En medio de la violencia contra los líderes sociales y excombatientes, el partido Farc le propone a la JEP iniciativas con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos firmados en el Acuerdo de Paz
Carolina Tejada
@carolltejada
Desalentador es el panorama para la democracia en el país. En lo corrido del año son múltiples los asesinatos de líderes y lideresas sociales, las amenazas de muerte y los desplazamientos forzados no paran en los departamentos en donde el conflicto al parecer llegó para quedarse en medio del silencio gubernamental. La guerra que se creía iba a parar luego del acuerdo de paz, se recrudeció y quienes creyeron en un acuerdo para la terminación del conflicto, están siendo masacrados en sus lugares de trabajo o incidencia política.
Cada día que pasa el número de personas asesinas va en aumento, las garantías para desarrollar cualquier iniciativa política contraria a las del establecimiento, alrededor de la paz, de los derechos humanos o contra la corrupción, están siendo castigadas y en ese ejercicio no solo están los grupos paramilitares; también están el Ejército y la Policía Nacional que ya han cobrado varias vidas de campesinos e indígenas en sus territorios en lo que va del año, principalmente en jornadas de erradicaciones forzadas y violentas de cultivos de uso ilícito.
Entre la complicidad y la inutilidad
No han bastado los informes que, desde la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Oacnudh, se han publicado llamando al establecimiento a poner freno a estos crímenes y brindar garantías de seguridad a las comunidades y a las personas excombatientes ahora integrantes del partido Farc.
Con su informe en el mes de febrero, la Oacnudh criticó verazmente al gobierno de Iván Duque, pues solo en el 2019 las cifras de violaciones a los derechos humanos aumentaron en un 50% en relación al 2018, con el agravante de la falta de acceso a la justicia para las víctimas y afirmó, que “continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia” pues a pesar de que reconocen la presencia de la Fiscalía General de la Nación en casi la mitad de los municipios del país, esta no llega a las zonas rurales, como Antioquia, Arauca, Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño y Vaupés.
En lo que va corrido de este año 115 personas que defendían los derechos humanos, la paz, o el territorio, fueron asesinadas. Siguen siendo los departamentos de Cauca, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, en donde más se han agudizado las condiciones de vida y de seguridad. Incluso llamaron a una efectiva implementación del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, pues la violencia contra las lideresas ha aumentado.
Farc llega a la JEP
Esta misma tragedia la viven hoy los y las excombatientes de las Farc. En lo corrido del año, 27 personas han sido asesinadas en diversos departamentos. Las garantías de seguridad tampoco llegaron para esta organización que surgió en el marco del acuerdo de paz, como tampoco para los familiares de varios de sus integrantes quienes también vienen siendo violentados.
Frente a ello, las mismas personas que hoy se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, que soñaron con que, luego de la dejación de las armas iniciaría un nuevo camino para la construcción de país, expresan su indignación. Así mismo, en medio de la angustia otros integrantes del partido afirman que están “haciendo de tripas corazón”, que “firmamos fue la muerte y no la paz” como lo asegura una excombatiente que ahora vive en un inquilinato en Medellín, madre de una niña que quedó huérfana porque a su padre lo asesinaron, no en el monte, sino de manera infame luego del proceso de paz.
En el marco de la crisis humanitaria que se presenta en el país, el primero de junio el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, acudió a la audiencia dialógica de medidas cautelares en la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde le solicitan a los magistrados y magistradas reconocer las medidas para la protección de las personas firmantes del acuerdo. Esta petición se realizó luego de los múltiples incumplimientos y garantías por parte del gobierno nacional, además del nulo acceso a la justicia sobre los casos en los que han sido víctimas como organización.
Allí, Rodrigo Londoño, a nombre del partido, expresó la importancia de que se reconozcan dichas medidas y en su intervención afirmó que se dirigía “también en nombre de quienes pierden la esperanza, porque sienten que es inútil seguir hablando de paz y reconciliación cuando hay varios sectores en el país que consideran que se debe seguir en el pasado, en la confrontación armada”. Reiteró la necesidad de implementar de manera integral el acuerdo y potenciar la protección de los derechos humanos y las garantías fundamentales consignadas en la Constitución Política.
Hizo hincapié en la ausencia de un Estado Social de Derecho, por lo que instó, así como lo han dicho las mismas organizaciones internacionales de derechos humanos, a que se avance sobre la transformación del enfoque de Seguridad del Estado, “gastado e ineficiente, que ha respondido a las situaciones de violencia con más violencia, con la construcción de un enemigo interno, con el exterminio de las fuerzas de oposición y, peor, sin transformaciones reales de las causas del conflicto”.
Propuestas a la JEP
Según el abogado del partido Farc, Diego Martínez, “estamos acudiendo a los sistemas de justicia nacionales e internacionales ante la incapacidad del Estado de brindar garantías al derecho a la vida e integridad física de las personas excombatientes y fundamentalmente porque existe una intención del estado de no cumplir los acuerdos en materia de garantías”.
Por ello, solicitaron la creación de una mesa de seguimiento a las medidas de garantías y participación dispuestas en el Acuerdo de Paz. Además de la realización de “cinco audiencias territoriales donde la JEP pueda propiciar un diálogo con el gobierno nacional y los gobiernos locales” igualmente proponen “avanzar en materia de políticas públicas para la protección de comunidades en los territorios”.
Así como fortalecer las medidas para la no repetición, ante lo cual aseguraron a los y las magistradas que los hechos expuestos desde cada región, evidencian las consecuencias del precario funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y de la no puesta en marcha del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, pese a que esta responsabilidad se encuentra asignada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Frente a ello, pidieron reactivar funcionalmente estas instancias, de las cuales el gobierno ha omitido la adopción de todas las medidas necesarias para su funcionamiento.
Es necesario, expreso Londoño en su intervención, disponer del funcionamiento de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección, y de la presencia y el fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida SAT de la Defensoría del Pueblo, dado que no está funcionando y “gran parte de sus recomendaciones no son acatadas por el gobierno nacional, así como se ha omitido crear las instancias territoriales respectivas” y luego de tres años el Estado no ha implementado un Programa de Protección Integral para sus militantes. Por lo cual solicitaron “a la JEP ordenar al gobierno nacional su ejecución y puesta en funcionamiento”.
Entre otros elementos, instan a la Fiscalía General, a través de la Unidad Especial de Investigación, a “activar una competencia objetiva, con autonomía en las líneas de investigación” para determinar una política criminal que sistematice la información obtenida en los casos relacionados con los crímenes contra sus dirigentes y la propuesta de unas mesas regionales para la participación de las comunidades e instituciones nacionales e internacionales con el fin de avanzar en mecanismos de seguridad y protección en derechos humanos.
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