Bogotá es otro foco donde los sistemáticos abusos de la fuerza pública y la violación indiscriminada de los derechos humanos afectan a la juventud
Sebastián Chingaté Sánchez
@CronopioRolo
Daniel Alejandro Zapata es la última persona cuya muerte se confirmó a manos del ESMAD. El hecho fue condenado por la concejala de Bogotá, Heidy Sanchez, quien expresó: «Fallece Daniel Alejandro Zapata, joven que fue impactado en la cabeza por un artefacto que disparó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en Banderas, Kennedy. ¡Que nadie más muera exigiendo sus derechos!».
Según la información suministrada por la ONG, Lazos de Dignidad, el joven de 20 años recibió un impacto en la cabeza cuando se encontraba en la estación de Banderas en la localidad de Kennedy. A pocos minutos del lugar de este crimen se encuentra otra estación donde las movilizaciones se han concentrado enérgicamente y así mismo la represión de la policía ha hecho aún más presencia: El portal Américas.
La alcaldía de Claudia López ha recibido múltiples críticas al permitir el uso del portal como lugar para abastecer a la policía tras el cuestionable aterrizaje de un helicóptero en el sitio el pasado 5 de mayo, así mismo hay acusaciones de prestar el espacio para aprisionar manifestantes. Susana Muhamad, concejala de Bogotá denuncia que el portal de Transmilenio sea utilizado como un centro de operaciones de la Policía Nacional, afirmado que “Acá los vecinos vieron como aterrizaron la semana pasada helicópteros para traer munición. ¿Quién ha autorizado una infraestructura de servicios para el transporte que pagamos con nuestros impuestos para que sea el centro de la represión de la manifestación pacífica? ¿Por qué la policía nacional y el gerente de Transmilenio permiten que se lleven detenciones ilegales? Tenemos denuncias de torturas que pasaron acá el miércoles en la madrugada ¿Por qué la alcaldesa de Bogotá, Claudia López está permitiendo el uso de infraestructuras civiles para actividades de represión por parte de la policía?”
Por parte de la alcaldesa de la capital no ha habido pronunciamiento alguno sobre estas acusaciones, así mismo no ha dado explicaciones del uso de portales de Transmilenio e incluso colegios para el aterrizaje de helicópteros, tal y como ocurrió el miércoles pasado en el colegio Claretiano de Bosa, hecho que violó el protocolo de Naciones Unidas, en el Derecho Internacional Humanitario y que no contaba con la autorización de la institución tal y como denunciaron las directivas del colegio en un comunicado.
Un panorama desgarrador
En un transcurso de dos semanas las cifras de violencia policial en Colombia han superado incluso el número de muertos en las pasadas protestas en Chile en el transcurso de dos meses. Según la ONG Temblores, por 13 días consecutivos la ciudadanía continúa ejerciendo su legítimo derecho a la protesta a pesar de la evidente sistematicidad de la violencia por parte del Estado que ha tenido como objetivo reprimir las manifestaciones.
La ONG denuncia que después de más de 10 días de registrar casos de violencia por parte de la fuerza pública a lo largo de todo el país, aún se continúa registrando un aumento de casos de violencia policial y continúa la alerta a la comunidad nacional e internacional y a los medios de comunicación de la gravísima situación de derechos humanos que atraviesa el país.
Los datos sistematizados de Temblores arrojan el siguiente balance hasta el momento: 313 víctimas de violencia física, 40 casos de víctimas de violencia homicida en los que el presunto agresor es un miembro de la fuerza pública, 1.003 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 418 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 28 víctimas de agresiones oculares, 129 casos de disparos de arma de fuego y 12 víctimas de violencia sexual.
Cabe recalcar que la OEA, organización internacional que se caracteriza por denunciar enérgicamente las supuestas violaciones de derechos humanos en el vecino país, esta vez se ha mostrado resiliente ante la situación de Colombia llegando a afirmar su director, Luis Almagro en su último comunicado que «han transformado la protesta en vandalismo y han confundido el vandalismo con acciones de naturaleza terrorista contra las instituciones y las autoridades del Estado».
