El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una jugada autoritaria, destituyó a los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un paso que fue considerado por círculos democráticos del país centroamericano y del exterior como el último paso que da el mandatario para garantizarse el control de todas las ramas del poder público.
En efecto, el pasado primero de mayo, en el marco de la instalación del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa, el parlamento unicameral de ese país, el partido de gobierno Nuevas Ideas, en alianza con otras dos formaciones políticas proclives al gobierno, decidieron destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte, a todos los suplentes y al Fiscal General de la nación, reemplazándolos de inmediato por personas de entera confianza del presidente.
Para el país quedó claro que la medida es consecuencia de que la Sala Constitucional no aprobó medidas anteriores tomadas por Bukele en medio de la pandemia, la mayoría medidas de excepción, que concentraban más poder en manos del mandatario y que no tenían que ver con el control de los contagios, y en cambio sí vulneraban los derechos fundamentales de los salvadoreños.
Golpe al estado de derecho
De inmediato, numerosas organizaciones no gubernamentales denunciaron la usurpación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y de la Fiscalía. Al menos una veintena de organizaciones sociales, sindicales y gremios empresariales denunciaron el manotazo constitucional y desconocieron a los abogados elegidos para el cargo. Los destituidos habían sido acusados de “fraude a la constitución” y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia.
Las organizaciones sociales calificaron como un golpe al estado de derecho, la decisión del órgano legislativo, controlado por Bukele. Los miembros de la destituida sala constitucional, desconocieron también la decisión y se declararon en rebeldía. “Desconocemos el mandato de las personas que han usurpado, incluso por la fuerza, las funciones de los órganos constitucionales elegidos y cuyas actuaciones serán ilegítimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales”, indicaron los miembros de esa unidad judicial.
Observadores indican que el gobernante salvadoreño engaña a la mayoría de la población, haciéndole creer que está bien atentar contra el poder judicial, y de paso ocultar el debate sobre la crisis económica, la pobreza, el endeudamiento y el combate a la criminalidad y la corrupción en el manejo de la pandemia. Por eso, en la medida en que estos factores se hagan insostenibles, Bukele se verá en aprietos para mantener sus actuales índices de popularidad.
