Debe diseñarse una nueva doctrina militar, democrática, patriótica y latinoamericanista, y garantizar el derecho a la protesta ciudadana
Alberto Acevedo
El desconocimiento que el presidente Iván Duque ha hecho del fallo de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ordena al poder ejecutivo, al ministro de la Defensa y a los órganos de control un paquete de recomendaciones para superar los abusos de la fuerza pública y garantizar el derecho a la protesta ciudadana, es expresión del giro autoritario del actual gobierno, que desconoce los fallos judiciales cuando no lo favorecen y desvirtúa la arquitectura de la separación de poderes, base del estado liberal de derecho.
La arrogancia del presidente es notoria, al aferrarse de forma maquiavélica a la idea, peregrina por cierto, de que el salvamento de voto de dos magistrados al momento de la votación del fallo de tutela, invalida su contenido, por no existir consenso total en la valoración que el supremo tribunal hizo del manejo del orden público. Por consiguiente, el presidente se considera con licencia para poner en duda el cumplimiento del fallo y acudir a la Corte Constitucional para su revisión.
Se trata de una maña vieja del gobernante. Ya antes había desconocido un fallo judicial que le prohibía la autorización del tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, sin el aval del senado de la República, en alusión a la presencia de un contingente de tropas élite de Estados Unidos en territorio colombiano, en momentos en que se tensan las relaciones con Venezuela.
Arrogancia
Confrontó los tribunales a raíz del incidente producido por un tuiter suyo exaltando a la Virgen de Chiquinquirá, cuestión que los jueces de las República consideraron riñe con el carácter laico del Estado, consagrado en la Constitución de 1991, y atenta contra la libertad religiosa. Enfrentó de nuevo la independencia de poderes cuando anunció que por razones de inconveniencia objetaría seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Y enfrentó de nuevo los tribunales cuando le reclamaron trato igualitario para los adultos mayores de 70 años en relación a las medidas de confinamiento obligatorio por la pandemia. Los ejemplos en esta dirección abundan.
Lo que dice la tradición jurídica es que los fallos de los jueces y de los tribunales son para cumplirlos. El desafío al fallo judicial es lo que coloca al ejecutivo en la ilegalidad. Abundan los comentarios que ratifican este postulado. José Gregorio Hernández, exmagistrado, dice: “Duque está equivocado. Debe cumplir lo ordenado por la sentencia, no los salvamentos de voto. El salvamento es una constancia, no un mandato. El fallo tiene que ser cumplido de inmediato”.
Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, dijo: “negar los abusos de miembros de la fuerza pública abre la puerta a nuevos abusos. Pedir perdón en genérico por ‘cualquier violación a la ley’ es lo mismo que nada. Esa actitud negacionista está llevándose por delante la legitimad de las Fuerzas Armadas”.
Garantizar la vida
Entre los aspectos que se discuten frente al fallo de la Corte Suprema, está la responsabilidad en el manejo del orden público por parte del ministro de la Defensa. El titular de esa cartera, se apresuró a decir, primero que no iba a pedir perdón, como lo ordenaba el fallo de tutela, pues ya lo había hecho a raíz de la muerte de un ciudadano a manos de la policía, maltratado con una pistola taser y acribillado luego a golpes en un CAI de la policía.
Al ministro se le imputan cargos por el manejo de la situación del país frente a las reiteradas masacres de activistas sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes reincorporados a la vida civil gracias a los acuerdos de paz. El ministro, como responsable de la defensa nacional, ha sido incapaz de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Es por eso que en estos momentos toma mayor fuerza aún la exigencia de que el ministro renuncie al cargo y responda en un juicio político de responsabilidades. La consigna viene siendo apropiada por sectores cada vez más amplios de la sociedad, en tanto en la cámara y el senado cursan ya citaciones a debate y una moción de censura. Esta moción ya fue radicada por un grupo de parlamentarios.
Contundencia en el fallo de tutela
Otro aspecto que vale la pena señalar, es que en medio del giro autoritario del gobierno Duque, que algunos analistas califican de fascistoide, el fallo de la Corte Suprema de Justicia abre una compuerta enorme en el proceso de democratización del país y de reconocimiento de derechos al amparar la legitimidad de la protesta social y poner freno a los abusos de la fuerza pública. El fallo constituye un instrumento para ampliar el espectro democrático, en la medida en que la sociedad se movilice y haga cumplir un paquete de 13 recomendaciones contenidas en su parte mandataria.
Lo hace, por ejemplo, cuando evidencia la sistematicidad en la violación de derechos fundamentales por parte de la fuerza pública, aspecto que el gobierno Duque se empecina en negar. “Hay evidencia de una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”, señala categóricamente el fallo de tutela. Y agrega que “hay falencias e incapacidad de las instituciones encargadas de mantener el orden público interno para usar de forma racional y moderada las armas de la República”. “El Esmad no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir”.
Para los sectores democráticos del país se abre una agenda de acción, en desarrollo de los lineamientos de la Corte Suprema en su pronunciamiento y que seguramente serán ratificados por la Corte Constitucional, tras la petición de revisión que hace el ejecutivo.
Exigencias populares
En esa agenda está, en primer lugar, la exigencia de una reforma a fondo, no cosmética del manual de funciones y de las orientaciones de la policía nacional y del ejército en el manejo de los problemas de orden público. Ya lo señalan numerosos analistas: hay que variar la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno.
La otra exigencia que hace el movimiento popular, es, no la reforma, sino la liquidación del Esmad como cuerpo armado, que se ha salido de madre y se ha con vertido en un cuerpo criminal. Utilizando el lenguaje castrense, mejor sería denominarlo GAO-Esmad.
El ministro de Defensa debe irse. Una depuración de la cúpula militar es un imperativo democrático. Debe diseñarse una nueva doctrina militar, democrática, patriótica y latinoamericanista. Debe establecerse un estatuto de derechos a la protesta ciudadana. Él cese de las masacres y el desmonte del paramilitarismo. Estos temas no pueden estar al margen de la agenda popular en la actual coyuntura política.
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