre la población.
Finalmente, después de movilizaciones masivas por la paz, se desarrolló una serie de conversaciones entre el gobierno y los voceros de los partidarios del No en el plebiscito que condujeron a modificaciones al acuerdo original alcanzado en La Habana y firmado en Cartagena. El 24 de noviembre de 2016 se firmó en Bogotá en el teatro Colón, el acuerdo modificado.
Ya en esos momentos era absolutamente evidente la debilidad política de Santos y el desmoronamiento de la coalición por la paz. Sectores de Cambio Radical y de los partidos conservador y liberal comenzaron a distanciarse del gobierno en la implementación de los acuerdos, de manera que esta fue en la práctica saboteada desde el Congreso. Al fin y al cabo a la burguesía, incluido Santos, sólo le interesaba el desarme de la guerrilla para poder continuar, como siempre, con su forma de explotación. Tal vez a algunos les cause cierta vergüenza el incumplimiento de lo pactado pero la soportan; tal vez otros sientan la observación internacional sobre el desarrollo del proceso pero, con un mundo lleno de gobiernos de derecha, no adelantan graves consecuencias por el incumplimiento.
Así, hoy tenemos a una JEP desfigurada, aplicable solo a una parte de los actores en conflicto, una comisión de la verdad vilipendiada, la unidad de búsqueda de desaparecidos prácticamente inexistente, ley de tierras también inexistente, la democracia “ampliada” con la reglamentación anunciada de la protesta social que será válida sólo si se trata de “toda” la nación, restringiendo los derechos de las minorías, negación de las curules acordadas del Congreso a las víctimas, reincorporación restringida de los exguerrilleros a la sociedad, asesinatos de exguerrilleros y sus familias, y un largo etcétera que hace parecer innecesaria la orientación uribista de “hacer trizas el acuerdo”.
El fortalecimiento de la reacción en Colombia condujo a su triunfo electoral para el nuevo período presidencial que comienza el próximo 7 de agosto. Con más de diez millones de votos de respaldo, el Centro Democrático asumirá el control del Estado en, al menos, dos de las tres ramas del poder público. Para algunos bárbaros se trata de una licencia para destruir todo lo que huela a oposición y seguramente por eso estamos en desarrollo de una nueva campaña de exterminio, esta vez de líderes sociales. Ya se reportan más de 400 (Indepaz) asesinatos de reclamantes de tierras, dirigentes comunales, líderes políticos y sociales desde enero de 2016, mientras voceros del gobierno saliente atribuyen los hechos a “líos de faldas”.
Otro aparte merece el proceso de negociación con el ELN, aún en marcha aunque con futuro incierto. Esa guerrilla, desde el comienzo de las conversaciones con las FARC, manifestó su voluntad de integrar una mesa dentro del mismo proceso, asunto que a la larga no se realizó. Se perdió la posibilidad de lograr un acuerdo más completo tal vez por la renuencia gubernamental a incorporar otros puntos de discusión como la política minero-energética. Así las cosas se construyó un nuevo proceso que ha sufrido grandes altibajos y a cuya continuidad con el nuevo gobierno de Uribe-Duque no le apuesta nadie.
Pero la historia allí no termina. El país comienza a vivir un nuevo clima a pesar del triunfalismo derechista y de los asesinatos y atentados contra los colombianos sin poder. Los más de ocho millones de votos que se depositaron contra las fuerzas que tradicionalmente han dominado en Colombia, si bien no fueron suficientes para derrotar a los enemigos de la paz, sí marcan la decisión creciente entre los colombianos de no perpetuar la dominación de los bárbaros. Indican un gran impulso a la capacidad de cambiar la historia y construir un futuro digno para toda la población.
Otros aspectos del gobierno Santos
Las campañas del presidente estuvieron plagadas de promesas luego incumplidas: todos recordamos el ofrecimiento de grabar sobre piedra su voluntad de no elevar los impuestos a la población. La realidad fue que, en contra de lo ofrecido elevó a 19% la tasa del IVA, impuesto regresivo que pagan igualitariamente el presidente del grupo Aval y el desempleado menesteroso. Justificó su acción por la reducción de los ingresos del estado por cuenta de la caída de los precios del petróleo; pero como se mencionó antes, la primera gran caída ocurrió dos años antes de su primer período, hecho que debió inducirlo a la reevaluación de su decisión de basar la economía en la explotación de recursos no renovables. No lo hizo y siguió buscando el desarrollo a partir de la minería. Todos pagamos las consecuencias.
Otra promesa, la recuperación económica también resultó un fracaso. Durante el gobierno Santos el crecimiento económico fue prácticamente inexistente y durante la mayor parte de su mandato los sectores reales de la economía vieron el retroceso de sus indicadores, a pesar de beneficios como la reducción de los parafiscales que favorecía a los empresarios al disminuir los costos de operación.
Su labor tendió siempre a la defensa y fortalecimiento del sector financiero, de sus entrañas (el sector ha mantenido siempre el crecimiento). Desde la adopción de la regla fiscal se formalizó la decisión de privilegiar el servicio de la deuda pública por encima de los derechos de la población, supuestamente con el fin de mejorar la calificación de la deuda externa. Debería haberse producido, según el gobierno, una reducción del déficit fiscal y una reducción de la misma deuda. Sin embargo la meta de Minhacienda para 2018 es de un déficit de 3.6% del PIB (se proponía el 2%) y la deuda es la mayor de la historia.
Santos divulga que durante sus mandatos se crearon miles de empleos. Sin embargo no aclara que hoy, en pleno 2018 el número de trabajadores de planta y temporales de la industria colombiana es inferior al de los primeros años de la década de los 90. Es decir, hace 28 años había más trabajadores, y por supuesto mayor formalidad laboral, que la que se reporta en la actualidad. Ello viene desde cuando Gaviria era presidente y Santos su ministro de Comercio Exterior. También esconde el hecho de que cierra su gobierno con el desempleo al alza y con una altísima tasa de informalidad.
A lo anterior se suma el incumplimiento a los pensionados a quienes ofreció, durante su campaña electoral, la reducción de su cotización a los servicios de salud. Si bien el Congreso aprobó la norma, el promitente la vetó por supuesta inconveniencia.
Se requeriría un mayor espacio para comentar sobre su política educativa, que generó las mayores movilizaciones magisteriales de los últimos tiempos, tal vez desde su ministerio de Hacienda durante la presidencia de Pastrana. También habría que comentar el descalabro del sistema de salud que evidenció el fracaso del modelo uribista de los intermediarios negociantes de las EPS. Igualmente debería comentarse el cúmulo de casos de corrupción gubernamental durante su mandato desvelado recientemente. En fin, muy poco es lo favorable que se puede comentar del gobierno Santos.
