“Pareciera que desde el Ministerio de Defensa se estuviera aprovechando la coyuntura de la pandemia para vulnerar derechos humanos y violar el acuerdo de paz, sobre todo, en materia de erradicaciones forzadas de cultivos. Es lo que hemos visto”: Juan Carlos Quintero
Carolina Tejada
@carolltejada
El compromiso del Gobierno nacional con la sustitución de los cultivos de uso ilícito, en el marco de punto cuatro del acuerdo de paz con las FARC, se recoge en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS. Dicha sustitución debe ser voluntaria y concertada en los Planes Integrales Municipales, en el contexto de la Reforma Rural Integral, RRI, y deberá contar con las comunidades.
Sin embargo, Juan Ramiro Atehortúa, presidente de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, el D.I.H. y la Defensa del Medio Ambiente de la Amazonia, Dhrimaa, comenta que el acuerdo no se cumplió a pesar de que desde sus inicios el gobierno de Iván Duque se había comprometido con las 130 mil familias, que firmaron para la sustitución voluntaria de cultivos. Entonces, esta se hace por medio de la violencia, aun cuando las familias empobrecidas que viven de este tipo de siembra no tienen alternativas económicas.
Erradicaciones y violaciones a los DD.HH.
Para Atehortúa, lo que viene haciendo el Gobierno es una “violación a los derechos humanos, e igualmente, hay una desmoralización de los campesinos por sus proyectos, porque tenían una idea clara de lo que podía llegar a ser, pero que no fue, por culpa de un gobierno mentiroso”.
Según relata el líder, esperaban que las violaciones a los DD.HH. por parte del Gobierno, pararan luego del acuerdo de paz, pero “el Ejército sigue atropellando al campesino, haciendo falsos positivos judiciales, equiparando el actuar de la comunidad con el de los grupos al margen de la ley. Lo que están haciendo es provocando un desplazamiento forzado por parte del mismo Estado”.
Uno de los líderes afro de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, Redphana, también le señaló a VOZ: “Lo que sucede con el PNIS es que todo se paró. A algunos consejos comunitarios de Tumaco se les hicieron unos desembolsos y nunca más apareció el Gobierno. A los demás consejos no los tuvieron en cuenta. A las comunidades las han venido erradicando de manera forzada, y en una de esas erradicaciones asesinaron a un campesino sin que se sepa aún si fue el Ejército o el Esmad”.
Este mismo panorama se vive en el Catatumbo, otra de las zonas con extensos cultivos de uso ilícito y en donde también se firmaron compromisos para la erradicación concertada. En esta región VOZ dialogó con Juan Carlos Quintero, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, quien explicó que para los campesinos de la región “existen fuerzas oscuras que vienen incrementando su accionar desde que llegó la crisis del Covid-19, eso está demostrado en el asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros de las FARC, en varias partes del país”.
Reflexiona que, en medio de la pandemia, asesinatos como los que ocurrieron en el Putumayo, representan esa intencionalidad y que son casos que se relacionan con las zonas en donde existe una disputa por el cumplimiento de los acuerdos de paz y de la sustitución de cultivos. “Hay un caso que fue muy relevante y es el del líder Marco Rivadeneira, en Putumayo. El análisis que uno puede hacer es que pareciera que desde el Ministerio de Defensa se estuviera aprovechando la coyuntura de la pandemia para vulnerar derechos humanos y violar el acuerdo de paz, sobre todo, en materia de erradicaciones forzadas de cultivos, es lo que hemos visto de manera simultánea”.
El caso de Marco Rivadeneira fue muy conocido en el ámbito nacional, pues era un líder destacado en todo el país. Fue asesinado el 19 de marzo, en el municipio de Puerto Asís. Era promotor de los acuerdos de paz y defensor de la sustitución de cultivos. Igualmente, está el asesinato del joven campesino Alejandro Carvajal, por parte del Ejército Nacional en el marco de la movilización contra las erradicaciones violentas, el 26 de marzo en Sardinata, Norte de Santander.
En el caso del PNIS, “estamos siendo invitados al funeral del programa. Las instancias creadas por el acuerdo de paz para este punto no se volvieron a convocar ni el consejo permanente de dirección del PNIS, ni la junta estratégica de dirección, ni las instancias locales están vinculando a más familias a la cobertura que tenía el programa. Prácticamente su acción administrativa es paquidérmica en los territorios. En el caso del Catatumbo, de 14 municipios con cultivos ilícitos el Gobierno solamente avanzó en la vinculación de dos, Sardinata y Tibú. En un balance insuficiente y contrario el acuerdo, mantienen la postura de no involucrar nuevos municipios”, comenta Quintero.
Zonas Futuro: Estrategia militar
Los líderes de estas regiones coinciden en que se está viviendo una estrategia militar “diseñada por el Comando Sur de los Estados Unidos, liderada por Rafael Guarín, consejero para la Seguridad del gobierno de Duque y que tiene varios fines. Uno de ellos, simular el cumplimiento del acuerdo de paz y que a su vez lo desnaturaliza desde el punto de vista de dos herramientas sociales que tienen los territorios”, argumenta Quintero.
El dirigente agrario habla del decreto que reglamenta las Zonas Futuro, el decreto 2278 de 2019, en el que, según el Gobierno, se destinarán recursos para acelerar el desarrollo en las zonas consideradas como las más afectadas por el conflicto. Y en donde el Gobierno concentrará esfuerzos para resolver los denominados desafíos sociales y de seguridad en Colombia. Estas zonas son Catatumbo, Pacífico nariñense, Bajo Cauca, sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y parques nacionales naturales aledaños.
Según Quintero, “bajo esta estrategia se estimula el incumplimiento del acuerdo de paz, se desnaturaliza el Plan de Desarrollo y se hace todo el esfuerzo posible para regresar a una vieja política de guerra contra el narcotráfico, que ha fracasado. Su principal piloto es la zona del Catatumbo, es lo que el gobierno de Duque a través de José Emilio Archila Peñalosa ha llamado ‘Catatumbo sostenible’, que también les ha servido para generar las condiciones que permitan el financiamiento de economías como el carbón, petróleo y la palma, que en nada benefician a las comunidades”.
Esta lectura la comparten las comunidades de la costa pacífica nariñense: “Las zonas futuro, no son más que la militarización que ya venía haciendo el gobierno de Uribe, con el que controlaba los territorios para debilitar a los líderes y los procesos de las comunidades. Llegan y sin ninguna planificación o participación de la comunidad, hacen una escuela, sin profesores ni garantías para las comunidades y ahí dejan el elefante blanco”, menciona el líder.
En términos generales, en las zonas en las que los programas de sustitución de cultivos debieron haber avanzado y consolidado los proyectos productivos de las comunidades, estos no se han dado. Por el contrario, esas mismas zonas que creyeron en los acuerdos firmados en La Habana, hoy se encuentran, como los mismos líderes lo indican, sin la protección del Estado, en medio de quienes ejercen la violencia por el control del territorio y de los cultivos. Y, peor aún, en medio de una estrategia militar llevada a cabo por el Gobierno a través de sus Fuerzas Militares que no actúan como garantía de derechos, sino como la pandemia a la que la mayoría de la población de estas zonas le quieren huir por temor a perder lo que les queda: su integridad y su vida.
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