Pietro Lora Alarcón
El Pacto Histórico es una realidad en construcción que se proyecta más allá de las fronteras nacionales. En el mundo hay una enorme expectativa por la posibilidad real de avanzar a un cambio democrático en Colombia. Y para los y las más de seis millones de colombianos y colombianas en el exterior este es también un momento decisivo, que puede modificar el signo de la participación política y de lo que ha sido tradicionalmente la expresión y la incidencia de los nacionales migrantes en el país.
Especialmente me refiero a los que han hecho presencia en calles y plazas, participando e interviniendo, en español y otras lenguas, en favor de la defensa de la vida y de la paz en las históricas jornadas del 2019 y de este año.
Por eso, el Pacto no puede ser considerado, exclusivamente, una iniciativa política propositiva, plural y profundamente unitaria, ante el fracaso de sucesivos gobiernos guerreristas, autoritarios, corruptos e incompetentes en el país, que con sus acciones y omisiones han resquebrajado el tejido social en el interior del territorio.
El Pacto es pensado y edificado también en el exterior y debe expresar una concepción inédita en el campo de la política externa, con propuestas dirigidas a eliminar la agresividad que caracteriza a los gobiernos torpes que asumen los rumbos impuestos por el gran capital en el escenario tripolar y que, por otro lado, son mansos y pusilánimes frente a las directrices del complejo industrial militar que se condensa en la OTAN.
Parte de la dramática situación de la sociedad colombiana se evidencia en la migración forzada por la carencia de oportunidades y de valoración del trabajo y, desde luego, en muchos casos, ante la arremetida constante y criminal del Estado. Sin embargo, la atención a los derechos de los migrantes nunca ha sido una prioridad.
Recordemos que el artículo 176 de la Constitución determina que una de las cuatro curules de las circunscripciones especiales en la Cámara deberá ser ocupada por un o una residente en el exterior. El Pacto de San José estipula que todos y todas tienen el derecho de participar en los asuntos públicos. Así, formalmente, los gobiernos deberían remover los obstáculos que impiden el ejercicio a plenitud de los derechos políticos, independientemente del lugar de residencia.
En este singular proceso de construcción del Pacto Histórico es importante la unidad de los migrantes, de sus expresiones y organizaciones, de manera que se pueda superar la dispersión y avanzar conjuntamente, potencializando las acciones que acompañan la lucha popular colombiana, dentro y fuera del país. En tal sentido, la tarea central es construir una lista unificada en el exterior que haga frente a la derecha reaccionaria.
Vale la pena avanzar en una forma de participación democrática, una consulta transparente, como se viene planteando en un pedido hoy firmado por más de 600 migrantes, que respete autonomías y procesos orgánicos y que atendiendo a la equidad de género permita definir los nombres de candidatos que sinteticen las aspiraciones y derechos de la nación en el exterior.
Avalada y ocupada por las fuerzas del Pacto Histórico, la curul de esa circunscripción, que hoy tiene la derecha, se convertiría en un instrumento valioso para un gobierno democrático y progresista y trabajaría también por una sociedad internacional mucho más justa.
