Primera carta bajo la manga. Ministerio de Defensa saca del congelador proyecto de defensa judicial a militares
Hernán Camacho
“Plan B”, fue denominado el proyecto de ley presentado por el gobierno nacional a través de su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con el que se pretende crear el Sistema de Defensa Técnica y Especializada para los miembros de la Fuerza Pública. La iniciativa surge inmediatamente después de la declaración de inexequibilidad constitucional de la ampliación del fuero penal militar por vicios en su formación.
La defensoría militar es una vieja aspiración del Ministerio de la Defensa desde la aparición de los escándalos de los falsos positivos. En un principio, la defensa jurídica de los militares encartados era asumida por la Asociación de Defensoría Militar, una entidad privada, que según informaciones, funcionaba en las instalaciones del propio Ministerio, y cuyos cuestionamientos no solo pasaban por su financiación sino también, por las denuncias de madres víctimas de los falsos positivos en torno a las sistemáticas dilaciones procesales de los abogados de militares acusados.
Autonomía y presupuesto
El proyecto, que es interpretado como una revancha militar, consta de diecisiete artículos, todos orientados a generar condiciones favorables de defensa judicial a los casi mil militares entre oficiales y suboficiales detenidos en su mayoría por crímenes de lesa humanidad. Se crearía el Fondo de Defensa Técnica, Fondetec, dirigido por la cúpula militar en pleno y cuya financiación se ejecutaría a través de una cuenta especial a la cual se le asignarán recursos del presupuesto nacional y partidas extraordinarias para su funcionamiento.
Según lo estipulado en la iniciativa legislativa los recursos destinados del presupuesto nacional a partir del 2014, servirían para las actividades “conexas, complementarias y necesarias que constituyan directa o indirectamente un medio indispensable para el cumplimiento adecuado de los fines del sistema y del objeto del Fondo”. En una redacción tan amplia se permitiría cualquier tipo de artimaña.
Carta blanca
En la práctica los recursos para la financiación de esas defensas militares saldrán del bolsillo de los colombianos. En casos como el que involucra al coronel Robinson González del Río, se harían cómplices el Estado y los contribuyentes por la compra de fallos y actuaciones ilícitas. El militar es investigado por ejecuciones extrajudiciales en las que presuntamente pagó una fuerte suma de dinero al magistrado Henry Villarraga del Consejo Superior de la Judicatura, para cambiar la jurisprudencia de ese tribunal y dejar el proceso que se le adelanta por falsos positivos en manos de la justicia castrense.
La defensa para los investigados por delitos de lesa humanidad sí estaría incluida en el proyecto, contrario a lo que manifiestan desde el Ministerio de la Defensa. La iniciativa determina que las actuaciones que se excluirían de la cobertura del Sistema de Defensa Técnica y Especializada serían “aquellas faltas o delitos no cometidos en ejercicio de la misión constitucional asignada a la Fuerza Pública o con ocasión de ella, o que correspondan a su ámbito privado”.
Ataque a falsos positivos
Si recordamos las actuaciones castrenses que dieron lugar a las ejecuciones extrajudiciales, se produjeron bajo el amparo de operaciones oficiales en las que en prefabricados combates, se daban de baja a presuntos guerrilleros y se obtiene ascensos, remuneraciones, bajo la falsa tesis de la victoria contra la insurgencia.
“Todas las actuaciones ilegales de los militares quedan arropadas para ser defendidas por el Fondetec”, le dijeron a VOZ expertos juristas. Estos sostienen que las madres de las víctimas de falsos positivos pagaron impuestos para que no se sepa quiénes son los responsables del asesinato de sus hijos.
Hay un evidente rompimiento de los pilares del Estado social de derecho en cuanto al principio de igualdad en el acceso a la administración de justicia; prolífico predicado de la institucionalidad jurídica del país. Es decir, un grupo de ciudadanos privilegiados tendrán a su disposición todos los recursos del Estado para vencer en juicio a sus propias víctimas.
Extraterritorialidad
Hasta en instancias internacionales habría defensa técnica de los uniformados. Según la cobertura del proyecto, se pretende avocar la defensa en materia disciplinaria penal en la jurisdicción ordinaria “y en subsidio, la jurisdicción internacional vinculante por tratados internacionales debidamente ratificados por Colombia”.
En ese orden de ideas, la defensoría militar tendrá que pagar un pool de abogados al general Mauricio Santoyo, en las cortes estadounidenses luego de su extradición por nexos con paramilitarismo y narcotráfico. Fuentes consultadas en el Ministerio de Defensa, vaticinan posibles llamados de tribunales internacionales a oficiales de alto rango involucrados por violaciones de derechos humanos.
La pregunta que surge es: ¿el Estado colombiano debe defender a criminales de guerra internacionales? Para defensores de derechos humanos este proyecto resulta inconcebible y allana un desbalance en favor de la impunidad. Hoy el número de sentencias en firme de falsos positivos no llegan a un 10 por ciento de las denuncias tramitadas en la Fiscalía General de la Nación. Entre otros factores que favorecen la ausencia de castigo a responsables están las dilaciones de la defensa judicial de los militares que ahora se incrementaría con el apoyo de dineros públicos.
Todo o nada
Para completar acaba de ser hundida en la Comisión Segunda de Senado una iniciativa que pretendía impulsar la degradación militar en aquellos casos donde miembros de la fuerza pública resultaren culpables de un delito o falta disciplinaria. La degradación obligaría a una disminución del sueldo, privación del grado, insignias, condecoraciones o medallas militares, además de las sanciones y penas impuestas. “Los militares están respirando por la herida y no quieren ser tocados” le dijo a VOZ un miembro de esa Comisión.
Para el ministro de Defensa, sus tropas padecen de moral baja, en vista del tratamiento según él “injusto” que le ha dado la justicia colombiana por asumir investigaciones y juzgamientos de las acciones ilegales de sus hombres. La tesis expuesta por sectores de la política nacional es “la guerra jurídica” para amainar dichas actuaciones.
Los cinco mil falsos positivos denunciados en la Fiscalía, la corruptela de altos mandos de la Policía Nacional y el Ejército involucrados con narcotráfico, la condena al general Santoyo por sus nexos con el paramilitarismo, la condena al coronel Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia y recientemente los asesinatos atribuidos a la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones campesinas, son un catálogo de delitos suficientes para ser rechazados y no defendidos.
