Otro S.O.S. por el patrimonio de los colombianos. Esta vez lo lanzan los trabajadores de Ferticol ante el cierre de esta, la más importante productora de fertilizantes para el campo colombiano
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Una de las medidas desesperadas de los trabajadores de Fertilizantes de Colombia, Ferticol, representados en los sindicatos Sintrainquigas y Sintraferticol, fue solicitarle al Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, ayuda para proteger a la empresa como patrimonio público y a ellos mismos en cuanto a sus puestos de trabajo y acreencias.
Ferticol es una empresa de fertilizantes como abono nitrogenado, úrea y ácido nítrico, entre otros, con cinco plantas ubicadas en Barrancabermeja, Santander, y cuenta con 240 trabajadores en las áreas administrativa, técnica y comercial. De estos, el 80% afiliado a las dos organizaciones sindicales. Tiene dos convenciones colectivas, aunque desde el año 2002 no les pagan salud ni pensión y hace 10 meses les deben salarios.
La empresa fue creada en 1966 con capital de la Caja Agraria, Ecopetrol y el Instituto de Fomento Industrial, luego sus acciones pasaron en un 97% a la Gobernación de Santander. En 2002, fue intervenida mediante proceso de reestructuración empresarial por Ley 550 por cinco años, con prórrogas sucesivas y posacuerdos hasta 31 de diciembre de 2016. En reunión de junta de acreedores y Supersociedades en octubre de 2017 se aprobó una nueva y última prórroga.
La crisis
Ante la crisis, la Gobernación de Santander, decidió vender algunos activos representados en terrenos por valor de 70 mil millones de pesos, aunque actualmente el 40% de esos dineros no ha entrado y el pago de las acreencias a los trabajadores y la inversión técnica no se realizaron. Los dirigentes sindicales también explicaron que la empresa fio terrenos y que al pagarlos se cubrirían las acreencias a los trabajadores, sin embargo al momento no se ha cumplido. Además, que con la llegada del nuevo Gobernador del departamento se dieron cambios en la administración y dio contratos a través de órdenes de prestación de servicios que no fueron benéficos para la firma.

“En la pasada administración se dio la venta de unos activos y se hizo una inversión en los equipos de producción y se alcanzó algún punto de equilibrio. Pero ahora hay una decadencia técnica frente a la producción y no se atienden las emergencias de la planta. Si por ejemplo se necesitaba un mantenimiento que podía durar tres o cuatro días, la parte de mantenimiento lo dilataba tres o cuatro meses. Además, Ferticol genera su propia energía porque cuenta con un turbogenerador de 5,5 megas, pero el incumplimiento en el pago del gas ocasionó que TGI, la transportadora del gas, cortara el suministro en tres oportunidades lo que causó un daño grande al turbo y desde ese momento la empresa está paralizada”, explicó a VOZ Víctor Manuel Moncada Palomino, dirigente nacional de Sintraferticol.
El daño fue hace 18 meses, justo cuando a los trabajadores les adeudaban tres mesadas, lo que produjo una manifestación frente a la empresa que duró 45 días y que se levantó luego de acordar un arreglo con la administración, aunque este fue incumplido. Hasta el momento ni la Gobernación ni nadie les responde y se ha producido una gran cantidad de demandas contra la firma.
Sin respuestas ni salidas
“Se dice que faltan por entrar a una fiducia 27 mil millones el 31 de noviembre de este año, pero ya comentan que están haciendo uso de esos dineros para otras cosas y no para lo que se había dicho, que es el pago de la seguridad social a los trabajadores, a quienes no les pagan hace 15 años, aunque sí les descontaban de los salarios”, comentó José Álvarez dirigente de Sintrainquigas quien agregó que las verdaderas intenciones son sanear la empresa para entregarla al sector privado muy barata, sin trabajadores, sindicatos ni convenciones colectivas.

“Ya nos despidieron a 50 trabajadores afiliados a Sintraferticol quienes estaban amparados por un fuero convencional. Al mes despidieron a 28 de Sintrainquigas amparados con contratos laborales y el pasado 23 de abril la administración pidió una autorización para la suspensión de los contratos de los trabajadores activos. Eso muestra que el interés es adecuarla para entregarla al sector privado”, comenta José Álvarez, quien añade que los procedimientos se realizaron sin el debido proceso que exigen las normas.
Los trabajadores y sus familias buscan apoyo económico para realizar una toma a Bucaramanga con el objetivo de denunciar e informar en búsqueda de solidaridad con la empresa y con ellos, porque no encuentran respuestas de la administración de la empresa ni del máximo accionista: la Gobernación de Santander. Por lo contrario: “El Gobernador nos culpa a los trabajadores de la situación y no ha querido reunirse con nosotros, hace caso omiso, hemos buscado a través de la Asamblea Departamental audiencia pero no ha sido posible; él dice que nosotros no trabajamos, cuando la empresa está parada es por culpa de los administradores que han puesto ahí”, comenta el dirigente de Sintrainquigas.
En la misiva de auxilio que dirigen al Defensor Nacional del Pueblo, los trabajadores explican: “Derivado de lo anterior, los trabajadores de la empresa Fertilizantes Colombianos, agrupados en Sintrainquigas y Sintraferticol, altamente preocupados, hoy vivimos una crisis humanitaria, psicosocial, y de desplazamiento interno, que nos ha obligado a buscar otras alternativas de ingreso económico informal, para poder sobrevivir junto con nuestras familias, como consecuencia de la crítica situación a que nos ha llevado la empresa en todos sus niveles”.
Por todo lo anterior, le solicitaron a esta institución: “…interceda, asesore y recomiende las acciones a seguir en defensa de este patrimonio público y el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, con el objeto de sostener esta importante empresa, como patrimonio y de gran importancia para el agro colombiano, como instrumento de aporte para la paz, a fin de salvaguardar esta pertenencia del Estado como fuente generadora de empleo en Barrancabermeja, y que los organismos de control del Estado (Contraloría, Fiscalía y Procuraduría Nacional) intervengan e investiguen a la luz de la verdad la serie de irregularidades sucedidas al interior de la compañía, ya que las diferentes demandas instauradas a nivel del departamento de Santander no han surtido su efecto”.