Hace mucho tiempo ningún gobierno colombiano le causaba tanto daño a la niñez y a la juventud como el que le produce el Centro Democrático. Prácticamente el gobierno de Duque le ha declarado la guerra a la niñez y a la juventud. En menos de tres años dos bombardeos contra niños y jóvenes que ante tanto desamparo, han visto en las filas de la guerrilla una opción de vida, y en lugar de generar mejores condiciones de vida y cumplir con el acuerdo de paz, salió la orden: fuego, fuego, cuyo resultado es la muerte.
Gracias a la denuncia de la población del Guaviare el pasado 2 de marzo se supo que el Ejército Nacional había bombardeado un campamento de Gentil Duarte, en la vereda Buenos Aires, del municipio de Calamar. Allí fueron asesinados jóvenes y a una menor de edad (14 muertos reportados hasta el momento), masacraron a más de diez menores de edad que se encontraban en el sitio, un crimen de Estado que en el lenguaje uribista se llamará falsos positivos, como es su costumbre. La justificación de este infanticidio ya la conocemos, la criminal mentalidad del ministro de la Guerra -que ellos llaman de Defensa- en un acto mefistofélico, que convirtió a los niños en máquinas de guerra.
Como suele hacerlo, el gobierno uribista inicialmente negó la presencia de menores de edad. Ante la evidencia de los bombardeos, y el reconocimiento de Medicina Legal de cadáveres de niños y jóvenes, terminaron justificando la operación militar con el cuento de que se ajustaba a lo preceptuado por el Derecho Internacional Humanitario. Rafael Guarín, Consejero Presidencial para la Seguridad, actuó como un mercenario, y salió a vociferar su apoyo al crimen de Estado.
Es una falta de humanidad del gobierno, una carencia de sensibilidad y ausencia de ética. El menosprecio por la opinión pública quedó demostrado en la respuesta que le ha dado al unánime rechazo de la inmensa mayoría de los colombianos a los hechos denunciados. El ministro Molano ha respondido a este clamor generalizado que los bombardeos y ataques de alto impacto continuarán porque de acuerdo con su doctrina, los niños en Colombia se han convertido en máquinas de guerra.
Un Estado cuya política de contrainsurgencia está dirigida fundamentalmente a reprimir y a matar a niños y jóvenes, violando los protocolos internacionales del Derecho Internacional Humanitario, es un Estado que transita por la senda de la barbarie. Infortunadamente, los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe y el actual gobierno de Iván Duque muestran que su acción política tiene como fundamento los principios autoritarios y excluyentes, que riñen con los valores humanísticos que soportan tradicionalmente a los gobiernos efectivamente democráticos.
Iván Duque transita por el mismo sendero ya recorrido por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, caracterizado por las múltiples violaciones al DIH y los derechos humanos, tal como aconteció con la política de Seguridad Democrática.
El otro componente negativo de las políticas del Centro Democrático es la ausencia de soberanía, por lo cual las políticas que diseñan y ejecutan son las políticas dictadas por los Estados Unidos. Esas imposiciones se manifiestan en la política contrainsurgente y la anacrónica persecución contra los cultivos ilícitos, especialmente contra los cultivos de coca de los campesinos obligados a sobrevivir con estas actividades porque no tienen otras alternativas ante gobiernos que solo benefician a los grandes inversionistas del sector rural. Uno de los repertorios de esta política se manifiesta en la utilización del glifosato para destruir los cultivos ilícitos. En otras palabras, envenenar a los campesinos.
Este es el deplorable panorama que padece el pueblo colombiano, su niñez, su juventud, los campesinos, trabajadores hombres y mujeres, la academia, los universitarios, profesionales honestos, la clase media, etc. Duque representa un proyecto político que ha prescindido de la democracia, y que, para conservar los privilegios de la oligarquía excluyente, ha llegado al extremo de justificar la muerte y aniquilar los intereses y esperanzas de las mayorías nacionales.
Esta tragedia nacional impone un reto a los sectores progresistas, a la academia, al sindicalismo, a las creativas y valientes mujeres, a la clase media, y a los políticos decentes: la construcción de una nueva Colombia que imponga en primer lugar la defensa de la vida, la creación de condiciones para que la niñez y la juventud, hombres y mujeres vean renacer la esperanza de un país nuevo, democrático, incluyente, que siembre en los cuatro puntos cardinales convivencia, paz y progreso. Además, para que el autor intelectual de la masacre no se siga burlando de las familias de niños y jóvenes inmolados, es necesario el apoyo a los juristas en la gestión ante la Corte Penal Internacional para la investigación y el castigo del mencionado ministro de la Guerra.
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