En el Caso 006 que adelanta la JEP sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica, se escuchó la versión de Andrés Espinosa Garcés, miembro del extinto DAS. La diligencia fue clave para esclarecer el papel del paramilitarismo y del Estado en el genocidio contra el partido político de izquierda
Jenny María Solís Roa
@Jemasolis
El pasado 21 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el marco de su ejercicio de administración de justicia y la garantía de los derechos de las víctimas, escuchó a Andrés Mario Espinosa Garcés, quien fuera analista de inteligencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, investigador criminal del FBI y miembro del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, actividades en las que se desempeñó entre los años 1978 y 1997.
Antes de dar inicio a la versión de Espinosa Garcés, el magistrado le explicó que no podía incurrir, bajo la gravedad de juramento, en omisiones, tergiversaciones sobre la verdad o podría recibir privación de su libertad entre seis a doce años.
Atendiendo a la necesidad de continuar recaudando información a primera voz, que permita continuar esclareciendo el contexto, modos de espacio, tiempo y lugar, en que ocurrieron la violación de derechos humanos contra los miembros de la Unión Patriótica, afirmó el magistrado Gustavo Salazar, que se hizo inspección al proceso AT068 del 21 julio de 2021, llevado por la Corte Suprema de Justicia contra el exgeneral de la República y policía retirado, Miguel Alfredo Maza Márquez, sentenciado por los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir, quien, a través de su representante, entregó el documento “Informe de Análisis y Contexto” que escribió el exmiembro del DAS y que ofrece información sobre lo sucedido contra la Unión Patriótica, sobre todo en la subregión del Magdalena Medio.
El magistrado hizo referencia a los informes remitidos, que, desde 2019, permitieron a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas, SRVR, afirmar que existió “un patrón sistemático de exterminio y generalizado contra miembros de la Unión Patriótica”. El primer informe 03, fue entregado por la Fiscalía General de la Nación, y lleva por nombre “Sobre la victimización a miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado”.
El segundo informe denominado “Venga esa mano país, historia viva de una vergüenza nacional” fue entregado por la Corporación Reiniciar. Y el tercer informe, entregado por el Centro Nacional del Memoria Histórica, llamado “Todo pasó frente a nuestros ojos: el genocidio de la Unión Patriótica 1974-2002”.
La versión del “analista de inteligencia”
El relato de Andrés Mario Espinosa Garcés para la JEP, después de expandirse alrededor de la vasta formación académica del exinvestigador criminal, en la que se destaca una maestría en la Escuela Superior de Guerra, giró alrededor de su ejercicio como encargado de entrevistar a testigos claves. “Laboré para el DAS ininterrumpidamente 19 años, y para la época de los hechos, me desempeñaba en lo que se convirtió en la división de análisis de inteligencia”, dijo al empezar su testimonio ante la JEP.
Además, añadió, “trabajé bajo la subordinación del general Maza entre 1985 y 1991, y me constaba, como lo voy a probar aquí, hechos que refutaban de manera contundente, sobre todo la acusación del concierto para delinquir respecto del candidato presidencial Luis Carlos Galán”.
El compareciente puntualizó en su discurso, los que consideró, fueron entrevistas claves en su ejercicio como analista de investigación del DAS en la Dirección de Análisis, donde se desempeñaba después de una de las modificaciones jerarquizadas internas de la institución. Dentro de sus funciones, puntualizó Espinosa, “era hacer seguimiento permanente sobre los movimientos insurgentes en Colombia. De hecho, también intervenir en la práctica de entrevistas de fuentes humanas que se acercaban voluntariamente a la institución a fin de comparecer sobre su conocimiento sobre la militancia en estos grupos insurgentes”.
Las entrevistas
La primera entrevista que referencia el señor Espinosa, fue la llevada a cabo en el año de 1989, al señor Diego Viáfara Salinas, exconcejal por el Partido Liberal por remisión, según él, “del hijo del doctor Guillermo Cano Isaza, inmolado director del diario El Espectador”. Sobre los viajes hechos con el entrevistado, en aviones diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos, afirmó: “Incluso desde el aire recorrimos Colombia, de las costas de Córdoba, el Magdalena Medio, así pasamos por los Llanos Orientales, pasamos por el Caquetá, llegamos hasta el Putumayo, retornamos a Bogotá y su cabecera”.
La segunda entrevista que destaca el exanalista de investigaciones del DAS, fue al mayor retirado del Ejército, Óscar Echandía, quien afirma, se desempeñó como alcalde de Puerto Boyacá, y a quien le consta, “todo el ejercicio de germinación de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio bajo las órdenes de Henry Pérez”. En esta entrevista, intervinieron, miembros del equipo interdisciplinar adscritos a la Central de Inteligencia, que después se convirtió en la Dirección de Inteligencia.
La última de las entrevistas que llevó a cabo, como analista investigador del DAS, fue a Rogelio Jesús Escobar Mejía, “este señor también por propia voluntad acudió al DAS y fue el testigo de la masacre de las víctimas de Pueblo Bello”. Masacre en la que se conocieron 37 casos de desaparición forzada, la ejecución extrajudicial de seis campesinos del sector en el año 1990.
En medio del testimonio, Espinoza puntualizó que el epicentro del paramilitarismo estuvo en Puerto Boyacá. “Había una matriz de los paramilitares, con epicentro en Puerto Boyacá, y tenían relación con El Cartel de Medellín”. Al ser interpelado por el magistrado sobre nombres concretos, el exfuncionario del DAS citó a José Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar Gaviria y Fidel Castaño. Y de la relación de los paramilitares con el Ejército Nacional, particularmente señaló al coronel Bohórquez, comandante del Batallón Bárbula en Puerto Boyacá.
Las víctimas
Desde al año 1984, según el magistrado, hay reportes del accionar del paramilitarismo en Puerto Boyacá, incluso, afirma, se conoce de una oficina del DAS, que respondía a la oficina de Seguridad Rural en el municipio.
Desde entonces, se conoce de asesinatos, desapariciones y de una estrategia de seguimiento y perfilamiento que se desarrollaba alrededor de blancos entre los que se encontraban miembros de la Unión Patriótica, sindicatos como Fecode y Fensuagro, estudiantes de universidades públicas como la Distrital, la Pedagógica, la Nacional y la Universidad de Antioquia. Lo que confirma la sistematicidad con que se perpetró el genocidio contra la UP y la violencia política contra la oposición en Colombia.
