Luis Jairo Ramírez
@JairoRamirezH
Desde que el gobierno decretó el Estado de Emergencia para afrontar la pandemia y se confirió al poder ejecutivo atribuciones temporales excepcionales para expedir decretos con fuerza de ley, el presidente Duque no solo desató una cascada de medidas sin ningún control, sino que algunas de esas medidas desbordaban ya las facultades de la emergencia.
Solo cinco de los 169 decretos hacían referencia a la situación sanitaria relacionada con la pandemia. Era evidente que estaba aprovechando la cuarentena forzosa para establecer de hecho un estado de excepción no declarado y perseguir opositores, lo que comenzó a encender las alarmas.
A la elección anterior de Contralor General de la República y el Fiscal, personajes de la entraña presidencial, vino a sumarse la elección del Defensor del Pueblo y enseguida de Procurador General de la Nación, asignados como cuotas burocráticas a los partidos que se han sumado al gobierno, afirmando de paso un régimen presidencial de facto que eliminó de tajo la separación de poderes y toda posibilidad de control a su gestión.
Duque ha suspendido la Constitución política, gobierna a punta de decretos, tiene intervenido también el sistema judicial, eligiendo a su acomodo los magistrados de las Cortes, que van quedando vacantes, y como si fuera poco, tiene capturado e inactivo el Congreso de la República a partir de un acuerdo burocrático entre los partidos de gobierno.
No hay garantías a la vida, la alianza abierta del ejército con los narco-paramilitares desatan una guerra contra el pueblo, propia de las dictaduras. Durante el 2020 se registran 45 masacres, han sido asesinados 140 líderes y 230 reincorporados desde la firma de la paz; se usan fraudulentamente los Fondos de la Paz para hacerle publicidad al presidente y “perfilar” a sus críticos y gran parte del gobierno está dedicado a atacar a las altas cortes y hacer todo tipo de maniobras para liberar al exsenador Uribe.
En los casos de Pinochet en Chile, Videla en Argentina y Bordaberry en Uruguay se les llamó dictadura. No somos la excepción. En Colombia hay una dictadura con apariencia republicana.
En medio de las medidas de aislamiento sanitario, el Gobierno uribista se aprovecha para realizar una serie de simulacros y “ejercicios militares” frente a la frontera con Venezuela, y en acto sin antecedentes, la propia embajada de los EE.UU. notificó a la opinión pública de la llegada al país de una Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad estadounidenses, sin el consentimiento del Senado, con el pretexto de asesorar la acción antinarcóticos, lo cual es un hecho ilegal y una nueva ofensa a la soberanía de Colombia.
En estos días, los gobiernos de Colombia y una delegación de EE.UU. encabezada por el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, el asesor especial de Trump para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver-Carone, anunciaron la puesta en marcha de la iniciativa “Colombia Crece”, como “un nuevo Plan Colombia que mantendrá la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”. De nuevo el fracasado tratamiento militar al problema de los cultivos de uso ilícito, las provocaciones contra Venezuela y el ataque a los anhelos de paz de los colombianos.
Colombia toda debe prepararse para un nuevo Paro Nacional contra la dictadura, por el derecho a vivir y por la implementación de la paz.
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