El pasado sábado 24 de octubre el Comité Campesino de Defensa de los Playones y Sabanas comunales de San Marcos, Sucre, fue víctima de la masacre de cinco de sus integrantes, incluido el abogado defensor de tierras
Jaime Osorno (*)
Reunidos en inmediaciones del sector llamado Alto del Tigre, en alrededores del predio Armenia, los campesinos y pescadores fueron sorprendidos el pasado 24 de octubre por hombres armados que llegaron en lanchas denominadas “Johnson” y abrieron fuego sobre la integridad de los campesinos.
Este hecho es el segundo que se presenta en menos de siete días, luego que el histórico dirigente campesino de La Villa de San Benito Abad, municipio aledaño de San Marcos, Hermando Benítez, sobreviviera a un atentado con disparos en la sede campesina de este municipio. Benítez había puesto la denuncia en la fiscalía departamental y nunca fue notificado para ampliarla o para iniciar la investigación. Primero llegaron los sicarios.
Las denuncias ignoradas
Quince días antes de la masacre un grupo armado ingresó a los terrenos comunales colindantes al predio Armenia, supuestamente como parte de un operativo de la Policía Nacional. VOZ pudo establecer que los hombres armados en dos camionetas no tenían prendas oficiales ni números de identificación. Alcanzaron a tumbar algunos ranchos ubicados en las inmediaciones de la propiedad y se fueron tras observar la gran cantidad de campesinos que salieron a reclamar por su presencia, entre ellos dos de los labriegos asesinados.
La senadora Aída Avella ha estado advirtiendo de las amenazas que han sido objeto los campesinos y pescadores usuarios de los playones y sabanas comunales de esta región. Ha denunciado las pretensiones que ganaderos y terratenientes de la zona tienen para apropiarse de terrenos del Estado que, dicho sea de paso, son adjudicables.
En su cuenta de twitter denunció nombres de personas que debía estar siendo investigadas por los hechos que originaron la masacre. “Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, que desde Bogotá investigue a los señores «Mono» Arabia y Peter Rivera, quienes el 5 octubre de 2020 en el sitio «paso del Tigre», con hombres armados y encapuchados, capturaron ilegalmente a Plácido Cochero, insultaron campesinos y quemaron ranchos”. Y a renglón seguido dijo: “El abogado Alquimedes Centenaro, también fue amenazado, pedían que se salieran por las buenas o pasaba algo. ¡Y pasó! ¡Ayer hubo una masacre! La justicia no puede ignorar estos hechos tan graves”.
Terratenientes envalentonados
Desde el mes de enero de este año se han denunciado en varias ocasiones estos hechos y se le ha exigido a la Autoridad Nacional de Tierras que adelante las acciones de deslinde, clarificación y recuperación de los cuerpos de agua y los terrenos comunales.
Los ganaderos y terratenientes que pretenden apropiarse a los terrenos comunales están envalentonados. Por los hechos de los últimos días se infiere que están dispuestos a pasar por encima de la vida de los campesinos para cumplir su cometido. Con toda seguridad acciones deliberadas han contribuido a materializar la masacre ocurrida en San Marcos.
Otro de los antecedentes de la masacre son los panfletos que distribuyeron en toda la zona a mediados del mes de octubre, amenazando a los comités campesinos, antecedidos de declaraciones en twitter de la dirigencia política del departamento en contra de campesinos que supuestamente usurpan tierras. De hecho, el trino que llama la atención es de la cuenta del expresidiario Álvaro Uribe Vélez, quien había denunciado un supuesto robo de tierras, justo en San Marcos, lugar de la masacre del pasado sábado.
Un territorio en disputa
Estos municipios corresponden a la subregión del San Jorge en Sucre, donde se libra una disputa por los terrenos comunales que caracteriza a esta región de grandes complejos cenagosos como Amansaguapo, Machado, Caño Palomo, Dividivi, Caño Viloria, Matarratonal, Zarzal, entre otros. Los terrenos comunales son reserva territorial del Estado cuyo uso está destinado exclusivamente para campesinos sin tierra o con tierra insuficientes para adelantar las labores de subsistencia.
Estos terrenos comunales de los complejos cenagosos de San Marcos son objeto de procesos agrarios de deslinde desde hace más de 20 años, donde la clase política gamonal impone mandatarios y sus partidos ejercen control en las entidades con competencias sobre los procesos de recuperación de estos terrenos, impidiendo que se recuperen al dominio de la Nación. El poder de las armas copta las determinaciones de las autoridades competentes. “Todo el mundo sabe que, por aquí, esas autoridades trabajan para los políticos que nos persiguen”, dice un campesino de la región que pidió no revelar su identidad.
El desespero y la ambición de los terratenientes se alía con la insensatez burocrática para apelar a artimañas jurídicas, y hasta fraudes procesales con el objeto de desconocer, dilatar u ocultar procesos agrarios en sede administrativa y judicial. Incluso, señalan los campesinos del Comité víctima de la masacre que, hasta las autoridades nacionales de tierras, han querido desconocer la existencia de las ciénagas en disputa y sus terrenos comunales.
Los antecedentes judiciales advierten que las autoridades trabajan en función del interés terrateniente. El señor José Ignacio Lacouture Armenta, exsubgerente nacional de tierras del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, fue condenado a 120 meses de prisión por la “desaparición” de la ciénaga de Amanzaguapos, Dividivi y Caño Viloria, en San Marcos, Sucre, con el objetivo de adjudicársela a los terratenientes y acaparadores ilegales con predios aledaños a estos cuerpos de agua.
Movilización campesina
Ni las autoridades judiciales ni administrativas han querido dar solución a la problemática del territorio de San Jorge y, por el contrario, han sido los defensores de derechos humanos los que han denunciado nacional e internacionalmente lo que sucede en Sucre. Los defensores del campesinado han estado denunciando los pactos entre paramilitares para que los reclamantes de tierra desistan de seguir luchando por las ciénagas y las tierras de la región.
“La comunidad campesina se niega a que el miedo se apodere de sus territorios y mentes, y por tanto sigue adelante, a pesar de los atentados en la defensa de su derecho legítimo al acceso a las tierras y la defensa de su territorio. Estamos haciendo un llamado a una movilización campesina para detener la violencia en estos territorios ancestrales para el campesinado”, señaló uno de esos defensores de los derechos campesinos, quien también pidió reserva de su nombre.
Las múltiples solicitudes y alertas que se han realizado a los gobernantes, así como la exigencia a que intervinieran en favor de los más desprotegidos no han tenido respuesta por parte del gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa y los alcaldes que ejercen autoridad administrativa en los municipios afectados.
No basta con ofrecer recompensas y hacer declaraciones de falsas condolencias. De hecho, los cuerpos de los masacrados reposaban en la Unidad de Investigación de la Fiscalía a la espera de ser entregados a sus familiares. (Al cierre de esta edición ni la alcaldía ni la gobernación se pronunciaron para apoyar con los gastos funerarios a las familias víctimas de la masacre).
Aquellos que pretenden apropiarse ilegalmente de los terrenos comunales, serían los responsables de los asesinatos en San Marcos, del atentado en San Benito y las amenazas en toda esta región a los comités campesinos que defienden estas tierras.
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