Ex integrantes de las FARC-EP reconocen su responsabilidad ética y política por el secuestro en el marco del conflicto armado. Diálogo con Pastor Alape
Carolina Tejada
@carolltejada
El año pasado el partido de los y las Comunes, había hecho pública una carta de reconocimiento al secuestro que fue enviada a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Y, el pasado 28 de enero, la justicia transicional surgida en el marco de los acuerdos de paz, JEP, imputó a ocho miembros del antiguo secretariado de las FARC por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del denominado Caso 01: «Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad», en donde se encuentran acreditadas 2.107 víctimas de secuestros y crímenes derivados de este, principalmente entre 1993 y 2012.
Los imputados por estos hechos son Rodrigo Londoño, último comandante en jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera (fallecido), Pastor Alape y Rodrigo Granda.
El pasado viernes, 25 de junio, estos integrantes de Comunes, asistieron a un acto: “Verdades que liberan: reconocimiento de responsabilidad de secuestro por las Farc”, convocado por la Comisión de la Verdad, en donde también asistieron algunas de las víctimas. Martha Ruiz, comisionada de la verdad, expresó que dicho espacio es creado para entender, reflexionar y superar la violencia que se dio en Colombia y que dejó como consecuencia cientos de víctimas. Además, afirmó que se crean con el fin de propiciar una transición de la guerra a la paz, y como “espacio de reconocimiento y de conveniencia, que abra las puertas a la no repetición y promuevan la cultura de la paz y la no violencia”.
La comisionada resaltó que dicho flagelo fue usado por todos los grupos armados de manera sistemática y masiva desde los años 90. En el evento, se escuchó a las víctimas y también a los exguerrilleros.
Una mirada a la historia
Uno de los llamados por la Comisión de la Verdad, fue Pastor Alape, quien fue guerrillero por más de 37 años, luego de incorporarse a la guerrilla de las Farc-Ep, cuando era militante de la JUCO, en sus años de bachillerato en el Magdalena Medio. Alape cuenta que, en contra de las opiniones de la organización juvenil, varios jóvenes decidieron ingresar a la guerrilla en el año 79. Esa motivación se alentó por los escenarios latinoamericanos, “el viento más fuerte” menciona, que eran Cuba y Nicaragua en su proceso revolucionario, ligados al entusiasmo por cambiar el mundo. Pero, por otro lado, la situación de seguridad y la violencia en la región que segó la vida de varios dirigentes políticos de Unión Nacional de Oposición y militantes comunistas.
Hoy día, luego de participar como negociador en el proceso de paz en La Habana, hace parte de la dirección nacional del partido Comunes, y recuerda, como se dio por años el debate de las retenciones al interior de la organización, y en el que insistió Jacobo Arenas para reevaluarla y buscar otras formas, en particular de financiación de la estructura armada que, en medio de la dinámica del crecimiento violento del conflicto, dicha forma de financiación se agudizó, primero desde la experiencia de la guerra integral y luego y con mayor fuerza con la política de Seguridad Democrática, desde donde se extendieron las estrategias de seguridad del Plan Colombia.
Alape, comenta que, en medio de ese debate, las retenciones o prisioneros, en el lenguaje del DIH, o el secuestro, como parte del lenguaje de las víctimas, también estuvieron atravesadas las reflexiones de Fidel Castro, quién en su libro La paz de Colombia, publicado en el 2008, el líder cubano expresaba: “Es conocida mi oposición a cargar con los prisioneros de guerra, a aplicar políticas que los humillen o someterlos a las durísimas condiciones de la selva. De ese modo nunca rendirían las armas, aunque el combate estuviera perdido. Tampoco estaba de acuerdo con la captura y retención de civiles ajenos a la guerra”. Recuerda Alape, en medio de esa guerra prolongada se suspendió, en el año 2010 dicha práctica, ahondando aún más en su compromiso por la paz y la salida negociada a la guerra.
Catarsis y responsabilidad política
Para Alape, este proceso de reconocimiento y autocrítica, no es para arrepentirse de la lucha armada, sino de aquello que, en medio de la misma lucha, se convirtió en una violación a la propia concepción de la organización y, asegura: “como revolucionarios, en ningún momento estamos rehuyendo de nuestra responsabilidad, por el contrario, estamos asumiendo una responsabilidad política a partir de una mirada autocrítica de lo que constituyó una práctica que se extendió, en medio de las condiciones irregulares de la insurgencia, violando la misma normatividad interna”. Reconoce el dolor y la afectación que se generó a las víctimas y la importancia de este proceso que continua de cara a la reparación integral.
En el marco de este importante evento, víctimas y excombatientes se escucharon mutuamente. Diana Daza, cuyo esposo fue secuestrado en el Cesar, aseguró que aceptó ir al evento, “porque considero que es importante aportar un granito de arena para que, lo que sufrimos nosotros, no lo sufran otros colombianos”. Marta Inés Pérez, esposa de Gilberto Echeverri, dirigente liberal quien murió en un rescate fallido del Ejército Nacional, expresó por medio de una carta leída por uno de sus hijos: “¿Por qué anularon a un hombre de paz? ¿Por qué anularon una de las pocas personas capaz de acercar posiciones entre la guerrilla, el Estado y la sociedad?” además de otras intervenciones en las que se criticó el acuerdo de paz.
Alape, comenta que, con la mayoría de las víctimas pudieron dialogar y tuvieron espacios más íntimos a este evento en el que intercambiaron recuerdos propios del cautiverio y se buscaron perdones en el marco de unas jornadas previas a la del pasado 24 de junio. Sin embargo, menciona que el evento público fue una puesta en escena en el que “prácticamente se dio un rompimiento con las víctimas. Almeida venia intercambiando con la familia Lacouture, Carlos Antonio con el concejal y así sucesivamente.
Pero, esa catarsis no pasó con Ingrid Betancourt, con quién se había planteado un espacio previo, que no se pudo dar” y, reafirma: “era necesario, como parte del perdón y de la sanación colectiva, esa jornada previa, fuera de cámaras, en donde, junto a las víctimas pudiéramos tener un momento de catarsis, incluyendo a Ingrid Betancourt”.
El compromiso que queda
El respaldo desde esta organización a la Comisión de la Verdad y a la JEP, asegura el insurgente, es completa. Sin embargo, en medio de este año pre electoral y con los tiempos cortos que tiene la Comisión de la Verdad, dado que en noviembre se termina su mandato, “amerita un gran acompañamiento de la comunidad internacional y una nueva tregua en el lenguaje y accionar de los guerreristas” y comenta: “así la JEP ordene que nos entierren vivos, a los enemigos de la paz, no les va a gustar, sobre todo a quienes hacen campaña con la paz”.
Los integrantes del partido Comunes, entregaron un archivo de 100 páginas con información con elementos relacionados con el secuestro. Así mismo avanzará el proceso en el que, las víctimas y la Procuraduría, presenten su contra parte. Las acciones reparadoras y las comparecencias estarán mediadas por las decisiones de la JEP. Y, aunque la implementación del acuerdo, afirma Alape, no ha avanzado más del 25%, y 277 asesinatos de excombatientes, expresa que “debemos sumar muchas iniciativas y esfuerzos para presionar a los gobiernos y que se cumpla lo acordado, que les cumplan a las víctimas, ellas no son un sujeto de compasión, sino un sujeto activo de derechos. Es una obligación del Estado, aquí no se les está regalando nada. Y en ese sentido, que sepan que cuentan con nuestra voluntad y decisión política por la paz”.
