La Ley 1988 de 2019 es un ardid institucional para que los trabajadores informales sean considerados “emprendedores”, ocultando las precarias condiciones en las que trabajan
Olga Victoria Rivera Avellaneda (*)
“Por comprar una empanada en la calle cuatro jóvenes fueron multados por 800 mil pesos cada uno, según las autoridades, porque la conducta promovía el uso indebido del espacio público”. Esto dijo el periodista de Caracol al presentar la noticia de comparendos no solo por la venta, sino también por la compra en el espacio público el 15 de febrero de 2019. A la vendedora informal le cobraron 883 mil pesos.
Esta noticia que se volvió viral en las redes a través de memes y que generó toda clase de análisis y burlas, se convirtió en la presentación formal de la política pública del régimen capitalista con respecto a la privatización del espacio público para legalizar y concretar pagarle al Estado, al sector público y a los bancos, dando forma a la nueva esclavitud para el sector de vendedores informales, por medio del cobro de alquiler por el sitio donde trabajan, cobro de la salud (los están sacando del sistema subsidiado de salud con la metodología IV) y pagar un aporte para pensión, los llamados BEPS.
Ley de la Empanada
El gobierno engaña al sector, cuando habla de los “beneficios de la Ley 1988 de 2019” o “Ley de la Empanada” que, entre otras imposiciones, busca “bancarizar” el sector de vendedores informales y así obligarles a trabajar para los bancos con el embeleco de los préstamos que ellos mismos dicen, “tienen intereses más bajos que los gota a gota, pero más altos que los de los bancos”. (Aclarado en las mesas de trabajo).
Se vienen realizando unas mesas de trabajo entre las administraciones locales y las organizaciones de vendedores informales en todo el país, allí se habla de la “formalización del trabajo informal”, en el caso de los que viven de la venta ambulante y estacionaria que comprende el sector popular más vulnerable y cada vez más grande del país.
En estos espacios lo que poco a poco van “legalizando”, es la participación de las organizaciones de vendedores informales y una “supuesta aceptación” de la política pública del sector, de tal forma que al término de la misma (expuesta por cada gobierno local) ya viene determinada por la Ley 1988 de 2016 y demás normas concordantes.
Solo les falta plasmarla en proyectos de Acuerdo para que los concejales la voten y aprueben. Han logrado “censar” o más bien “¿empadronar?”, tienen todos los datos, hacen que en vez de trabajar asistan a una cantidad de cursos, solo para que estén identificados y obligarles a cumplir esa política pública de esclavitud.
La tal “formalización” para el régimen es simplemente que duren cuatro años cumpliendo con sus exigencias y luego sin importar las condiciones, se considera que ya es un “emprendedor” capaz de trabajar fuera del espacio público, sin respetar la figura de la confianza legítima y el derecho fundamental al trabajo.
Las mesas de trabajo ni siquiera respetan la Sentencia C-489/19 de la Corte Constitucional cuando dice que la formalización es cuando el Estado le brinda un trabajo formal: “… hasta tanto las autoridades competentes hayan ofrecido programas de reubicación o alternativas de trabajo formal”. Lo que en las mesas de trabajo no se acepta ni se tiene en cuenta.
En contra de la precarización
Hacemos el llamado a la unidad con todos los sectores, no solo por los vendedores informales sino por toda la clase obrera y popular, por la imperante necesidad de rescatar el contrato laboral colectivo y estable como una bandera que nos permita avanzar en la conquista de los derechos que nos viene arrebatando el régimen y que fueron producto de grandes movilizaciones y luchas históricas del movimiento obrero.
El Estado debe dar una solución concreta y real de trabajo digno en las condiciones del contrato laboral colectivo y estable, o mientras tanto, el pago del mínimo vital familiar o la renta básica como base de la verdadera protección de quienes no han tenido por parte del Estado las condiciones para estudiar, trabajar y vivir con dignidad, en un país cada día más desigual, donde se profundiza el aumento de la riqueza del 1% que son los grandes grupos económicos, los bancos, los pulpos tanto nacionales y extranjeros, en relación con el 99% explotado, es decir, la clase explotada que camina hacia la mayor precarización conocida en muchos años.
Partimos de reconocer la lucha de clases, de la crisis del capitalismo, esta que se dio a partir de los años setenta por la caída de la tasa de ganancia del gran capital y su apuesta hasta el día de hoy con el nombre de “neoliberalismo” y por lo tanto la imposición de políticas públicas que avanzan en la tarea impuesta por FMI, la OCDE, el Banco Mundial y demás organismos multilaterales del sistema capitalista mundial y su tarea de la reorganización del trabajo.
Es necesario alertar sobre la intención de generalizar y establecer por parte de la clase burguesa, lo que los bancos de pensamiento a su servicio han llamado “resetear el capitalismo”.
(*) Directora del Dpto. de la Juventud y la Niñez CUT Bogotá-Cundinamarca
