Más claro no canta un gallo. El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno nacional es un atentado contra la economía de las familias colombianas. Ya el país conoce el contenido regresivo del proyecto fiscal que pretende recaudar 23.4 billones de pesos, cuya orientación es la ampliación de la base gravable del IVA y los ingresos del trabajo de las capas medias.
La realidad es que la tercera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque cae como un baldado de agua fría en un momento de incertidumbre. El país se encuentra en una verdadera pesadilla con la incontrolable pandemia, la esperada reactivación económica que no despega y la profundización de las desigualdades sociales, con el aumento del desempleo y la pobreza con indicadores nunca antes vistos.
Precisemos. Lo primero que debemos dejar en claro, es que una reforma tributaria es necesaria para el país. Sin embargo, desde la perspectiva de la equidad y una democracia realmente incluyente el proyecto fiscal debe tener un contenido radicalmente distinto al presentado. Por ejemplo, con que el gran capital, nacional y trasnacional, pague los impuestos que evade con la complicidad del Gobierno, más la eliminación de las exenciones que la ley le ofrece a las grandes riquezas, el déficit presupuestal sería resuelto.
También es importante develar la mentira con la que se pretende justificar la reforma tributaria. El Gobierno nacional, los principales gremios y los medios corporativos de comunicación han presentado la urgencia de modificar el modelo de impuestos por razones derivadas de la pandemia y que es necesario un sacrificio de la sociedad entera, lo cual es una patraña. La crisis venía de tiempo atrás, la emergencia sanitaria simplemente agudizó las contradicciones socioeconómicas y dejó en evidencia la bancarrota del modelo neoliberal.
De hecho, en el inicio del Gobierno Duque el principal reto económico era adelantar una reforma tributaria estructural que aumentara la base gravable, principal problema del modelo según la ortodoxia neoliberal. La aprobación de dos reformas tributarias no cumplieron con el objetivo principal que pretenden conseguir con esta tercera reforma.
Es verdad que la emergencia sanitaria con sus consecuencias catastróficas generó una reorientación en la política económica del Gobierno incrementando sustancialmente el gasto y el endeudamiento. Sin un mínimo de políticas de bienestar social, con la productividad soportada en las pequeñas y medianas empresas y con el mundo del trabajo estancado en la informalidad, el consumo de las familias, el ahorro y la inversión cayeron dramáticamente.
Ante este panorama, la estrategia del Ministerio de Hacienda fue contrarrestar lo anterior con una política de déficit fiscal del 9% del PIB basada en subsidios a las grandes empresas y liquidez al sector financiero, dejando por fuera la renta básica a las familias y sin crédito a las Mypimes. Dicho de otra manera, la reforma tributaría pretende reducir un hueco fiscal que el mismo ministro Alberto Carrasquilla creó en beneficio de Luis Carlos Sarmiento Angulo y otros plutócratas del país.
Pero ¿por qué es tan regresiva esta reforma? La propuesta del Gobierno nacional es que más del 70% a recaudar provenga del impuesto sobre los ingresos del trabajo de las capas medias. La aspiración es que 17 billones de pesos entren al erario por esta vía. Inicialmente, quienes reciban un salario mensual de 2.5 millones de pesos tendrán que tributar. Posteriormente, para el año 2023, las personas con un ingreso de 1.6 millones mensuales (ni siquiera dos salarios mínimos) tendrán que hacer lo mismo.
La medida es profundamente inequitativa con las nuevas generaciones que carecen de derechos sociales y que están atrapadas en la incertidumbre del “contrato de prestación de servicios”. A los trabajos informales, salarios precarizados donde se tiene que aportar a salud y pensión por cuenta propia y a las deudas contraídas por concepto de educación, se les agrega el impuesto a la renta.
Pero vayamos más allá con el aumento del 19% en el impuesto indirecto preferido por el neoliberalismo: IVA a los servicios públicos para el estrato 4 en adelante, IVA al internet para el estrato 3, IVA para los servicios funerarios, peajes urbanos y cobro de tarifas para motocicletas. Y el más peligroso, IVA del 19% a la gasolina y el Diésel, lo cual incrementará el valor del transporte público, del transporte de alimentos y de la canasta familiar. En momentos cuando el consumo de las clases medias y populares son claves para la reactivación económica, el Gobierno le mete la mano al bolsillo a la gente.
¿Y para el gran capital? La reforma viene a la medida. No toca los 218 beneficios tributarios que gozan las multinacionales y el sistema financiero. Asimismo, la mayoría de los parlamentarios de derecha están comprometidos con estos sectores económicos, que son los principales financiadores de sus campañas electorales.
Conclusión: El pueblo trabajador pagará con sangre, sudor y lágrimas la crisis económica, mientras la minoría privilegiada seguirá reportando sus astronómicas ganancias en la revista Forbes.
El Partido Comunista, la Unión Patriótica, Colombia Humana y las demás fuerzas que componen el Pacto Histórico estamos en oposición a este modelo económico depredador. Denunciemos a los parlamentarios que votan estos proyectos y con movilizaciones como la del próximo 28 de abril construyamos una nueva historia. ¡Es hora de parar esta joda!
