Nelsy Contreras García
En Colombia los sectores culturales han venido luchando para que, desde lo estatal, se visibilicen las diversas riquezas que posee. La voz de las lideresas y líderes afros, indígenas, palenqueros, campesinos, raizales, mestizos, mulatos y demás grupos existentes en la geografía de nuestro país, han denunciado la estigmatización y el abandono al que los han sometido.
Los paradigmas de odio derivados del machismo, racismo, clasismo, exclusión, segregación social, homofobia y xenofobia solo han servido para desunirnos, crear barreras para fortalecer lazos de unión y solidaridad y peor aún perpetuar la cultura del individualismo, base fundamental del capitalismo.
Ante este panorama se requiere un nuevo país que avance en una propuesta de política diferencial para la reparación histórica, cerrar brechas de discriminación, que busque la equidad, la redistribución de la riqueza y trabaje para direccionar la participación, integración y formación comunitaria de esos sectores para empoderarlos en la solución de sus necesidades, buscando recuperar su identidad y autonomía.
Otro aspecto no menos importante para seguir avanzando en la reconstrucción del tejido social tiene que ver con el fortalecimiento de políticas públicas de paz colectiva que desarrollen el Acuerdo de Paz de La Habana. Recordemos que Colombia ha vivido un conflicto social y armado de más de medio siglo y precisamente estos sectores han sido los más golpeados, siendo el despojo de tierras el más frecuente.
En el Encuentro Nacional de Mujeres del Pacto Histórico, celebrado en Cartagena los días 28 y 29 de agosto del presente año se trabajó ampliamente la temática de políticas con enfoque diferencial étnico e intercultural; se propuso tener en cuenta los ocho ejes temáticos del enfoque de género consignados en el Acuerdo de Paz que amplían los planteamientos de esta política.
El Acuerdo después de una serie de manifestaciones de distintos sectores incluyó el enfoque de género e incorporó la participación política de las mujeres víctimas del conflicto, reforma rural integral, solución de la problemática de los cultivos de uso ilícito, entre otros. En cuanto a la participación de las mujeres en política, estas pidieron en la negociación que su presencia fuera de manera paritaria y universal, para seguir creciendo en la construcción de una democracia inclusiva.
En Colombia a través del decreto 455 del 21 de marzo de 2020 se dictaron normas sobre la paridad de género en los empleos de nivel directo en la rama ejecutiva en todos los niveles, siendo su aplicación de forma progresiva.
En el proyecto de ley del nuevo código electoral colombiano se incluyen dos medidas adicionales de un gran valor social y político: por un lado, la aprobación del artículo 84 de paridad y cuota de género en las listas a corporaciones públicas, y por otro el artículo 255 que define la violencia contra las mujeres en política.
Esto se considera un triunfo por parte de los movimientos de mujeres y de diferentes sectores democráticos, dadas las condiciones de desigualdad que persisten en la sociedad colombiana.
Organismos internacionales como la ONU, han celebrado esta decisión legislativa por parte de Colombia. Este paso histórico nos permite posicionarnos entre los ocho países de América Latina y el Caribe en lograr listas paritarias. Aquí está el gran reto que ya asumió el Pacto Histórico en su decisión política de la lista cerrada y paritaria con representación étnica, cultural y de grupos de las poblaciones diversas.
