Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Se cumplió el primer día de cese de actividades y movilizaciones de los profesores afiliados en la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, en rechazo a la violencia de que son víctimas.
En Bogotá, desde las 9 de la mañana se concentraron frente a la sede de la Fiduprevisora, para pedir respeto por su régimen de salud. Luego caminaron 30 calles por la carrera 15 hasta la calle 100, frente al Ministerio de Trabajo, donde hicieron un plantón.
Por su parte, y en respuesta al paro, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, emitió un comunicado en el que dijo que el Gobierno Nacional mantenía firme el compromiso con la protección del Magisterio. No obstante, más allá del acuerdo, la situación de derechos humanos de los docentes en varias regiones del país, es preocupante.
Según el MEN, la ministra María Victoria Angulo ha realizado durante el último mes reuniones entre entidades estatales y Fecode, para adelantar un trabajo articulado que permita determinar las causas de las amenazas, la definición de las acciones de protección y todas aquellas necesarias para brindar plenas garantías y respeto a la vida de los educadores del país.
Sin embargo, los docentes tienen miedo de ejercer su profesión en zonas en guerra o de dominio paramilitar, y contra ellos crecen las amenazas, los atentados, la extorsión y el desplazamiento.
Motivos sobran
Como si fuera poco, los maestros dicen que desde el Establecimiento se ha generado una campaña de señalamiento con recepción en algunos sectores de la sociedad. Son conscientes de que con la ayuda de los grandes medios de comunicación y las redes sociales se ha pretendido estigmatizar al sindicalismo, a la oposición política y a quienes reclaman sus derechos. Por eso se sienten bien en las calles, porque ven la oportunidad de comunicarse directamente con los transeúntes, expresarse con arengas y discursos, y entregarles un comunicado en el que dan a entender su real problemática y su real pelea. Temas que no se profundizan en la gran prensa.
Mientras caminaban por las calles del norte de la capital del país, eran grabados y fotografiados con celulares por peatones que también los aplaudían, como muestra de apoyo. Tal vez han entendido que el problema de la educación es de todos, no solo de profesores y estudiantes.
El profesor Miguel Cadena dijo que hay muchas razones para protestar: “El rechazo a las reformas que están haciendo en el tema pensional y laboral, pero sobre todo, por los asesinatos y desplazamientos de los que son víctimas los docentes. Al marchar visibilizamos nuestro problema, generamos un poquito de caos en el tránsito del norte de Bogotá, a ver si se construye una consciencia en torno a lo que pasa en el país”.
Por su parte, la docente del Colegio Pablo Sexto en la capital, Vilma Barrios, explicó: “Hoy marchamos por el asesinato de líderes sociales y sindicales. Porque nos están asesinando a todos, a quienes transformamos el país. Sabemos que hay problemas sociales, pero necesitamos un Estado que nos proteja. Pedimos el desmonte al Esmad y el fin de la represión a las organizaciones sociales”.
Solo un caso
La violación a los derechos humanos del magisterio se presenta con mayor frecuencia en las zonas rurales y en municipios alejados, y los casos no son publicitados. Cientos de profesores han tenido que dejarlo todo de un momento a otro. Huir para salvaguardar su vida y la de sus familias.
Como una más de los miles de marchantes, se movilizó en Bogotá la profesora Carmenza Gutiérrez. La motivación de la protesta la tocaba especialmente a ella, pues fue víctima de desplazamiento forzado en varias ocasiones. Se le nota afectada al recordar. Dice que hasta ahora no había comentado su caso.
“La primera fue en Chigorodó, Antioquia, en 1995. Los docentes fuimos desplazados por los paramilitares. Fue asesinado el jefe de núcleo, dos profesores, un rector y su hermano. Tocó salir en la noche solo con mis documentos personales y perdí todo lo material para salvar mi vida”, comenta la profesora Carmenza, quien era docente de primaria en la escuela rural El Plátano, de donde luego renunció por temor. Su calvario no terminó ahí.
En 1996 concursó de nuevo y se vinculó en Ituango, Antioquia, de donde salió nuevamente desplazada por la masacre que paramilitares perpetraron en El Aro, en octubre de 1997. “Salí con mi niña de un año de edad. Esta experiencia fue muy dura. Poco lo comento, pues lo quiero borrar de mi vida. Me fui a Medellín donde vivimos indignamente en colegios, hacinados, en fin, una situación deprimente…”
El sindicato Adida la apoyó. Estuvo en el comité de amenazados por varios meses y fue reubicada en la vereda San Blas de San Carlos, en el mismo departamento.
“Allí viví diferentes tipos de violencia, tomas guerrilleras, en la vía San Carlos – Medellín en varias ocasiones grupos armados nos dejaban todo el día en la vía, sin podernos mover, o quemaban los carros. De ahí salí desplazada en el 2001. También perdí todo lo material”, rememora la marchante.
Dice que en San Carlos por esa época pasaban los militares, y a la hora pasaban los paramilitares y hacían las masacres. De ahí se desplazó por temor, porque hubo una masacre en una vereda cercana a su escuela y dijeron que seguía la de ella. “Toda la comunidad se desplazó y por ende yo también lo hice”.
Regresó nuevamente a Medellín donde fue reubicada en un barrio violento: “…pero al menos respetaban la labor docente”. Hace 10 años labora en Bogotá y expresa que por su caso nunca recibió ningún tipo de apoyo por parte del Estado. “Los apoyos psicológicos me tocó pagarlos con empresas privadas”.
Casos como el de la profesora Carmenza Gutiérrez se repiten con frecuencia en el país. Por eso marcharon. Para que haya soluciones de fondo, medidas que pasan por el desmonte del paramilitarismo. Que vayan más allá de las buenas intenciones y las reuniones que se realizan en el Ministerio.
