La derogatoria de la Ley de garantías, que prohíbe la contratación pública en tiempos electorales, es la más reciente jugadita del uribismo para conservar el poder
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
La más reciente jugadita del uribismo se ha configurado en el Congreso de la República. La semana anterior se aprobó la Ley de Presupuesto para el año 2022 y, ¡oh sorpresa!, el Gobierno ha introducido un artículo que no solo va en contravía del espíritu de la Ley, es decir, rompe la llamada “unidad de materia”, sino que directamente viola uno de los principios legislativos, pues deroga una Ley Estatutaria a través de una Ley de menor rango, algo prohibido por la Constitución.
Lo anterior no dejaría de ser el triste episodio de un “mico” más, algo a lo que los colombianos nos hemos acostumbrado, si no fuese porque el articulito en mención directamente deroga la Ley 996 de 2005, más conocida como Ley de garantías. Esta Ley establece unos controles para evitar que el gobierno de turno utilice su poder y el presupuesto público para favorecer a los candidatos de su preferencia y así garantizar un mínimo, repito, un mínimo de equidad en la competencia electoral.
La Ley derogada
La conocida Ley de garantías, en particular sus artículos 33 y 37, establece -¿o establecía?- con claridad las limitaciones que debían tener los servidores públicos en época preelectoral. El 33 prohíbe expresamente que se haga contratación pública cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, con el propósito de evitar que el Gobierno gastara a manos llenas en compra de votos, en pagar favores políticos o en prácticas clientelistas. Claro, si con la Ley en vigencia estas prácticas son frecuentes en nuestro sistema político, imaginemos cómo será sin dichas limitaciones.
El artículo 37 establecía que los servidores públicos tenían permitido “participar en las actividades de los partidos o movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, sin ostentar en ellos representación alguna en sus órganos de gobierno o administración, ni dignidad en los mismos o vocería”, ni “recibir remuneración alguna por el desarrollo de sus actividades políticas, mientras se desempeñen como servidores del Estado”. Es decir, los servidores públicos excepto los empleados de la justicia, de la organización electoral y de las Fuerzas Armadas, podían participar en política, pero no ser dirigentes ni recibir un pago paralelo al de su salario.
Esta medida, bastante insólita y poco frecuente en las legislaciones de otros países, ha servido no obstante para que los funcionarios públicos en Colombia al menos tengan el pudor de no participar en política, o si lo hacen, hacerlo discretamente. Por supuesto, son frecuentes las denuncias en ese sentido y las acciones de la Procuraduría suelen ser bastante selectivas contra dichos funcionarios, pero solo basta con imaginar la ausencia de dicha prohibición para darse cuenta cómo el aparato estatal podría ponerse al servicio de intereses electorales.
Propuesta inconveniente
Muchos sectores de la sociedad se han manifestado contra la iniciativa de derogar la Ley de garantías. Los primeros han sido los propios congresistas de la oposición quienes han señalado no solo lo inconstitucional de la norma en sí, ya que no se puede derogar una Ley estatutaria a través de una Ley ordinaria que es de menor jerarquía, sino por el peligro que representa en estos momentos en los que el país se apresta para afrontar el debate electoral de 2022.
Incluso, sectores empresariales como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, nada menos que el gremio que agrupa a los contratistas del Estado -los mismos que supuestamente se beneficiarían con la derogatoria de la Ley de garantías- han expresado que el articulito en mención es “inconstitucional, impertinente e inconveniente”. La CCI ha dicho con toda claridad que “la ley de garantías tiene como propósito fundamental prevenir que la contratación estatal sea utilizada como un vehículo para materializar indebidas prácticas relacionadas con la actividad electoral, a través del favoritismo político patrocinado por contratistas inescrupulosos”.
La oposición a esta propuesta ha sido tan intensa que el propio Álvaro Uribe decidió en las últimas horas llamar a los parlamentarios del Centro Democrático a no apoyarla. No es claro, en cualquier caso, si el pronunciamiento es un reconocimiento del alto costo político que podría tener su aprobación, es parte de la estrategia de “policía bueno” y “policía malo” que ha jugado con Duque desde el principio de su mandato, o simplemente es una prueba más de que el expresidente es capaz de desechar a cualquiera de sus copartidarios cuando le estorba, como lo ha hecho con casi todos ellos.
Tienen miedo
Lo que sí queda claro después de conocerse la noticia de la propuesta del Gobierno en cabeza del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a quienes muchos teníamos por un tipo decente, es que el uribismo está dispuesto a todo con tal de no perder el poder en 2022. Porque no es solo el asesinato sistemático de líderes sociales y de firmantes de paz, o la estigmatización de la oposición, o la descarada participación de Duque en política recomendando por quién y por quién no votar. Ahora también quieren amarrar el presupuesto para adelantar la mayor campaña de compra de votos de nuestra historia.
La izquierda, representada hoy por el Pacto Histórico, tiene por primera vez en la historia la posibilidad de ganar las elecciones a la Presidencia y obtener mayorías en el Congreso de la República. El uribismo lo sabe y por eso está dejándose en el camino los últimos vestigios de vergüenza que alguna vez pudo tener porque es consciente que su líder es un jinete de tigre -que no puede desmontar porque el tigre se lo come- y que sin él, el futuro del Centro Democrático será el de ser una bancada minoritaria que cargará con la fama de los falsos positivos, las chuzadas y haber sido el peor Gobierno de la historia.
Porque basta con imaginar un Gobierno democrático y popular que respete la democracia y ponga en cintura a los criminales que se han apropiado del país a punta de sangre y cocaína. El único futuro que les espera es el de la cárcel o el ostracismo. Y no es un ánimo de revancha, sencillamente estamos hablando de justicia. Tal vez, un gobierno popular sea la oportunidad para comenzar a aclarar cuentas con esa clase dominante que nos ha empobrecido y asesinado por más de 200 años.
El cambio histórico es imparable. El Establecimiento y la ultraderecha harán hasta lo imposible para robarse las elecciones. La derogatoria de la Ley de garantías es solo la cuota inicial. Pero si en 1970, Rojas Pinilla persuadió a sus seguidores para que no se movilizaran ante el evidente fraude que le robó la Presidencia, en la actualidad el pueblo colombiano ha adquirido la madurez suficiente para adueñarse de su destino. Podrán robarse las elecciones, podrán asesinar la flor en primavera, podrán estigmatizar al pueblo colombiano y a los jóvenes que se manifiestan por un mejor país, pero nada, nada detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes.
Eso es lo que no los deja dormir.
