“Así quieran estropear la JEP y el proceso de paz, para nosotras esta es muy importante. Necesitamos que nos escuchen, que se sepa la verdad y con la JEP romperemos la barrera de imposibles”: Margarita Restrepo
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Los casos de desaparición forzada son catalogados como los más dolosos para las familias que reclaman hallar razón sobre sus seres queridos. Luego de 16 años de exigir justicia sobre cientos de estos crímenes, la Justicia Especial para la Paz, JEP, brindó medidas cautelares a 16 lugares en donde posiblemente se encuentren miles de personas desaparecidas. De estos lugares, cuatro son de Antioquia en donde se vinculó a la Comuna 13 de Medellín. Este proceso inició bajo petición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, el 30 de agosto del 2018.
Esta semana y por primera vez en 16 años, las víctimas de desaparición forzada en Medellín, participan en su primera audiencia para esclarecer los hechos y, sobre todo, avanzar en la búsqueda de sus seres queridos.
Las familias de las personas desaparecidas aseguran que las medidas cautelares buscan proteger los lugares en donde se ha dicho que están los cuerpos de sus seres queridos, identificar a sus familiares y conocer la verdad sobre la desaparición: ¿quién ordenó estos hechos?
Años de impunidad estatal
Luis Javier Laverde Salazar era comisionista de propiedad raíz, su desaparición se dio el 9 de diciembre de 2008, cuando fue bajado a la fuerza del colectivo en el que se movilizaba a sus labores cotidianas, lo montaron a una camioneta gris y nunca más se supo de él.
VOZ dialogó con Luz Elena Galeano, esposa de Luis y quien ha emprendido una lucha incansable por hallarlo, desde entonces. Luz Elena comenta que, según las versiones sobre su desaparición, su esposo podría estar en La Escombrera, “se dice que existen entre 300 y 350 cuerpos sepultados. Lugar que no ha sido posible que se intervenga por parte de las autoridades, muy por el contrario, al día de hoy, estos cuerpos se hayan debajo de los 25 pisos de escombros que han ido arrojando allí, “están enterrando la verdad”.
Al recordar el viacrucis de su búsqueda, afirma que, “siempre hemos denunciado los cuerpos sepultados, pero como la mayoría de los perpetradores han sido agentes estatales, que en el año 2002 hicieron más de 23 operaciones militares, entre ellas la Mariscal y Orión, en las que se reportaron desapariciones forzadas, reclutamientos, torturas, asesinatos y violaciones a mujeres. Todo esto sigue en la impunidad y ha sido por la falta de voluntad política para encontrar la verdad y la justica”.
En el año 2015, el paramilitar Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8, declaró que había asesinado entre 50 a 60 personas y que las habían enterrado en la Arenera, otro lugar en la Comuna. Fueron tres puntos que los denominaron polígonos y, desde el 5 de agosto a diciembre del 2015, se adelantó una prospección arqueológica, sin embargo, la fiscalía aseguró que no encontró ningún cuerpo. El proceso quedó de adelantarse el siguiente año, pero nunca les cumplieron a las víctimas.
“Esta es una revictimización, porque es un deber del Estado continuar con la búsqueda de nuestros familiares”, asegura doña Elena. También denuncia que desde el 2012 le tocó salir de la comuna, pues hombres desconocidos la abordaron para amenazarla, “me aseguraron que no podía seguir averiguando por mi esposo, ni por ninguno más”.
La importancia de la JEP para las víctimas
En conversación con Margarita Restrepo, otra de las familiares de desaparecidos, asegura que, “la JEP no se trata de cualquier institucionalidad, este es un organismo que quedó de los acuerdos de paz, se trata de construir un país y de un derecho de las víctimas”.
Esta justicia especial les ha permitido a las madres, esposas y hermanas, volver a tener esperanza sobre sus derechos después de muchos plantones, marchas y vigilias. La JEP es el resultado de su propia resistencia, “las audiencias que se van a dar son el resultado de nuestra resistencia, es un logro muy grande, tenemos mucha esperanza. Son 16 puntos que hay en Colombia para los cuales hay medidas cautelares y el primer lugar que escogió la JEP fue la Comuna 13. Esto es muy valioso, aquí hay muchas fosas”, afirma Restrepo.
