Carlos Fernández*
El reciente artículo en El Tiempo, el actual miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y Agricultura, exdirector de la Cepal, exdirector de Fedesarrollo, etc., decía de manera contundente que «el petróleo no es el futuro». La afirmación, hecha en un momento en que repuntan los precios del petróleo en un pequeño auge que no se sabe cuánto puede durar, no es sólo un pronunciamiento sobre la necesidad de orientar la política económica hacia otros sectores diferentes al de minería e hidrocarburos sino que apunta, también, a decirle al gobernante que surja de las próximas elecciones presidenciales que es necesario un viraje a fondo en materia de enfoque sobre el futuro del desarrollo económico del país, más allá de los cuatro años del período presidencial.
Se trata de modificar el modelo de desarrollo nacional, dándole prioridad a los sectores auténticamente productivos, los que generan más valor y no aquellos que sólo implican una labor extractivista que agota los recursos no renovables y que genera contradicciones con las necesidades básicas de la gente y con el medio ambiente. Cambio de modelo que implica, además, apostar por la disminución de la inequidad y la desigualdad respecto a la participación de los sectores más pobres en el producto y el ingreso nacionales.
Elección presidencial y política económica
En la campaña electoral, que ya entró en tierra derecha, como decían los comentaristas hípicos, empiezan a asomar las promesas en las que abundan ofrecimientos desmedidos, sin asidero en la realidad («construiré un millón de casas, haré las carreteras que necesita el país, generaré dos millones de empleos, disminuiré la pobreza en un diez por ciento»), sin que tales promesas estén soportadas por análisis rigurosos sobre las condiciones objetivas, nacionales e internacionales, en que se desenvuelve la economía nacional. Veamos.
Según las cuentas nacionales, entre enero y septiembre de 2017, el valor agregado de la industria manufacturera había decrecido en 1,2% respecto al mismo período de 2016. Se continuaba así un proceso de pérdida de importancia de la industria en el conjunto de la economía, producto de una errática política que privilegiaba la extracción de recursos frente a su transformación, en lo que se denominó la reprimarización de la economía. Datos más recientes, extraídos de la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM), muestran que, entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017, hubo un leve repunte de la producción industrial, motivado en gran medida por la refinación de petróleo, pero que no puede ocultar el hecho de que 24 de los 39 subsectores en que se clasifica la industria manufacturera del país presentan decrecimientos en su producción. Además, entre enero y noviembre de 2017, la Encuesta muestra un decrecimiento real de la producción de 0,7% respecto al período enero-noviembre de 2016. Asimismo, se presenta disminución real en las ventas de 0,4% y, en el empleo industrial, de 0,8%. Un cambio de modelo económico implica enormes esfuerzos y recursos para lograr posicionar a la industria manufacturera en el lugar de privilegio que amerita dentro de la producción nacional.
La agricultura y la innovación
El panorama del sector agropecuario es diferente. Entre enero y septiembre, el valor agregado en el sector creció 6,3% respecto al mismo período de 2016, en lo cual incidió, indudablemente, el repunte de la producción de café ya comentado en estas páginas, el nuevo clima surgido de los acuerdos de paz suscritos con las FARC y el relativo éxito del programa oficial Colombia Siembra. Pero los esfuerzos de esta política han estado orientados por una concepción del desarrollo agrario que privilegia el agronegocio sobre el desarrollo de la economía campesina. La falta de voluntad para cumplir los acuerdos relativos al punto primero de los acuerdos sobre Reforma Rural Integral, la expedición de la ley sobre las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) -que permite la acumulación de baldíos por los capitalistas-, los esfuerzos para eliminar del lenguaje oficial hasta la palabra campesino (como se vio en el Censo Agropecuario y, ahora, en el Censo de Población) dan cuenta de este sesgo anti-popular y anti-campesino de la política oficial.
Una política estatal que privilegie los sectores auténticamente productivos como la agricultura y la industria pasa por un enorme esfuerzo de generación, apropiación y aplicación de conocimiento científico, que tenga por base el fortalecimiento de la universidad pública, el aprovechamiento y adaptación del conocimiento generado en otras latitudes y la creación de capacidades para generar conocimiento científico propio.
La tarea es grande y ardua y no son los candidatos de la derecha los más capacitados para realizarla.
* Economista.
