Durante los tres días de protestas en rechazo a la violencia de la Policía; tres mujeres son detenidas y trasladadas al CAI San Diego donde fueron víctimas de acoso y abuso sexual por parte de dos uniformados. Además, una estudiante, que no participaba en la manifestación, fue ultrajada únicamente por tomar fotografías
Redacción Mujeres
En la capital del país se escucharon disparos y sirenas, se prendieron barricadas en medio de las protestas que dejaron como resultado 13 muertos y 400 heridos, estos son los nombres de los fallecidos por impacto de bala y cuyas identidades se conocen hasta el momento: Julieth Ramírez, estudiante de psicología e inglés de 18 años, Camilo Hernández, quien recibió un impacto de bala en la cara y murió en plena vía pública; Jaider Fonseca de 17 años, recibió cuatro impactos de arma de fuego; Julián Mauricio González de 27 años, recibió un disparo en el abdomen, en la localidad de Kennedy; Germán Puentes, un domiciliario de 25 años quien falleció en Suba mientras regresaba de su trabajo. Angie Paola Vaquero de 19 años, quien prestaba servicios de vigilancia en la sede de la oficina central de la Secretaría de Integración Social y Andrés Rodríguez, quien fue impactado por una bala en su abdomen, en el sur de Bogotá.
El origen de los hechos
Estaciones de Transmilenio y buses fueron quemados tras conocerse el cruel asesinato de Javier Ordóñez en la madrugada del 9 de septiembre en el CAI de Villa Luz en la localidad de Engativá, por las descargas eléctricas de una taser, la frase: “Por favor”, fue varias veces repetida por la víctima con el fin de que los verdugos lo soltaran, pero esto no fue suficiente para los policías involucrados. No lo escucharon.
El jueves 10 de septiembre, tres mujeres, entre 22 y 23 años, fueron interceptadas para una requisa por sospecha de posesión de marihuana, y por estar fumando cigarrillos en la calle, en el mismo barrio Villa Luz. Las jóvenes fueron trasladadas al Comando de Atención Inmediata CAI San Diego, ubicado en otra localidad del lugar de la detención, a las 6:30 p.m., con la justificación de que debía ser una mujer policía quien realizara esta requisa.
Según contaron a otros medios, al llegar esposadas al CAI los uniformados empezaron a insinuar cosas como «¿cómo podían solucionar ese problema?”, buscando algún tipo de soborno e intimidando a las jóvenes; asimismo, les fueron retenidos sus teléfonos celulares. En medio de la situación en la que se encontraban fueron manoseadas por encima de la ropa, convirtiendo el acoso en abuso sexual, el miedo a posibles represalias no permitió que pusieran la suficiente resistencia ante estos hechos.
También advirtieron que, en el momento en que llegó la mujer policía a realizar la requisa las mujeres le expresaron su inconformidad, se quejaron sobre lo que había sucedido momentos atrás, pero, según narran, ella las agredió física y verbalmente. Fue entonces cuando los policías inspeccionaron los teléfonos de las mujeres con la excusa de que podían ser robados, desbloquearon los celulares y eliminaron los videos y el material probatorio que tenían para sustentar la denuncia. Después de dos horas y media pudieron salir, cuando le exigieron al novio de una de ellas 150.000 pesos por dejarlas salir del CAI. En este lugar se cometieron actos de acoso y abuso sexual, violencia verbal y física, detención arbitraria y soborno.
Las feministas se hicieron escuchar
En esa misma semana se presentaron protestas feministas por abuso sexual a una mujer por parte de su médico ginecólogo en una EPS. El domingo13 de septiembre una estudiante de periodismo, quien tomó fotos a los escudos de policías en la protesta, fue retenida, desnudada y trasladada a la Estación de Policía de La Macarena cerca al CAI de San Diego donde la amenazaron con judicializara por terrorismo y por ejercer su profesión. La estudiante ya fue liberada y la humillación recibida nunca será olvidada.
El Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, aseguró a los medios de comunicación que la policía está en constante transformación y mejora para prestar el mejor servicio a la ciudadanía, indicó que hay 41 investigaciones disciplinarias por presuntos excesos de fuerza en las movilizaciones y que están suspendidos siete policías vinculados con la investigación por la muerte del señor Javier Ordóñez.
La alcaldesa Claudia López, por su parte, destacó que ante la delicada situación de orden público, se trazó en las últimas horas una estrategia conjunta “que permitiera un mejor despliegue territorial, que previniera desmanes vandálicos y abusos policiales”.
La realidad
Sin embargo, el panorama es bastante oscuro, teniendo en cuenta las estadísticas del presente año de la ONG Temblores, organización que trabaja para proteger poblaciones vulnerables, la cual creó una base de datos con información de Medicina Legal, y recogió 241 denuncias contra miembros de la Fuerza Pública por violencia sexual en Colombia de 2017 a 2019. De esos, 139 casos (el 56%) habrían sido cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y los otros 109 por miembros de la Policía. La última denuncia, meses antes de los ocurrido durante la «masacre de Bogotá» en el presente mes, y que no alcanza a entrar en la base de datos, se presentó en abril pasado durante la cuarentena por el covid-19. Una mujer en la localidad de Bosa señaló ante los medios de comunicación que dos agentes en un CAI la detuvieron, desnudaron, robaron y abusaron de ella.
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