Con argumentos administrativos y de relaciones obrero patronales, se le solicita a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cambiar al presidente de la empresa y poner a alguien idóneo que garantice el crecimiento y la defensa de la misma, como entidad estatal
Martha Alejandra Wilches – Sintrateléfonos
La defensa de lo público no solo radica en no vender la participación del Estado en las empresas a privados. Debe ir ligado a la existencia de unas políticas públicas claras y concretas, a una administración sin artilugios contables, que de manera sana y equilibrada propenda siempre por la buena imagen de la empresa, a realizar una gestión trasparente y eficiente, sin pasar por encima de los trabajadores.
Lo anterior es fundamental si se quiere que los recursos generados por las empresas del Estado sean invertidos en los sectores más vulnerables, en infraestructura y demás temas relevantes para la reducción de la pobreza y las brechas de desigualdad y el crecimiento de la ciudad, al igual que entender que las mimas son mecanismos de reinversión y distribución para la sociedad.
Todo lo contrario a lo descrito, es lo que ha venido haciendo Jorge Castellanos Rueda, actual presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, y los altos administrativos, en los últimos cuatro años.
Contra la empresa
Pero, ¿cuáles son los argumentos para hacer la afirmación?: como primera medida, las múltiples declaraciones negativas del presidente de ETB sobre la empresa, las supuestas pérdidas (que con el tiempo reconoció que eran contables, no reales y que se deben a las depreciaciones y amortizaciones aceleradas); que ETB es poco competitiva y obsoleta, la comparó con zapatos viejos, etc. Todo esto “coincidió” con una cascada de sucesos como la pérdida de la calificación AAA de Fitch Rating y la caída del valor de las acciones en bolsa.
También está la aparente motivación al socio minoritario para vender sus acciones y casualmente la posterior adquisición y control de acciones a manos de un presunto fondo buitre (Amber Global Capital) quien ya tiene en su poder el 3,2% de las acciones privadas.
En tercer lugar, se definieron solo actividades que son propias del negocio (Ventas, Austeridad y Servicio) y no se definieron proyectos estratégicos, lo que no permite identificar la proyección que tiene ETB a futuro. Esto se ratifica en los hallazgos y observaciones en el PAD 2018 (Plan de Auditoría Distrital) de la Contraloría Distrital.
Asimismo, la reducción excesiva del presupuesto para la operación, las pésimas decisiones administrativas frente las políticas de servicio al cliente y la tercerización desmedida. Coincide con el aumento de las multas por sanciones interpuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio: $764 millones 2016, $2.163 millones en 2017 y $4.840 millones en 2018 derivadas de los PQRS.
Hay limitación en la instalación de la fibra óptica pese a tener la cobertura en muchas zonas de la ciudad, lo que ocasiona la alta estacionalidad de los elementos en las bodegas y por ende sobrecostos en pagos de almacenaje de alrededor de $1.183 millones.
De la misma manera, hay un debilitamiento de la presencia de ETB a nivel nacional, con la casi desaparición de programas de fortalecimiento de regionales; solo en Cúcuta cuando se adquirió Ingelcom en 2015, había 14 mil clientes con posibilidad de llegar a los 50.000, pero en esta administración solo quedan alrededor de 5.000 o menos.
Se ha dado un aumento del gasto administrativo que ya casi iguala a los gastos de producción. Hay creación de cargos administrativos como el de Coordinador de Seguridad con un sueldo de aproximadamente $12 millones, la adquisición de un vehículo blindado para presidencia por $160.000.000, subdirectores, en supuesta austeridad.
Finalmente, los ingresos están estancados.
Contra los trabajadores
Como si fuera poco, no solo maltratan a los clientes sino a los trabajadores con sus políticas de talento humano, las más inhumanas en más de 20 años, donde pareciera que el objetivo es acabar con los trabajadores sindicalizados y precarizar aún más a los tercerizados y contratistas. En este sentido, prácticamente desaparecen de los programas de talento humano orientados al desarrollo personal y laboral del trabajador por programas de consumo que en nada le aportan al crecimiento de ETB.
Se presenta el peor clima laboral, ambiente altamente tóxico y coercitivo, muestra de ello está la salida de más de 440 trabajadores, despidos masivos solapados con supuestos planes de retiros voluntarios (pasaban carta para plan de retiro… previa la carta de despido, para “incentivar” a que se fueran).
También hay una falsa “austeridad”, pues va en un solo sentido. La mayoría de despidos se han dado para cargos operativos sindicalizados en su mayoría y cuyos sueldos en muchos casos no superaban los $2.500.000 y el tiempo de servicio mayor a 18 años. Y, mientras se despiden trabajadores sindicalizados, contratan personal de salario integral (más de 10 smmlv) y les pagan altas bonificaciones por mera liberalidad para retenerlos (la de este año oscila los $12.000 millones de pesos).
Por otra parte, solo en un año se ha dado la salida de más de 75 niños de los colegios por el despido de trabajadores de ETB. Múltiples vulneraciones por interpretaciones amañadas a la convención colectiva de trabajo y a los derechos de sindicalización, como perseguir a los trabajadores por contactar al sindicato o por hacer denuncias de sus sitios de trabajo.
Finalmente, a muchos de los contratistas a través de jugadas muy hábiles no les pagan por las labores realizadas.
Es por todo esto y más que no alcanzamos a plasmar, que de manera respetuosa se le solicita a la alcaldesa de Bogotá, doctora Claudia López, que el señor Jorge Castellanos sea retirado de la presidencia de la empresa a la mayor brevedad, al igual que su alta dirección, quienes con sus actuaciones sistemáticas han demostrado ir en contravía del interés público y en contra del trabajo decente.
No pueden seguir prevaleciendo políticas que inducen a la privatización de la empresa y tampoco el irrespeto por el trabajador y la vulneración de los derechos de libertad de asociación, reconocidos internacionalmente cuando se proclama el fortalecimiento de la empresa pública.
La ETB es una de las empresas más importantes del país con una historia de 135 años construyendo y aportando a la sociedad bogotana y a nivel nacional, por lo que se reitera el lema de las y los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá: ETB no debe ser vendida sino bien administrada.
