Partido Comunista Colombiano
La masacre de campesinos cocaleros cerca de Tumaco es un crimen de Estado con graves consecuencias para el proceso de solución política que se implementa en el país. El Gobierno nacional adelanta una ambigua política de erradicación forzada de cultivos contrariando el acuerdo de paz en su punto cuarto en donde se establece la prioridad del diálogo, la concertación y la sustitución voluntaria con base en planes y proyectos que el Estado debe financiar y concretar con los agricultores. El Gobierno colombiano se doblega ante la presión de Washington, que públicamente descree del Acuerdo de Paz en su punto IV y le impone al país la erradicación forzada e incluso exige retornar a la fumigación.
Los espectáculos repetidos de enfrentamiento de la policía antinarcóticos o del Esmad, con presencia de tropas del Ejército en apoyo a la erradicación forzada, expresan el fracaso del denominado Plan Victoria que condena al Ejército Nacional a acompañar una política en contravía de la paz. La directiva 015 de abril del 2016, establece las nuevas categorizaciones de enemigos a los que se aplica la fuerza letal del Ejército como una prolongación de la guerra. Los muertos civiles y la fuerza pública ilesa contradicen cualquier versión que niegue que la policía disparó ráfagas contra los manifestantes como ellos mismos lo testimonian. Incluso, las contradicciones entre ejército y policía en circunstancias parecidas, demuestran la incoherencia del Estado entre el compromiso de cumplir el acuerdo de sustitución voluntaria y concertada y la tarea absurda de erradicar forzadamente en igual proporción.
El Partido Comunista Colombiano condena esta masacre, la señala como un crimen de Estado y exige una investigación exhaustiva con participación de la comunidad internacional, con investigadores independientes e intervención de las organizaciones civiles. Reclama una revisión de fondo del Plan Victoria y simultáneamente de la directiva 015. Señala que la responsabilidad del Ministerio de Defensa en la aplicación de este tipo de políticas no admite ningún tipo de excusa. Deben parar las nuevas políticas de contrainsurgencia, los señalamientos que inventan un nuevo “enemigo interno” y que, en la práctica, revictimizan a la población civil.
Este crimen gravísimo ocurre cuando existen claras demostraciones de incumplimiento en la implementación del Acuerdo por parte del gobierno, en medio de una campaña inmisericorde de los enemigos de la paz para reversar lo alcanzado e impedir los cambios y reformas que le permitan al pueblo colombiano restañar heridas y avanzar al horizonte de una apertura democrática.
La sociedad colombiana debe levantarse en contra de esta nueva forma de la guerra social contra sectores del pueblo en momentos en que la corrupción corroe las altas esferas del Estado y compromete a poderosos sectores del capital en el mantenimiento de un régimen de desigualdad que pretende prolongar la contrainsurgencia y la exclusión política ante los nuevos sectores que se reincorporan a la vida nacional. Hay que unir fuerzas por garantías plenas, para que opere la Justicia Especial de Paz, porque cesen la impunidad y la corrupción en el poder.
Convoca a todas las fuerzas democráticas a apoyar el Paro Nacional del 12 de octubre como expresión de solidaridad y respaldo a las familias campesinas rudamente golpeadas, con la exigencia de no repetición de una violencia amparada en las armas de la república.
