Después de cumplir medio siglo en guerra y llegar a un acuerdo de paz, el Estado reconoce que el paramilitarismo es un delito
Se necesitó un acuerdo de paz para tipificar el paramilitarismo después de cincuenta años de guerra en Colombia. Muchos ciudadanos y testigos de las masacres de Trujillo en el Valle del Cauca, Mapiripán en el Meta o El Salado en Bolívar, no conocían que sus perpetradores, los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, no habían cometido delitos ante la ley colombiana. Quienes causaron los trágicos hechos gozaban de impunidad o eran condenados por delitos como homicidio o concierto para delinquir que a la larga sus condenan oscilaban entre 5 y 8 años de prisión.
El pasado 29 de agosto se aprobó en el congreso de la República el proyecto de acto legislativo que introduce la tipificación del paramilitarismo. Un compromiso del Estado colombiano plasmado en el punto 3.4.2 del Acuerdo Final de paz entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno nacional, con el único fin de prohibir la promoción, organización, financiación o empleo oficial y privado de estructuras o prácticas paramilitares.
Fast track
Con 99 votos a favor y 10 en contra, la Cámara de Representantes elevó a rango constitucional la prohibición de ese fenómeno en el país. Las fuerzas políticas de la derecha colombiana se negaron a lo largo del trámite legislativo a reconocer que el Estado colombiano propició la acción de los grupos paramilitares, en distintas épocas de la historia para exterminar la oposición política y los movimientos progresistas. Quienes se oponían a la tipificación, alentaron de una parte la acción de grupos sicariales en los años ochenta, ya en los noventa crearon una mampara legal para la creación y promoción de grupos de autodefensa bajo el nombre de Cooperativas de Seguridad Convivir.
Grupos de seguridad privada promovidos por la gobernación de Antioquia en cabeza del hoy senador Álvaro Uribe o Convivir, se convirtieron en el germen de la generación más reciente de paramilitares. Su origen, contrario a lo que señalan los defensores del paramilitarismo, no fue para combatir el ascenso de las guerrillas en el país. Los grupos paramilitares fueron diseñados para proteger las tierras de los terratenientes, asesinar a los líderes sociales de oposición, como fue el caso del genocidio de la Unión Patriótica y operar militarmente del lado de la Fuerza Pública. Fueron utilizados por los gamonales, terratenientes y dirigentes políticos para arrebatarles tierras a los campesinos y acumular poder feudal en distintas zonas del país, ganar elecciones y aniquilar las fuerzas políticas de izquierda.
Antecedentes
Por eso el excandidato presidencial por la Unión Patriótica, el jurista Jaime Pardo Leal denunciaba en la mitad de la década de los ochenta la composición de los paramilitares: “Esos grupos están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del Ejército, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir que hemos dado los nombres de Rodríguez Gacha y de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, magnates, latifundistas y ganaderos. Todos con grandes capitales de dudosa procedencia, todos del narcotráfico”.
El fenómeno del paramilitarismo mutó desde su creación en los años ochenta a las autodefensas de principios de siglo. Fueron el bastión de la “Seguridad Democrática” y desde ese momento dejan de ser ejércitos de autodefensa para pasar a cogobernar en los departamentos de mayor influencia y hasta quedarse con la contratación pública. Su poder se disparó al punto de conformar abiertamente bancadas de congresistas que a la postre devendrían en la parapolítica. Se recuerda aquella frase del jefe del Estado para la época, Álvaro Uribe, cuando decía: “voten, voten antes que los metan a la cárcel”.
Las cifras
En ese mismo periodo, según datos del Registro Único de Víctimas, en Colombia se produjeron 3’253.860 desplazados como consecuencia de las acciones paramilitares en todo el país. Dicha cifra equivale a 45% de las víctimas causadas desde el presidente Virgilio Barco hasta Juan Manuel Santos.
Por eso las víctimas del país saludaron con beneplácito la elevación constitucional de la prohibición del paramilitarismo en Colombia. “El paramilitarismo se ha desarrollado en instancias locales, regionales y nacionales, afectando los ámbitos políticos, sociales y económicos del país. Este fenómeno ha tenido origen y ha sido prolongado por el Estado como instrumento de discriminación por las opiniones políticas y las acciones de reivindicación de derechos; y su impacto, a lo largo de varias décadas, ha afectado el país en términos humanitarios, económicos y políticos, deteriorando los bienes jurídicos pilares de una sociedad democrática”, señala el pronunciamiento firmado por casi un centenar de organizaciones sociales y de víctimas del paramilitarismo.
Reacciones
En eso coincide Pavel Santodomingo, vocero del movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria y Contra el Olvido: “Son sentimientos encontrados porque la decisión en principio tiene un impacto positivo para la reconciliación y la no repetición de crímenes de Estado; es reconocer que existió una violencia atroz y sistemática ordenada desde el Estado y por algunos sectores de la sociedad. Pero por otro lado, refleja la precaria democracia nuestra, pues esos grupos se incrustaron en todos los estamentos de la sociedad y pretendieron hacer legítimos sus actos de barbarie. En el fondo es sacar las armas de la política. Lo más importante para el inmediato futuro es erradicar las estructuras paramilitares y acabar con el respaldo económico que ciertos sectores de la sociedad les brinda. Hay que desaparecer de Colombia el paramilitarismo”, señaló Santodomingo.
Por su parte, la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, señaló que la decisión del legislativo es un avance que responde a los compromisos con la implementación de los acuerdos, pero que ahora el deber de las autoridades es combatir la presencia de grupos paramilitares en 16 departamentos del país: “Tipificar el delito del paramilitarismo es un avance en la no repetición del conflicto, pero hace falta modificar las instituciones oficiales para erradicar de las poblaciones y las ciudades ese fenómeno que no deja de actuar contra líderes sociales y fuerzas de oposición en Colombia. Solamente en lo corrido del año ya van más de 180 defensores de derechos humanos asesinados por el paramilitarismo, mientras la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, sigue negando sistemáticamente que hay una política de guerra sucia orquestada por la derecha, sectores de la Fuerza Pública, algunos ganaderos y terratenientes. Todos ellos le tienen miedo a la paz”, indicó.
Por esos hechos es que algunos congresistas de las bancadas del Polo Democrático, Partido Verde, diputados y víctimas exiliados, acompañaron el pronunciamiento de las organizaciones de víctimas: “Ahora bien, el paramilitarismo continúa siendo una amenaza en diferentes regiones del país, como se evidencia en los últimos meses con el asesinato de defensores de derechos humanos, así como líderes sociales y políticos, e incluso exintegrantes de las FARC y familiares de estos, por lo que su prohibición es indispensable para estimular el desarrollo de una sólida política estatal en la materia, es decir generar garantías de no repetición, que incluyan la prevención, el combate y su sanción efectiva y, sobre todo, la eliminación de la connivencia de servidores públicos con grupos paramilitares”.
