Los sindicatos de Empresas Públicas de Medellín no aceptarán que se les recorten garantías laborales con el pretexto de la crisis generada por las administraciones del proyecto
Precisar el impacto social, laboral y económico del Proyecto Hidroituango, individualizar a los directos e indirectamente responsables de todo lo ocurrido por la crisis, abogar por las acciones jurídicas que sean necesarias para el restablecimiento de los derechos de las comunidades directamente afectadas y promover la más amplia discusión en el ámbito regional y nacional, son algunas de las propuestas de los sindicatos del grupo Empresas Públicas de Medellín, EPM, quienes estuvieron reunidos la semana pasada analizando las causas y consecuencias de la emergencia de Hidroituango.
Estas organizaciones representadas en Sintraemsdes, Sintraelecol y Sintraemvarias, y con una representación de la mayoría de los trabajadores y empleados de la empresa matriz y filiales como Une, Emvarias, Chec, Edeq, Cens, Essa, entre otras, se reunieron en la capital antioqueña.
Luego de sus intercambios de opiniones y dilucidaciones exigieron que se defina la responsabilidad de quienes tomaron decisiones administrativas, técnicas y jurídicas durante el desarrollo del Proyecto Hidroituango, que han puesto en riesgo la vida de miles de personas, la biodiversidad, el ecosistema e impactado la dinámica del grupo EPM.
“Defendemos el patrimonio público representado en EPM y sus filiales, habida cuenta que los resultados financieros se reinvierten en las comunidades propietarias de estas empresas. Pero igual y como un principio innegociable, asumimos lo público como servicio y no como negocio, lo entendemos así en todos nuestros espacios de trabajo, explicaron los sindicatos a través de un comunicado, en el que también expresan que la crisis que enfrenta Hidroituango no tienen por qué pagarla los trabajadores con el recorte de sus derechos ni con mayor pauperización laboral; mucho menos las comunidades. “Quienes deben pagar, son quienes con su poder incidieron y decidieron en la toma de decisiones. Estaremos vigilantes y acudiendo a todos los escenarios de control para garantizar los derechos”.
Políticos y empresarios
También responsabilizan a políticos que le hacen el juego a grupos empresariales: “Decisiones políticas cuya pretensión sea poner a disposición el patrimonio público a los privados, se enmarcan dentro de la finalidad estratégica a la que le viene haciendo el juego el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, y lo cual ha contado con la complacencia de los gobernantes de turno y con una expresión mayoritaria del Concejo de Medellín y proyectos como el de la OCDE y TISA. Así las cosas, se hace necesario establecer acciones con las comunidades y sectores que tienen claro que hay que dignificar la vida de los colombianos para desnudar estos macabros intereses y defender nuestro patrimonio”.
Por lo anterior, VOZ habló con Gildardo López, presidente de Sintraemsdes EPM: “Estamos esperando que haya conceptos técnicos sobre lo que pasó, pero sabemos que el GEA ha estado muy metido con EPM, así como el grupo Argos, entonces pedimos que se investigue para encontrar los responsables directos e indirectos de la emergencia”.
Sobre el sostenimiento de las garantías laborales, el dirigente sindical manifestó que aunque la empresa puede estar en alguna crisis no permitirán que se entreguen puntos de la convención colectiva: “Ya hay algunos recortes al presupuesto, se está pidiendo austeridad al interior de las EPM y creemos que con eso no solucionarán las crisis, y con que nos quiten algunos beneficios como una simple merienda no van a solucionar nada”.
Los sindicatos firmantes del comunicado también anotan que las EPM desde mediados de la década anterior, son víctimas de una completa arremetida promovida por el grupo económico antioqueño, que se fortaleció al interior del grupo en la alcaldía de Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y en la nefasta administración del gerente Juan Esteban Calle Restrepo, hoy presidente de Argos, quienes descapitalizaron y vendieron a UNE y así mismo se pretende profundizar en decisiones de cara al gran capital, que ponen en riesgo la estabilidad de EPM y el capital invertido en sus filiales.
Además, anotan que las administraciones promueven nefastas políticas laborales, tercerización y desplazamiento de mano de obra, y un tratamiento de segunda a sus trabajadores en las filiales, quienes sólo cuentan para generar utilidades y socializar pérdidas.
