Dirigentes sindicales analizan la crisis política y económica, y las negociaciones con las organizaciones de trabajadores del Estado
Redacción Laboral
Es urgente la retoma de las calles con todos los cuidados y protocolos de bioseguridad, porque los paros virtuales no detendrán las políticas contra la educación, dijo la dirigente nacional de Fecode, María Eugenia Londoño, en el foro virtual Negociación Estatal en Tiempos de Crisis Sociopolítica y Económica, adelantado por la Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social, Corpeís, el pasado 25 de enero.
En el evento también participaron Humberto Polo, de Sintraemsdes; Germán García, de la Subdirectiva Sunet – Bogotá y Williams Reyes, de Fenaltrase quienes desde sus experiencias aportaron para hacer una radiografía acerca de las relaciones obrero-patronales en el Estado, y las perspectivas de las peleas por trabajo digno.
El contexto de la educación
Para la docente María Eugenia, la crisis que vive el capitalismo no es de carácter coyuntural sino estructural y -considera- que no se debe a la pandemia, sino que fue agravada por esta. Explicó que la política educativa en Colombia no es de Estado, sino orientada por la banca multilateral que plantea que la educación debe ser puesta al servicio de la economía, que debe ser mercancía y generar ganancias al capital.
Agregó que, para lograr esos objetivos, desde el Establecimiento se ha propuesto desaparecer a Fecode; el referendo uribista para focalizar la gratuidad de la educación a través de bonos a hogares según estatus socioeconómico; y proyectos de ley que cursan en el Congreso para privatizar la educación, uno de ellos permite que cualquier padre o madre de familia pueda educar a su hijo.
Comentó que el coronavirus no es contemplado como una enfermedad profesional, que con el acoso laboral se han ido alrededor de 20 mil maestros del sistema educativo y que 818 han fallecido por covid.
Por si fuera poco, los compromisos gubernamentales obtenidos entre la Federación y el Gobierno nacional apenas se cumplieron en un 30%, incumplimientos en los que está la reforma estructural al Sistema General de Participaciones.
María Eugenia también denunció la estigmatización y el terrorismo de Estado, y que el Gobierno ha declarado al magisterio como su enemigo interno: “Saben que si desaparecen a Fecode podrán privatizar sin problema la educación pública. Por eso planteamos la necesidad de trascender de la lucha gremial a la política y hay que salir a la calle a organizar comunidades, porque a este gobierno no le importa la vida”.
Agregó que, si no hay las condiciones de bioseguridad, los profesores no están obligados a ir a las instituciones educativas, por lo que exigirán una declaratoria de una emergencia educativa para que haya inyección de recursos que prepare a las instituciones para el regreso de estudiantes, administrativos y profesores; vacunas para la comunidad educativa y cierre de la brecha digital con dotación de dispositivos e internet para todos.
De plantas a OPS
A su turno, Germán García destacó como problemas actuales la sobrecarga laboral y el trabajo mediado por TIC, a lo que se suma la falta de los suficientes elementos de bioseguridad. “En la práctica solo dan un tapabocas de 500 pesos. En Bogotá se sufre eso, por ejemplo, en Comisarías de Familia donde se ve a mucha gente y los elementos de seguridad no son suficientes”.
Señaló cómo cada vez que un funcionario público se pensiona, la entidad suprime el empleo y se pasa a órdenes de prestación de servicios, OPS. De esta manera, la relación de prestación de servicios con la de empleados de planta es de tres a uno. “Hay muchas cuotas políticas, se apoyan en el senador o concejal o gobernante para hacer la OPS y eso va en detrimento del movimiento sindical”, expresó y denunció que muchos alcaldes y gobernadores no negociaron pliegos de peticiones con el argumento de la pandemia y la cuarentena.
A manera de autocrítica, manifestó que hay muchos sindicatos pequeños de 28 o 35 personas, lo cual debilita al movimiento sindical, más cuando se quiere negociar petitorios. Asimismo, que hace falta cualificación de los dirigentes sindicales.
En palabras de Germán, los concursos del Estado se prestan para confusión porque se cree que los sindicatos no están de acuerdo, pero no es así, con lo que no se está de acuerdo es en la forma de las preguntas y en la filtración de los exámenes como ha sucedido en Norte de Santander y Huila, donde estos se han vendido a varios concursantes.
“Con esos concursos se han adelgazado las nóminas y quienes llegan lo hacen con prestaciones distintas, con sobrecargas laborales, dicen que el sindicalismo no está de acuerdo con eso y no se afilian”, anotó.
Hizo énfasis en la necesidad de que los sindicalistas estudien para que tengan claridad política, formación ideológica y niveles de conciencia social, como elementos principales en las confrontaciones que se avecinan.
División y esquirolaje
Por su parte, Williams Reyes anunció que hay una amenaza de una reforma laboral para imponer contratos por horas y pauperizar más las relaciones laborales, lo que implicará afectaciones fuertes al movimiento sindical. Para él, las grandes movilizaciones que se daban en el mundo en 2019 fueron aplacadas con las cuarentenas.
“Este momento ha sido muy bien aprovechado por el Gobierno Duque para imponer un paquete que nos habían anunciado cuando se discutió el Plan Nacional de Desarrollo”, advirtió Reyes.
Además, reveló que se confinó el proceso de seguimiento del acuerdo nacional estatal, que solo hubo tres reuniones cuando se había estipulado mínimo una mensual, y que no se volvieron a convocar las comisiones de seguimiento. “En medio de la división sindical y del esquirolaje, que se hace a través de las nuevas federaciones y centrales obreras, se ayuda a marchitar el proceso de negociación colectiva”.
Baja sindicalización
Humberto Polo mostró la necesidad que tiene el modelo neoliberal de tener una fuerza laboral barata, acceder a recursos naturales y privatizar para obtener más plusvalía, lo que produce que se acentúe la tercerización laboral, la informalidad y la pérdida de empleos en el sector de los servicios públicos. En consecuencia, hay afectación a los hogares colombianos que actualmente deben destinar entre el 35 y el 40% de sus ingresos, lo que a la vez acrecienta la crisis económica del país.
El dirigente de Sintraemsdes ve como un grave problema que de los 250 mil trabajadores que laboran en empresas de servicios públicos, menos del 1,5% está afiliado a un sindicato. Además, que solo 0,39% de la Población Económicamente Activa accede a una negociación colectiva. “En 2018 hubo un registro de 224 nuevas organizaciones sindicales y en 2019 de 179. En 2018 hubo 238 convenciones colectivas y 297 en 2019”, ejemplificó.
Mostró a los contratos sindicales y la división al interior del sindicalismo como dos de los grandes problemas en el movimiento sindical. De manera autocrítica, Polo señaló que casi nada se ha hecho para reglamentar el Artículo 53 de la Constitución en lo relacionado con la expedición del Estatuto del Trabajo. “Ese estatuto tendría que ocuparse de la negociación por rama económica o de industria para garantizar que todos los trabajadores accedan a esos derechos, mientras las negociaciones sean por empresas no tendrán el impacto que se requiere. En el tema de los estatales, debe haber una negociación única en el país”, concluyó Humberto Polo.
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