En una reveladora entrevista en Telesur, Enrique Santiago hace un balance de la implementación de los acuerdos de paz y lo más urgente para la nueva legislatura en esa materia
En el programa Paz Por Lozano, emitido por la cadena Telesur y dirigido por el periodista Carlos Lozano Guillén, fue invitado el abogado español Enrique Santiago, uno de los asesores jurídicos del Acuerdo Final de La Habana. El estado de la implementación, amnistía e indulto, Justicia Especial de Paz, JEP, Comisión de la verdad y dificultades del proceso, fueron los temas tratados en la entrevista.
El jurista español señaló la necesidad de aligerar el paso a la hora de aplicar la ley de amnistía y los compromisos adquiridos por el ejecutivo. Santiago se refiere a las trabas para la excarcelación de prisioneros de las FARC por la inaplicabilidad de la ley 1820 por parte de los jueces de ejecución de penas.
La Amnistía
“La dejación de armas no puede seguir hasta que el gobierno cumpla su parte. Se deben solucionar temas como la salida de los guerrilleros de las cárceles que la esperan desde hace ocho meses con la ley de amnistía e iniciar con las comparecencias a la JEP. Pero la actitud de los jueces es poco comprometida con los fines del proceso de paz. A 15 días de la finalización del proceso de dejación de armas aún no han salido casi dos mil guerrilleros de las cárceles. En la historia de los procesos de paz de Colombia, nunca se había demorado tanto en aplicar una ley”, señaló el jurista español.
Hasta ahora y después de ocho meses de entrada en vigencia la ley de amnistía los guerrilleros que han salido de la prisión es de 1400 de un total de tres mil. De ellos apenas 500 obtuvieron su salida por medio de la aplicación de la ley de amnistía y otro tanto son libres por la comparecencia a la Jurisdicción Especial de Paz y la subsiguiente libertad condicional.
Reclamo internacional
Sin embargo, no solo el Gobierno nacional es el único responsable de la retención ilegal de los combatientes de las FARC en las cárceles del país. Son corresponsables la mayoría de los jueces de ejecución de penas que deben aplicar la ley de amnistía y no lo han hecho. Hasta la Organización de Naciones Unidas, ONU, en un reciente comunicado calificó la actitud de los jueces como “inédita”.
Hay dos situaciones, por un lado la demora es del Gobierno por no tomar las medidas necesarias para destrabar la salida de prisionero. Pero lo más grave es la actitud de los jueces de ejecución de penas.
“Tenemos problemas con ellos desde diciembre. El poder judicial interpretó que la ley 1820 no atendía los procedimientos de salida de los combatientes y por eso el Gobierno nacional debió emitir sendos decretos presidenciales como en una especie de reglamentación de la ley. Pero aun así los jueces tampoco la aplican”, indicó Santiago quien añadió un ejemplo de ataque al proceso de paz: “Un juez de ejecución de penas de la ciudad de Tunja estudió 85 solicitudes de excarcelación bajo lo estipulado por la ley de amnistía y respondió que no la iba aplicar porque no quería ver a terroristas en la calle. Un juez que no aplique la ley por solo antojo suyo es inaceptable y una falta de ética impensable. No aplicar una ley del Congreso de la República es grave para la democracia”, aseguró.
Nueva legislatura
A la pregunta del director de Paz por Lozano sobre los retos para la nueva legislatura que se inició el pasado 20 de julio, Enrique Santiago hizo un breve balance de las necesidades más apremiantes antes de culminar el periodo de frast track en octubre próximo.
Santiago dividió lo urgente que deben tratar las bancadas de la paz en el Congreso en tres grupos: de una parte el blindaje jurídico del proceso de paz, la seguridad socioeconómica de los campesinos que esperan el desarrollo del acuerdo agrario; y por último, el bloque de medidas económicas y sociales para la reincorporación de excombatientes.
“Tres grandes bloques de implementación urgente. El bloque de seguridad jurídica que tiene que ver con la amnistía y la JEP encargada de la responsabilidad de los actores uniformados y no uniformados en el conflicto. Segundo bloque, la seguridad socioeconómica incluyendo la reforma agraria. Allí hay un problema sobre los proyectos de la reforma rural porque el gobierno de manera unilateral decidió no presentarla por el camino rápido del Congreso, y eso está hoy en discusión en la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz. Y el tercer bloque son las medidas económicas de reincorporación que valen 10 días de guerra, así que el cuento que la reincorporación vale mucha plata no es cierto”, explicó Santiago.
Nefasto papel
Una de las críticas más fuertes hechas por el asesor español en el programa emitido por la cadena Telesur, fue el papel que está jugando la Fiscalía General de la Nación, en la implementación del acuerdo. El ente investigador tiene a cargo impulsar una comisión especial para la lucha contra el paramilitarismo y hasta ahora las declaraciones del máximo jefe de ese organismo Néstor Humberto Martínez, van en contravía de esa tarea.
“No había una norma en Colombia que prohibiera el paramilitarismo. Incluso la ley que se tramita en el Congreso para sancionar el paramilitarismo se intenta desnaturalizar por algunos sectores de Gobierno nacional y ciertas bancadas en el Congreso. Pero lo que más llama la atención es la oposición de la Fiscalía de Martínez que ha hecho lo posible por bloquear el combate al paramilitarismo. La unidad contra el paramilitarismo será subsidiaria en caso que ese ente investigador no actué en las 15 mil compulsas de copias, es decir procesos de investigación por paramilitarismo engavetados. En cuanto al paramilitarismo la Fiscalía no hace y no deja hacer”, aseveró Santiago.
Es tanta es la animadversión de la Fiscalía General contra el proceso de paz, que el propio abogado español presentó una denuncia por la información que recibió sobre los planes de asesinar a los dirigentes del Secretariado Nacional de las FARC-EP y a juicio del jurista fue desechada por los fiscales que la recibieron. Por el contrario, dice Santiago, el foco de la denuncia fui yo y no lo que denuncié”.
Así las cosas, ya no solamente se debe presionar al Ejecutivo para cumplir lo pactado sino a las otras ramas del poder público que siguen sin asumir la tarea histórica de la paz.