Comenta que la importancia de este proceso inicia por la protección de los lugares en donde están enterradas las personas sin identificar: “El propósito es que la JEP proteja estos lugares donde hay restos óseos, que no le sigan echando escombros, que no nos sigan hundiendo más la verdad. Allí están los seres queridos, lo hemos dicho tantas veces y no nos han escuchado, donde nos hubieran escuchado desde el principio esto no habría pasado. La institucionalidad y el Estado sabían que ahí estaban tirando cuerpos, que ahí estaban escondiendo el crimen, ahí hay dolor y ahí está el sufrimiento de unas madres. Por eso la JEP es tan importante para nosotras”.
Igualmente, afirma Margarita, “así quieran estropear la JEP y estropear el proceso de paz, para nosotras es muy importante que nos escuchen, que se sepa la verdad y con la JEP romperemos las barreras de imposibles”.
La esperanza de unas familias ante el maltrato del Estado
Doña Margarita recuerda con mucho dolor la desaparición de su hija en el marco de la Operación Orión: “Ella se llamaba Carol Vanesa Restrepo y tenía 17 años. Mi niña estudiaba en el colegio, pero en ese momento de la desaparición habían suspendido los estudios por la misma confrontación entre los grupos armados y la fuerza pública”.
Su hija desapareció con otros dos jovencitos, Cristian Adrián Castrillón Castrillón y Jhon Jairo Durango Machado, “a nosotros ya nos habían desplazado y vivíamos de arrimados donde una señora amiga, en Itagüí y ellos pasaron por la comuna 13 y de ahí se los llevaron. El día que ella desapareció fue un viernes y al otro día puntual yo corrí a la fiscalía y a la policía a denunciar, pero no me quisieron recibir las denuncias. Me decían que tenía que esperar, que eso era que se había ido y me había dejado, que estaría por ahí bien tranquila, siempre sacaban unas versiones muy distintas, pero yo seguía con mi desespero y con mi dolor”, comenta que la denuncia se la recibieron a inicio de la siguiente semana.
Margarita recuerda que cada ocho días iba a Medicina Legal, hasta que un día la respuesta que le dieron fue: “Hay señora, cuando la encontremos le avisamos”, y agrega, “eso para mí fue muy desgarrador. En ese momento yo caí por la pared desvanecida, entendí que no estaban pensando en mi dolor y pensé que mi hija solo me dolía a mí y que nada más tenía que hacer allá”.
Margara, como le llaman cariñosamente, poco a poco se fue vinculando al movimiento de víctimas y a la Asociación de Mujeres Caminando por la Verdad: “Llegué allí y me sentí muy bien, allí sí me escucharon, fueron muy humanos conmigo. Y me siento muy satisfecha, porque ahí fue donde aprendí a hacer valer mis derechos y a vencer el miedo”, y asegura que: “Tenemos la esperanza de que la JEP va a hacer valer los derechos de las víctimas”
Luz Elena y Margarita mencionan que la desaparición es muy dura y ya no creen en las instituciones, pero ahora tienen la esperanza “de saber qué pasó con nuestros seres, a dónde les vamos a poner una flor, donde vamos a ir a echar agua, a cantar o a votar esas lágrimas”, relata Margara.
Para ellas es importante que se visibilice esta situación y mencionan que han aprendido a romper el silencio y a vencer el miedo: “Queremos la paz y le queremos aportar a la construcción del país. Eso nos lo han enseñado aquí en las organizaciones y le tenemos que enseñar a los que son malos que somos fuertes y vamos a salir adelante”, asegura Margara y recuerda que ya le habían matado un hijo, “con él, al menos, sé a dónde puedo ir a rezar un padre nuestro o a llevar una flor, pero con Carol Vanesa no sé, por todos lados que voy caminando siento que ella está ahí. La JEP para nosotros es una esperanza de la verdad, la esperamos con mucha fe”.
