Los gremios que año tras año salen gananciosos de la actividad económica de millones de colombianos son los llamados a solidarizarse con el aporte de recursos al sector salud para superar la pandemia que azota a Colombia y a cientos de países en el mundo. Está en juego la salud y la vida de millones de colombianos
Iván Posada P.
La paranoia que ya llegó a Colombia con ocasión del coronavirus pone en evidencia aún mas la desigualdad de los colombianos por ingresos, estrato social, y demás criterios discriminatorios.
La compra masiva de artículos de primera necesidad en medio de pánico provoca una escases artificial y de allí se desprenden fenómenos como el acaparamiento, la especulación y la carestía. Actitud nada solidaria con los sectores que no disponen de recursos para abastecerse en casos de grandes calamidades. En las actuales condiciones de desempleo de 13 por ciento y una informalidad de cerca al 50 por ciento -otras dos epidemias de la economía colombiana- son millones de familias que no pueden adquirir la canasta básica familiar en condiciones normales, mucho menos van a estar en capacidad de comprar bienes para aprovisionarse para las siguientes semanas que perdure el aislamiento obligatorio.
El derecho a la salud
Para prevenir la propagación de este virus hay que adoptar medidas mínimas de aseo e higiene, para lo cual el acceso a agua potable es la principal condición. Pues bien, en ciudades como Barranquilla, 35 instituciones educativas suspendieron clases porque no disponían del servicio de agua, en numerosos barrios populares de esta ciudad se quedaron sin el vital líquido porque lo suspendieron por falta de pago. De acuerdo a estadísticas del DANE de 2019 la cobertura de acueducto en el país es de 92 por ciento, en alcantarillado de 88 por ciento, lo que quiere decir que 3,6 millones de personas no tienen acceso a agua potable y otros 5,5 millones no cuentan con redes de alcantarillado. En el sector rural la cobertura en estos dos servicios apenas llega al 75 por ciento. En este contexto es importante rescatar el mínimo vital del agua que se implementó en la alcaldía de Gustavo Petro, como una política pública que garantiza el acceso al vital líquido, independientemente de que se cuente con recurso económico o no.
Disponer de agua potable tiene que ver con el derecho a la salud y por conexidad a la vida. Ante la gravedad de la situación, se decidió reconectar el servicio a cerca de un millón de familias, mas no condonar las deudas, que, dada la actual coyuntura debería ser la medida a tomar. Con la privatización de los servicios públicos muchas familias no disponen de estos pues hay que pagar por ello, así esté de por medio la vida de las personas.
La educación
Con este derecho ocurre algo similar. El gobierno nacional ordenó la suspensión de las clases en universidades y colegios y se dio la instrucción de continuar las clases en forma virtual. No obstante, en los sectores populares no se dispone de un portátil y mucho menos se puede pagar un operador privado para conectarse a internet. En el sector rural del país la situación es aún mucho peor, los operadores no invierten en zonas de población dispersa porque no es rentable. Así, los derechos quedan condicionados a tener recursos económicos para acceder a ellos. De ahí la importancia que el Estado tenga el control sobre sectores estratégicos como los servicios públicos y las comunicaciones, entre otros.
Estado de emergencia
El presidente Iván Duque decretó el estado de emergencia económica y social el 18 de marzo pasado con ocasión de la pandemia que afecta al país, mediante el cual aspira a destinar 15 billones de pesos, recursos que de a acuerdo al mismo decreto, provienen del ahorro público.
Del conjunto de medidas, son muy puntuales las que están dirigidas a aliviar en algo la situación de los sectores más vulnerables: Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, madres cabeza de familia, auxilio que consiste en un aporte adicional igual al que venían recibiendo. Son básicamente los sectores cobijados por el Sisbén. Pero hay cerca de nueve millones de personas (DANE, enero de 2020), los llamados independientes, o informales que por la cuarentena obligatoria -que va hasta el 13 de abril- no podrán realizar su actividad económica habitual para cubrir sus necesidades básicas.
El desempleo
Muchas empresas están solicitando al ministerio de Trabajo la suspensión de contratos y despidos colectivos. Como de costumbre, la respuesta de la cartera del Trabajo en cabeza de Ángel Custodio Cabrera, ha sido la de “fiscalizar para impedir despidos” y proponer a los pequeños y medianos empresarios que se endeuden con la banca para poder continuar en su actividad económica.
SAI, empresa de servicios integrados aeroportuarios perteneciente a Avianca Holding en un 80 por ciento, hizo un gran recorte de personal; Opaín, operador del aeropuerto El Dorado, también despidió personal, para solo mencionar estos casos en las dos últimas semanas.
El sector financiero
Este gremio, uno de los que más reportó utilidades en 2019, tan solo ha ofrecido diferir las deudas hipotecarias y de consumo, o sea aplazar el cobro, pero no habla de condonar deudas ni de otras medidas que de verdad alivien en algo la actual situación de carestía y especulación. En realidad, no va a invertir un solo peso de su rentabilidad para la coyuntura actual, que por supuesto, se ha agravado con la pandemia, pero no es la causante de la crisis.
Los industriales
Este gremio no se ha manifestado para aportar parte de su rentabilidad, por ejemplo, a fortalecer el sector salud con camas hospitalarias y de cuidados intensivos, elementos que se van a necesitar con urgencia en caso que se agrave la expansión de la epidemia. Precisamente, esta emergencia de salud pública toca a los colombianos en medio de una red de hospitales públicos en crisis y condiciones salariales del personal médico y paramédico indignas, con un sistema de salud cuyo pilar, las EPS (entidades prestadoras de salud), entes privados que se rigen por el principio económico de costo–beneficio, lo que quiere decir, cuánto invierto para obtener determinada rentabilidad económica.
Un mínimo de medidas inmediatas a tomar sería entre otras: No cobro por las tarifas de servicios públicos esenciales (acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica) en tanto se supere la epidemia; 2) suspender el cobro del impuesto predial de 2020 a nivel nacional; 3) condonación de las cuotas del Icetex a los estudiantes y 4), para el sector informal, la asignación de un salario mínimo legal como mecanismo de subsistencia.
Los gremios económicos en coordinación con el gobierno central son los llamados en primera instancia a destinar los recursos necesarios que se necesitan para superar exitosamente esta calamidad nacional, pues está en juego la vida de millones de colombianos.
