Buscan una renegociación de las garantías laborales que los obreros han obtenido desde hace años, con el objetivo de hacer una empresa atractiva para la nueva firma comercializadora
Desde noviembre pasado, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos intervino Electricaribe, inició un proceso de desmejoramiento de las convenciones colectivas de los trabajadores de las siete electrificadoras de la Costa Atlántica que, actualmente, la componen: las de Magangué, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Sucre y Córdoba. Cada distrito cuenta con una subdirectiva del sindicato Sintraelecol.
Hay que recordar que hace años en varios municipios de esos departamentos el descontento de la población con el servicio era generalizado, producido por continuos apagones y altos costos. Las comunidades protestaban generando problemas de orden público. La empresa argumentaba no tener el suficiente flujo de caja para comprar la energía a las generadoras; lo que hacía prever un apagón en toda esa región. Para la empresa, el negocio no era rentable. La comercializadora vende energía a alrededor de dos millones 600 mil usuarios, de los cuales un 30% presenta dificultades para pagar.
La entidad cuenta con 1.500 trabajadores contratados a término fijo y unos 6.500 de manera tercerizada. Sólo los contratados directamente están afiliados a Sintraelecol, y son beneficiados por convenciones colectivas. El resto no goza de ningún beneficio, por lo contrario, muchos están a través de cooperativas de trabajo asociado y otras formas similares de contratación: “Ellos tienen extenuantes jornadas; laboran festivos; no les pagan horas extras; están con salarios mínimos; sus condiciones de seguridad no son las mejores, muchos han muerto en accidentes”, explica a VOZ, Ernesto de Jesús Perilla Montenegro, quien desde hace 32 años labora en la empresa, cuando era Electromag, donde comenzó en el área de facturación, luego pasó a ser auxiliar de medidas y actualmente es inspector de medidas.
Por su antigüedad, estuvo en el proceso de sustitución patronal cuando la firma pasó a ser de capital privado con Energía de Caracas y la Energy Reliant de Chicago. Proceso que se dio con todas las garantías convencionales, aunque con unos planes de retiro voluntario aceptados por no pocos obreros.
Ernesto también es integrante de la subdirectiva Magdalena de Sintraelecol y secretario de organización de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, del mismo departamento.
Tres puntos
Cuando la empresa fue intervenida, la Superintendencia quiso dar tranquilidad a los trabajadores asegurándoles que no se iban a presentar masacres laborales y que los contratos se mantendrían. Pero no se comprometió con no desmejorar las garantías convencionales ganadas con antigüedad.
Tres son los puntos que más se interesan por desmejorarle a los trabajadores: “En el Magdalena tenemos la energía el 100%, es decir que no pagamos energía, pero ahora nos están diciendo que nos van a dar más o menos 250 kilovatios por mes. Es una garantía que los trabajadores tenían desde la década de los 60”. Punto sensible si se tienen en cuenta el clima de ese departamento.
Otro de los puntos de interés para los obreros son las becas educativas, dadas para un cubrimiento total de costos universitarios de ellos o de sus hijos, en los centros de educación superior que escojan. Ahora les están ofreciendo sólo un subsidio de cinco millones de pesos.
Los medicamentos comerciales que actualmente son cubiertos por la empresa, es otro de los asuntos en disputa, en el que les dicen que les ofrecen solamente un auxilio. Y, en el tópico de las primas, les pagan en navidad 75 días por ese concepto, que ahora quieren reducirlo sólo a 30.
Pensionados no se salvan
A los pensionados también les quitaron en derecho a la energía, con la diferencia que para ellos no era un derecho convencional. Esto generó una huelga de hambre de varios de ellos, que duró dos semanas, ante lo cual la empresa no cedió.
Todas esas pérdidas de garantías desmejorarían la calidad de vida de estos trabajadores y sus familias. Se reducirían las primas, cesantías y otros beneficios negociados por el sindicato de manera atípica, que no estaban enmarcadas en acuerdos de los años 2003, 2006, 2010 y 2012, pero que luego fueron vinculados a las convenciones colectivas, por lo que en una negociación que iniciará el 22 de mayo, reclamarán respeto o cumplimiento.
La empresa también está ofreciendo un plan de retiro voluntario, y con base en la situación varios trabajadores preferirán aceptarlo.
En la actual negociación con la Superintendencia, cada distrito tiene sus negociadores. “Lo que ellos nos dicen es que debemos ponernos bonitos, atractivos, para cuando llegue el nuevo operador, porque si llegan y ven estos puntos van a decir que el negocio no es viable y no lo van a aceptar. Antes de que se dé el proceso de venta ellos quieren flexibilizar las convenciones colectivas para que sean aceptables para los interesados. Sobre los usuarios nos han dicho que buscarán un marco jurídico que garantice que ellos cancelen el servicio de energía, que apunte a que quienes no cancelen les puedan expropiar bienes. Es algo que la gente no sabe”.
Por ahora, Sintraelecol ha hecho contactos con senadores y el Ministerio de Trabajo, buscando proteger las garantías laborales y sindicales, para que no haya un desmejoramiento de éstas y del servicio a las comunidades.
