Redacción Política
Existió por parte de las FARC una política de secuestros dirigida a cuatro objetivos: obtener recursos para la financiación del alzamiento armado; presionar el intercambio humanitario; ejercer control territorial y poblacional en áreas donde operaron sus unidades; y capturar a integrantes de la fuerza pública con miras a obtener ventaja militar en la confrontación armada.
Así lo explicó este 30 de abril, Carlos Antonio Lozada, senador por el Partido Comunes, quien habló en rueda de prensa a nombre del antiguo secretariado de esa organización insurgente, sobre la respuesta que dieron ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por la imputación hecha el pasado 26 de enero, sobre el macrocaso 01 o toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP.
Inicialmente, Lozada denunció y lamentó el asesinato en Santander deQuilichao, Cauca, del exguerrillero y firmante del Acuerdo de Paz, Arnoldo Medina, conocido en las filas de la insurgencia como el comandante Nelson 30, quien estuvo a cargo del frente que operó en la región suroccidental del país, y quien fue clave en la obtención de información para la construcción del documento radicado ante la JEP.
El escrito puesto a disposición de esta Sala consta de 130 páginas y comprende tres partes. En la primera se hace referencia a las responsabilidades individuales que les atribuyeron a los integrantes del secretariado, “comenzamos reconociendo nuestra responsabilidad en la política de secuestros de las FARC. Hacemos aceptación de los hechos y conductas descritos en el auto, dando respuesta de manera exhaustiva a los requerimientos que nos han hecho las víctimas”, dijo el excomandante guerrillero.
En la segunda, reconocen las condiciones de precariedad en las que mantuvieron a los secuestrados, dan respuesta a los cuestionamientos de las víctimas y admiten el sufrimiento infringido a las víctimas: “A pesar de que los malos tratos para con los prisioneros estaban prohibidos al interior de las FARC, se presentaron y lo reconocemos en el documento”, anotó Lozada.
Y, en tercer lugar, asumieron el compromiso y dieron respuesta a las exigencias de la Sala de Reconocimiento, con respecto a las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad relacionada con los aportes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, específicamente a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, acerca de personas que fallecieron en poder de las FARC.
Para el dirigente del Partido Comunes, en la medida que den respuestas a las demandas de las víctimas lograrán legitimar su proyecto político, “que es la continuación de los objetivos que llevaron al surgimiento de la guerrilla de las FARC”.
En la aceptación de cargos, también reconocen crímenes como violencia sexual y otros abusos, que, aunque -expresan-, no eran política de la guerrilla y no obedecieron a un patrón de comportamiento de sus unidades, sí se presentaron.
En el encuentro con los medios de comunicación, de manera virtual, también participó Pastor Alape, quien se dirigió directamente a las víctimas del conflicto, centro del Acuerdo de Paz: “Desde La Habana hicimos el esfuerzo máximo de que la paz pudiera aliviar a las víctimas y la respuesta de hoy tiene ese contenido, de reconocer los errores que cometimos en el conflicto, nuestras fallas en el Derecho Internacional Humanitario. Solicitamos desde nuestra humanidad y desde la de quienes les causamos dolor, algún día puedan perdonarnos”.
