Cerrar filas en apoyo a la causa del senador del Polo Democrático en el manipulado “Caso Uribe”, es promover el derecho a la verdad del pueblo colombiano en uno de los capítulos más mediáticos de la historia judicial
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
Para nadie fue una sorpresa el reciente anuncio de la Fiscalía General de la Nación donde presenta ante la opinión pública la preclusión del proceso penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
El pasado 5 de marzo, el ente acusador dio a conocer que el Coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, solicitará ante un juez de la República que se dé por finalizado el proceso en contra del también exsenador Uribe Vélez.
En un escueto comunicado, la Fiscalía estableció que las conductas por las cuales se imputó al expresidente, “no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.
Camino favorable para Uribe Vélez
Lo que se viene también es predecible. En el momento en que la jueza o juez de la República cite a la audiencia donde el fiscal Jaimes debe entregar las razones y la posición de la Fiscalía, sí o sí las distintas partes apelarán la decisión del ente acusador. Por lo tanto, el caso llegará al Tribunal Superior de Bogotá.
Al respecto, pueden existir dos caminos. La judicatura de segunda instancia puede respaldar la decisión de la Fiscalía y precluir el caso, o de lo contrario, puede regresar el expediente al fiscal Jaimes quien tendría que asumir las recomendaciones del Tribunal, que por lo general son la ampliación del material probatorio para soportar la decisión de archivar el proceso.
En otras palabras, se necesitarían nuevas pruebas incuestionables e irrefutables que incriminen al expresidente para que el caso sea llevado a juicio. Dado que el fiscal Jaimes desestimó el Auto de la Corte Suprema de Justicia y todo el acervo probatorio recaudado en seis años de investigación, los caminos judiciales son ampliamente favorables para Uribe Vélez.
Iván Cepeda y su defensa jurídica seguramente le apostaran a que el Tribunal ordene una nueva acusación en contra del expresidente para que este sea llevado a juicio. Aunque hipotéticamente no es imposible, en la práctica es poco probable que esto suceda.
El libreto
En este nuevo capítulo del turbulento “Caso Uribe”, existe una conclusión evidente: El hecho que Jaimes Durán en nombre de la Fiscalía General de la Nación pida la preclusión del expediente, le da la razón a la defensa jurídica y mediática del expresidente.
De esta forma se legitima el libreto que han sustentado tanto Uribe Vélez, su defensa jurídica, poderosos medios de comunicación y sus furibundos seguidores. Bajo este guion, lo primero que se impone es que la Corte Suprema de Justicia investigó de manera politizada en un proceso donde no se le respetaron las garantías procesales al expresidente. Lo segundo y más reiterativo, es que Iván Cepeda fabricó un montaje a partir de un cartel de falsos testigos, siendo la relación del senador y el testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, una muestra del complot.
Este semanario y varios analistas ya habían vaticinado el rumbo que tomaría el caso. Basta con leer la nota Triunfo de Uribe en la pasada edición impresa de la revista Semana para comprobarlo, donde queda en evidencia la reingeniería en la estrategia de defensa de Uribe Vélez y la repetición del libreto para exonerarlo.
Aunque hasta el momento el senador Iván Cepeda ha demostrado temple, serenidad y fortaleza para confrontar no solo la matriz mediática, sino particularmente a sus violentos detractores, es importante que las fuerzas democráticas cierren filas y rodeen al parlamentario de izquierda.
Lucha contra el paramilitarismo
Iván Cepeda tiene el valor histórico de ser uno de los investigadores más inquietos y rigurosos sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.
Desde el mismo momento en que Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica, dirigente nacional del Partido Comunista y exdirector del semanario VOZ, fue asesinado el 9 de agosto de 1994, Iván Cepeda y el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ emprendieron la cruzada para demostrar como el magnicidio respondía a un plan sistemático de genocidio político y como este se configuraba en un crimen de Estado.
Después de un largo litigio, lograron no solo una condena internacional, sino un precedente de reparación simbólica donde por primera vez se reconocía públicamente la responsabilidad del Estado en el asesinato de un dirigente político revolucionario.
Así las cosas, Cepeda lideró el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y se convirtió en un protagonista determinante en defensa de las víctimas del Establecimiento. Esta aguerrida carrera política le permitió llegar a la Cámara de Representantes en 2010 y luego al Senado de la República en 2014.
La investigación que desató la furia uribista
Era lógico que Cepeda dedicara su vida parlamentaria a ampliar sus investigaciones. Si bien su libro A las puertas de El Ubérrimo (2008), escrito junto con el periodista Jorge Rojas, iniciaba una línea de investigación sobre el paramilitarismo en el departamento de Córdoba, este no dejaba de ser solo indicios y posibles conexiones entre el expresidente Uribe Vélez y el fenómeno de las AUC en el Caribe colombiano.
Cumpliendo con su rol constitucional como parlamentario, Cepeda visitó cárceles para buscar verdades. En ese legítimo proceso, encontró un cabo suelto en la historia del paramilitarismo en Antioquia con los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez como protagonistas y la Hacienda Guacharacas como epicentro.
Dos testimonios presentados ante la justicia, el de Pablo Hernán Sierra alías “Alberto Guerrero” y Juan Guillermo Monsalve alías “Guacharaco”, sustentaban la idea que en la Hacienda Guacharacas se había creado el grupo paramilitar ‘Los Macetos’ embrión del Bloque Metro de las AUC.
Iván Cepeda y el Colectivo de Abogados investigaron el caso, reconstruyeron el expediente, siguieron los indicios, cotejaron las pruebas y establecieron una hipótesis sobre la definitiva participación de los hermanos Uribe Vélez en la emergencia, formación y consolidación del paramilitarismo en el nordeste antioqueño.
En consecuencia, Cepeda no solo publicó el libro Por las sendas de El Ubérrimo (2012) junto con el abogado Alirio Uribe, sino que hizo un debate de control político en septiembre de 2014 donde presentó a la opinión pública su investigación. Este hecho desató la furia del expresidente Álvaro Uribe y dio inicio el turbulento proceso judicial en cuestión.
La búsqueda de la verdad
Para el exmandatario, Iván Cepeda fabricó testimonios falsos en su contra y lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia. Cuatro años después, el alto tribunal llegó a la conclusión que Cepeda era inocente y que si alguien incurrió en los delitos de soborno a testigos fue el expresidente y sus abogados, con el sombrío Diego Cadena a la cabeza. Fueron cerca de 24 testimonios falsos que pretendían enlodar la labor del parlamentario del Polo Democrático.
Después se desató la tormenta con el auto de la Corte Suprema que imputó cargos a Uribe Vélez y ordenó su detención domiciliaria. Luego el cambio en la estrategia uribista. Renuncia al Senado, pérdida de fuero, traslado del expediente a la Fiscalía, libertad otorgada por una jueza, designación de un Fiscal cercano al uribismo y la reciente preclusión del caso.
En todo este atropellado proceso, Cepeda y su defensa han sido absolutamente respetuosos no solo con las disímiles instancias judiciales, sino especialmente con el acervo probatorio y la reserva del caso. En lo particular, la matriz mediática sigue desvirtuando al senador Cepeda y al testigo Monsalve, pero en lo general, la estrategia tratará por todos los medios tapar el expediente del paramilitarismo en Antioquia.
Cepeda lo sabe y por eso invoca una verdad que algún día prevalecerá. Se enfrenta sin miedo al individuo más poderoso y sórdido en la historia política de Colombia.
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