El camino que construye la lucha por la solución política y negociada al conflicto social y armado, con la firma del acuerdo de paz, firmado entre las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano, se ha caracterizado especialmente, por el incumplimiento sistemático de la implementación de lo pactado por parte del actual gobierno, mientras el partido FARC consecuentemente ha mantenido su compromiso con el acuerdo firmado.
La decisión de las FARC de reconocer su responsabilidad en los homicidios de Álvaro Gómez, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal, Pablo Emilio Guarín, Hernando Pizarro y José Fédor Rey, que, si bien son hechos evidentemente lamentables, como producto de la guerra que ha vivido el país, representan una gran importancia política en el cumplimiento de lo acordado y contribuyen al conocimiento de la verdad y abren las puertas a la justicia, la no repetición y a la paz anhelada.
Llama la atención el desarrollo de la tesis del negacionismo histórico que impone el uribismo y difundida por el Centro Nacional de la Memoria, al pretender negar la existencia del conflicto armado y por esta vía los alcances del proceso de paz, pues ahora buscan desvirtuar el logro político que significa dicho reconocimiento de responsabilidades por parte de FARC, al señalar de manera descarada que su intención está dirigida a limpiar la imagen del expresidente Samper, a quien señalan de ser responsable en el caso de Álvaro Gómez.
Ligado a estas pretensiones, el presidente Duque desconoce el papel que ejerce la JEP para llevar a fondo la búsqueda de la verdad y la justicia, y desafía la ruta que se consigna en el Acuerdo de Paz y, además, quiere imponer a la Fiscalía como la institución pertinente para el tema, lo que se suma a las acciones de desconocer los fallos de la justicia en relación a la presencia de tropas de los Estados Unidos en el territorio nacional; el desacato al fallo sobre los límites de la fuerza pública en las movilizaciones; el rechazo a la decisión de la casa por cárcel de Uribe; las trabas y señalamientos a la JEP, entre otras.
Lo de fondo con el establecimiento es que tienen miedo a la verdad, y buscan abrir puertas al autoritarismo y la guerra sucia, por medio de la violencia, el terror, la intolerancia y la mentira como formas de gobernar, para evitar que la ciudadanía conozca la realidad, los costos de la guerra, quiénes dieron las órdenes, la relación del establecimiento con el conflicto, la relación de los grupos paramilitares con el Estado, los promotores y financiadores del genocidio, como empresarios, políticos, etc.
La JEP debe exigir la verdad a las elites gobernantes y de todos los que participaron en el conflicto, para que declaren sobre su papel en los crímenes de Estado de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda, Teófilo Forero, José Antequera, José Miller Chacón, miembros del Comité Central del PCC, en el marco de un genocidio contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica, como también los numerosos casos de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas que son fundamentales y deben ser esclarecidos en la verdad histórica para avanzar en la paz.
El PCC reclama de los expresidentes, los altos funcionarios, civiles y militares, responsables de las cadenas de mando de los gobiernos, a comparecer voluntariamente ante la JEP, no se pueden quedar en el silencio y al contrario tienen mucho que decir, para esclarecer lo que la justicia ordinaria no ha querido o no ha podido mostrar a la ciudadanía.
Compartimos el llamado por la construcción de un movimiento por la verdad histórica, que presione y permita que salgan a la luz pública miles de relatos, que la memoria colectiva de las/os perseguidos, explotados, excluidos, adquiera su verdadero valor como puerta principal del acceso a la paz y la no repetición del genocidio y la sucesión de los ciclos de violencia en el país que retoman el anticomunismo y la persecución política con diferentes nombres (terrorista, castrochavismo). Necesitamos un cambio real para que haya una paz incluyente, duradera, respetuosa de la gente, con la garantía de que no existan riesgos para la vida de quienes queremos un cambio político y social en Colombia.
Para avanzar en la tarea, proponemos la realización de un gran foro nacional por la verdad, que pueda recoger y articular diferentes expresiones sociales y políticas victimas del conflicto y defensoras de un país en paz. Es la hora de la verdad y del compromiso sincero de todas las fuerzas y facciones políticas con la democracia, la convivencia la inclusión social y la redistribución de la riqueza.
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