La clase dominante aprovecha el desconcierto de la ciudadanía para transar a sus espaldas y ocultar las evidencias de su corrupción. Los escándalos de la “ñeñepolítica” y de los créditos de Finagro impulsarán las luchas que se librarán tras la pandemia
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
Por estos días, la agenda mediática se ha visto saturada, como no podía ser de otra manera, por la información sobre la pandemia del Covid-19. No obstante, mientras el público observa atónito cómo se expanden los contagios y cómo la respuesta de los países ha sido diversa para contener la expansión del virus, en el mundo y en Colombia siguen sucediendo hechos noticiosos que merecen ser visibilizados.
De alguna manera, estas noticias desapercibidas serán el insumo para el repertorio de luchas que vendrán tras la superación de la pandemia. Por ello es importante recordar al menos dos noticias que en “condiciones normales”, es decir, sin el efecto de la pandemia, con toda seguridad ocuparían los titulares más importantes de la agenda noticiosa. Los avances en la “ñeñepolítica”, el desvío de subsidios en Finagro y los decretos presidenciales que favorecen a los bancos y a los fondos privados de pensiones.
¿En qué va la “ñeñepolítica”?
Esta semana, la periodista María Jimena Duzán reveló en su columna un nuevo audio en el que se registra una conversación telefónica entre los ya conocidos José Guillermo “el Ñeñe” Hernández y María Claudia Daza. En dicha conversación, el testaferro de la mafia y la exasesora de Álvaro Uribe se ponen al día con los acontecimientos sociales y políticos del momento. La señora Daza, por ejemplo, revela que la señora Tina Soto, líder política de La Guajira y prima del narcotraficante Marquitos Figueroa “ya está de este lado” y como gesto amistoso le regaló una mochila a la hoy ministra del Interior, Alicia Arango.
En otro aparte, Daza revela que ha organizado todo para la presencia de Iván Duque -en ese momento candidato presidencial- en el Festival Vallenato. En resumen, la conversación deja en evidencia la cercana relación entre el Ñeñe y la campaña presidencial uribista. Algo que ya sabíamos, pero que se confirma con esta grabación.
Esta conversación se suma a otra revelada días atrás, en la que intervienen María Claudia Daza y el “Goyo” Hernández, hermano del Ñeñe. En ella queda claro que la familia Hernández invirtió miles de millones de pesos en la campaña presidencial de Duque en 2018, gastos que no aparecen registrados en los libros de contabilidad ni reportados ante el Consejo Nacional Electoral. Si estos dineros fueron utilizados en la compra de votos o no, es algo que deberán demostrar los organismos judiciales. Eso sí, la Fiscalía está en mora de investigar y aclarar por qué hubo violación de los topes de financiación y si ello constituye un delito. De momento, la Fiscalía guarda un clamoroso silencio.
Finalmente, se supo que los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Daniel Mendoza y Diana López Zuleta, quienes han liderado las investigaciones sobre la “ñeñepolítica”, han sido objeto de seguimientos, interceptaciones y hostigamientos desde que revelaron los vínculos de la mafia del norte del país con la campaña uribista de 2018. A pesar de los llamados a garantizar la seguridad de los periodistas, la Fiscalía se ha visto más preocupada por identificar a los funcionarios judiciales que filtraron las grabaciones a la prensa, que por avanzar en la propia investigación sobre la financiación ilegal de la campaña Duque.
Finagro: el nuevo AIS
La semana pasada se conoció -es un decir, porque todos hemos estado hablando únicamente del coronavirus- una investigación de la Contraloría General que puso al descubierto un nuevo caso de desvío de fondos destinados al desarrollo agropecuario. De una forma similar a como el gobierno de Álvaro Uribe entre 2007 y 2009 desvió miles de millones de pesos a sus amigos y financiadores a través del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, esta vez desde el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, se aprovechó la crisis de la pandemia para otorgar “créditos blandos” por más de 226.000 millones de pesos.
Estos programas de subsidios suelen estar diseñados -en el papel, claro- para proteger y promover a los actores más vulnerables del campo, como los campesinos sin tierra y los pequeños propietarios. Así, el programa AIS estaba pensado para mitigar el impacto de los Tratados de Libre Comercio en la economía campesina, pero como sabemos buena parte de los dineros fue a engrosar -a través de chanchullos, hay que decirlo- las cuentas bancarias de poderosos clanes familiares de la costa Caribe y de otras regiones del país.
Clanes familiares que, por cierto, habían financiado la campaña de Álvaro Uribe en 2006 y la precandidatura presidencial de Andrés Felipe Arias en 2010, entonces ministro de Agricultura y quien hoy paga su condena de 17 años en una cómoda instalación militar. El caso de Finagro es escandaloso. En menos de dos semanas, entre el 27 de marzo y el 8 de abril, más del 80% del dinero fue otorgado a través de grandes créditos a empresas supuestamente relacionadas con la producción agropecuaria, alrededor de un 13% fue destinado a créditos medianos y solo el 2% a créditos de bajo monto.
Es decir, desde la propia distribución de los dineros quedó claro que la intención había sido favorecer no a los campesinos, como había dicho Iván Duque inicialmente, sino al gran capital. De nuevo, estamos ante una política para favorecer los intereses de los ricos y en desmedro de los medianos y pequeños propietarios del campo. Ello no es extraño en este gobierno, pero sí es muy irritante que se aproveche la pandemia como excusa para seguir enriqueciendo a los amigotes.
No obstante la gravedad de lo anterior, la Contraloría reveló además que buena parte del monto de los dineros fueron a parar a empresas que poco tienen que ver con la producción agropecuaria, a pesar de que ese es el objetivo explícito del programa. En el informe se encuentran empresas de transporte de carga, fábricas de agroquímicos, molinos de arroz, plantas empacadoras, plantas pasteurizadoras y fábricas de papel que, si bien tienen una relación indirecta con la economía agraria, claramente no son empresas de producción agropecuaria.
A lo anterior se suma que varias de estas empresas aparecen en los registros de donantes de las campañas del partido Centro Democrático, lo que nos pondría ante un nuevo caso de pago de favores y tráfico de influencias. Por ello, el paralelismo entre el escándalo de AIS y el que está reventando por cuenta de los créditos de Finagro es escalofriante. No solo se sirven de su poder para pagar favores a sus financiadores y amigos. Peor aún, lo hacen en medio de la más brutal pandemia del último siglo y aprovechando la confusión de las personas que no pueden manifestarse sino a través de las redes sociales o golpeando sus cacerolas desde su ventana.
Lo que se viene
En este momento estamos en confinamiento y lo prudente es cuidarse y en la medida de lo posible no salir de casa. Por ello parece que nada sucede, que todo está congelado en el tiempo, incluso la indignación. Pero no es así. Ya nos veremos en las calles para reclamar a los poderosos por las fechorías que están cometiendo durante nuestro encierro, porque el aplastante silencio que se siente en la ciudad no es un signo de rendición, es señal de que estamos preparando la respuesta. Duque, de nuevo, estás advertido.
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