Por las decisiones unilaterales del gobierno nacional, los temas pendientes de la Agenda y los asuntos en el congelador aún sin resolver hacen prever que para el mes de marzo no será la firma del Acuerdo
Hernán Camacho
@camachohernan
En la reciente entrevista en exclusiva para el Semanario VOZ el jefe de la insurgencia de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, señalaba lo poco probable de la firma del acuerdo final para el 23 de marzo próximo mientras no se den las condiciones objetivas para ello. Entre esas condiciones que reclama el jefe fariano está la voluntad real del equipo negociador del gobierno nacional para abordar con serenidad, seriedad y prontitud los temas restantes en la agenda para la terminación del conflicto incluidos los asuntos que se encuentran en el congelador. A eso se le suma que la reapertura de los debates fruto de la creación de la Jurisdicción Especial para la paz hizo que el ritmo de las discusiones se afectaran.
Asuntos que tienen que ver con el fondo y el espíritu del acuerdo aún están en discusión. La implementación, verificación y refrendación del Acuerdo Final junto al desmonte del paramilitarismo en todas sus formas, como primera garantía de un acuerdo de paz estable y duradera, se encuentran pendientes y sin acuerdos redactados. Solamente cinco de los siete subtemas del punto tres de la Agenda están discutidos y acordados pero aún no han sido redactados los mismos.
En lo que se refiere a la implementación de los acuerdos persiste una preocupación frente a lo examinado en el punto agrario cuyos mecanismos de implementación no quedaron explícitos en el texto. De acuerdo a expertos como Felipe Tascón, el punto denominado Desarrollo Agrario Integral, no tiene reglamentación para su implementación a diferencia del acuerdo político. Reglamentación que deberá ser sometida a discusión por las delegaciones de paz antes de la firma del documento final.
Unilateralidad
A esto se suma la inconformidad de la insurgencia por las decisiones unilateral que ha tomado el gobierno nacional respecto a temas de la Agenda para la terminación del conflicto. Tales como el llamado que el mandatario de los colombianos hiciera al Congreso de la República para sesiones extras ordinarias con el objeto de modificar la ley de orden público y facilitar la concentración de los guerrilleros de las FARC-EP, explicó el presidente del Senado Luis Fernando Velasco. Así el gobierno nacional se adelanta a temas que no han sido acordados.
No es la primera vez que el ejecutivo toma decisiones unilaterales que alteran la tranquilidad de la mesa y abre debates que a la postre resultan innecesarios para el proceso de paz. El Marco Jurídico para la Paz fue uno de los primeros instrumentos que el gobierno nacional impulsó y presentó a los colombianos como mecanismo para agrupar los acuerdos surgidos de La Habana sin que éste fuere discutido por las partes. Otro, más reciente, es el llamado a un plebiscito por la paz como mecanismo de refrendación de los acuerdos bajo el mismo aire de unilateralidad que no le hace bien al proceso. Mientras la insurgencia se reserva las discusiones internas de la mesa y ventilan de tiempo atrás una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación, el gobierno nacional impone decisiones en el parlamento.
Al respecto Pastor Alape, miembro de la delegación de Paz de las FARC señaló: “Anuncios no consensuados como la iniciativa del plebiscito, la convocatoria al Congreso a reglamentar unas supuestas zonas de concentración, o la conformación de una Comisión Legislativa Especial, hacen parte de una actitud que hace invisible al interlocutor en la Mesa y adelanta resultados pendientes aún de tratarse. Nuestra concepción nos indica, que temas de tanta trascendencia, deben ser manejados en forma más responsable”.
Planes de posconflicto
Por su parte, el recién nombrado Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, expuso algunas decisiones tomadas por el ejecutivo en la reciente reunión entre el gabinete presidencial y la delegación de paz del gobierno en Cartagena días antes de reanudar el ciclo 46 de conversaciones. Pardo expresó que ya tiene un plan de ejecución para lo que llamó: “Estrategia de Respuesta Rápida para el Posconflicto” que contiene 18 proyectos cuyo costo bordearía el billón de pesos, para ser ejecutados entre el año 2016 y el primer semestre de 2017.
Entre los proyectos se cuenta un plan de desminado de 20 municipios del país y un plan de señalización y prevención de minas para 179 municipios, un plan denominado “manos para la paz” destinados a estudiantes de último semestre para que trabajen en zonas de conflicto con el apoyo de las Naciones Unidas, reducción de impuestos para las empresas que generen empleo a desmovilizados y víctimas del conflicto. Toda una estrategia de implementación de acuerdos que aún no ha sido discutida en La Habana.
Pendientes del gobierno
Otro de los asuntos que deberá ser abordado y que parece no tener acuerdo a corto plazo es la situación del paramilitarismo. Las FARC-EP, han advertido que a la paz estable y duradera no se llegará en la medida que permanezca las estructuras paramilitares activas en el país. Aunque el gobierno insiste que ese fenómeno es del pasado los acontecimientos regionales de violencia contradicen esa versión.
Para Pablo Catatumbo, delegado de paz de la guerrilla, es difícil firmar un acuerdo mientras la amenaza paramilitar no se encuentre desmontada de raíz: “La Paz de Colombia requiere del esclarecimiento pleno de todas las aristas de la realidad paramilitar y su entroncamiento con todo el entramado y el poder real que gobierna en las regiones. Requiere también de su desmonte efectivo y garantías de no repetición. Sin eso no habrá paz en Colombia, toda vez que el paramilitarismo continúa siendo una realidad patente en todas las regiones del país.
Desescalamiento en duda
Y el último asunto que inquieta a las FARC-EP son los compromisos del gobierno nacional frente a temas de desescalamiento del conflicto. El pasado 22 de noviembre el gobierno nacional anunció el indulto de 30 guerrilleros de las FARC por razones humanitarias. Dicha decisión fue bien recibida por la insurgencia quien aprovechó para denunciar la crisis humanitaria por la que atraviesa el sistema penitencia colombiano y abogó por la salida de los guerrilleros, líderes sociales y ciudadanos sobre los que pesan acusaciones falsas de rebelión, los denominados falsos positivos judiciales.
Pero el anuncio gubernamental no se ha cumplido después dos meses. Incluso trascendió que algunos guerrilleros de la lista de los treinta se encuentran con pena cumplida y aun así no han podido gozar de la libertad por los trámites burocráticos de los establecimientos carcelarios. “Guerrillero incluido en la lista de los candidatos al indulto presidencial salió ayer por pena cumplida!”, indicó Timoleón Jiménez, en su cuenta de twitter.
Pero además la guerrilla alertó en la voz del miembro de la subcomisión para la terminación del conflicto Sergio Marín, del peligro por el que atraviesan los guerrilleros de las FARC en las cárceles colombianas: “En prisiones como ERON Picota y El Buen Pastor, el comportamiento y la actitud no solo de los guardias del Inpec sino de las propias directivas carcelarias, más propio de una dictadura criminal que de un Estado de derecho, pisoteando las más elementales normas humanitarias, pretende doblegar a los integrantes de las FARC-EP y demás prisioneros de guerra y políticos”.
Las FARC han anunciado que están dispuestas a llevar el acelerador a fondo, igual lo ha hecho el gobierno. Sin embargo, la fecha del 23 de marzo como día para la firma del acuerdo se diluye, mientras el gobierno nacional incumpla los compromisos adquiridos en la mesa de conversaciones, dilate los temas álgidos por discutir y quiera acelerar y dejar los acuerdos a medias.
