La apertura del caso 06 de la Justicia Especial para la Paz por el genocidio contra la UP es una nueva oportunidad para comenzar en serio un proceso de reparación y esclarecimiento de la verdad
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
La Sala de Reconocimiento de la JEP ha anunciado que la persecución y el intento de exterminio contra la Unión Patriótica se investigará como el sexto caso que se abre en el proceso de justicia transicional, pactado en La Habana como una de las bases del Acuerdo de Paz. Esta decisión se produce como resultado del estudio por parte de la JEP de tres informes sobre los hechos, publicados por la Corporación Reiniciar, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Fiscalía General de la Nación.
En estos informes se ofrece un panorama sobre la insultante situación de impunidad en que permanecen la mayoría de los procesos judiciales y se da cuenta del intento de sectores del establecimiento colombiano por aniquilar una expresión política alternativa y renovadora que amenazaba sus intereses políticos y económicos. “Los tres informes apuntan a una práctica sistemática a nivel nacional. Las víctimas eran líderes, militantes y campesinos en razón a su orientación política”, dijo en rueda de prensa la magistrada de la JEP Catalina Díaz.
Se pone así en evidencia lo que desde siempre la UP denunció ante la justicia ordinaria: La complicidad entre las élites regionales, el narcotráfico, el paramilitarismo y el Estado en la ejecución del único caso de genocidio político formalmente reconocido en la historia del derecho internacional.
Los informes y el caso 006
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Estado han condenado al Estado y a la nación por estos hechos y por la impunidad casi total en la que permanecen la mayoría de los casos. De hecho, la Fiscalía reconoció en su informe que el avance en las investigaciones a cargo de la justicia ordinaria ha sido insuficiente. Como botón de muestra, solo 246 sentencias han sido proferidas y 20 agentes del Estado han sido condenados por los tribunales, mientras la Corporación Reiniciar informa de 6.613 víctimas solo entre 1984 y 2002. Además, los tres informes coincidieron en definir cuatro regiones donde se concentró la mayoría de los casos de victimización: el Magdalena Medio entre 1984 y 1988, Urabá entre 1986 y 1998, el Meta entre 1988 y 1992, y la Costa Atlántica entre 1996 y 2002.
La apertura de la investigación por parte de la JEP es una oportunidad inigualable en la búsqueda por la justicia, la verdad y la no repetición. La justicia transicional es el instrumento que las sociedades utilizan después de las guerras para cerrar heridas, develar la verdad de los hechos y contribuir a que las víctimas puedan ser dignificadas y perdonar. En particular, el esclarecimiento de la verdad histórica del genocidio de la UP es muy importante porque permitirá, por un lado, definir las responsabilidades de los victimarios, y por otro, reivindicar el honor de las víctimas.
La necesaria verdad
La posibilidad de esclarecer la verdad y señalar públicamente a los victimarios es lo que nos permitiría, a cada uno de los sobrevivientes de la Unión Patriótica, en lo más íntimo de la conciencia, atrevernos a perdonarlos. Estamos dispuestos a verlos caminar por las calles y no pretendemos que se pudran en una cárcel para satisfacer apetitos de venganza. No tenemos ánimo de revancha pero sí queremos que reconozcan la verdad. No queremos su humillación pública, pero sí queremos una reparación completa. Es lo mínimo que nos merecemos.
Y esa reparación completa, –que incluye por supuesto reparación económica, reconocimiento pleno de nuestros derechos políticos como partido y una satisfactoria reparación simbólica– comienza por el esclarecimiento pleno de la verdad histórica. Que le digan a la JEP por qué los mataron. Que le digan al país quiénes fueron los financiadores del plan Baile Rojo que casi consigue nuestro exterminio. Que confiesen qué políticos urdieron los planes para aniquilar a nuestros militantes y simpatizantes. Que declaren todo lo que saben, que admitan su responsabilidad, que delaten a sus cómplices y que pidan perdón. Ni más ni menos.
Además, hoy, 35 años después de la fundación de la Unión Patriótica y tras haber caminado un largo trecho en el que hemos tenido que esquivar persecuciones y estigmatización, los sobrevivientes de la UP queremos dignificar a nuestras víctimas. El esclarecimiento de la verdad histórica que se hará con los testimonios de los comparecientes deberá ser la oportunidad para poner fin a las versiones que adjudican la responsabilidad de los hechos a las propias víctimas del genocidio.
Verdad para la UP
Se sostiene en círculos pretendidamente académicos que los militantes de la UP fueron victimizados porque no era clara su desvinculación con la lucha armada. La verdad histórica pondrá las cosas en su lugar. No estamos dispuestos a que se repita la estigmatización contra quienes desde la lucha democrática intentaron cambiar este país. No permitiremos que se ensucie la memoria de miles de personas que dieron su vida y su tranquilidad por intentar construir un país más justo y democrático.
Ante los intentos por destruir la memoria histórica con burdos montajes judiciales, entusiastas campañas mediáticas de desprestigio, el nombramiento en el CNMH de alguien que no cree en la existencia de conflicto o las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, los sectores democráticos debemos unir esfuerzos por defender la justicia transicional. La JEP es el instrumento para reconstruir la verdad histórica, la verdad es lo que más temen los culpables y nosotros vamos a ganar la batalla por la verdad.
