Aída Avella Esquivel
@AidaAvellaE
Doloroso que entre los límites de Galapa y Barranquilla, más de 100 familias con dos, tres y hasta cuatro desplazamientos, hayan sido sacados a la fuerza, en la época en que la señora Elsa Noguera ejercía como alcaldesa de la capital del Atlántico.
A finales del 2013, fueron desalojados los predios más grandes. Se hicieron presentes todas las entidades del Estado: Bienestar Familiar, Procuraduría, Fiscalía, y hasta la Defensoría del Pueblo; por supuesto el Esmad, delegados de la Alcaldía y otras, no para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino para presenciar y legitimar toda clase de arbitrariedades.
Según testimonios de campesinos, días antes de su desplazamiento por parte del Estado a los campesinos, el señor Lesman Parra González, hermano de Librado de Jesús Parra González, quien fuera lugarteniente del ‘Caracol’ Alberto Orlández Gamboa, extraditado a raíz de la Operación Marejada, uno de los paramilitar más temido en el Atlántico, los amenazó advirtiendo que “les tocaría matar unos cinco campesinos para que desalojen la tierra”.
Dice Alfredo Molano en uno de sus escritos: “El paramilitarismo y el narcotráfico tuvieron especial interés y auge en Atlántico. Se invirtieron millones de dólares en el sector financiero y en bienes inmuebles. Una nueva clase política surgió acaballada en esos capitales, lo que aumentó la seguridad en el lavado de activos. En agosto de 2002 se dio la Operación Marejada, que, según la Policía y la Fiscalía, desbarató el cartel de la costa atlántica encabezado por ‘Caracol’. Con él cayeron 30 personas más, por tráfico de estupefacientes y lavado de activos, una de las cuales –Libardo de Jesús Parra González– tiene un papel importante en la historia de Tamarindo”.
Entre las tristes historias que conozco, de aquel desplazamiento, está la de una pareja de ancianos. Ella tenía Alzhéimer, su esposo, con cerca de 80 años, cuidaba de ella, fueron violentados sin compasión. Otra es infame: Una mujer jefe de hogar, perdió la cabeza al ver cómo el Esmad, en compañía de Lesman Parra González y sus hombres, con motosierra, tumbaba las matas de plátano, la yuca, las frutas, y rellenaban los pequeños estanques donde cultivaban peces.
Desplazaron a más de 70 familias, que fueron socorridas por los pobres que estaban al lado en una pequeña parcela de menos de 25 hectáreas, que no desalojaron porque era del municipio de Galapa. Esas familias de pobres le dieron la mano a los desplazados, que no tenían para dónde ir, compartieron sus ranchos, sus pobrezas, sus lágrimas, mientras el Estado se marchaba triunfante por la labor cumplida.
Las autoridades cumplieron su “destacada” acción, violentar a campesinos pobres, víctimas de todas las violencias, y ahora todo quedó en orden: Los pobres en la calle y las autoridades orgullosas por recuperar las tierras para que se ampliara la zona franca de Barranquilla para los negocios, de entre otros, los Char.
El Registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla certificó que en los predios desalojados entre los años 1955 y 1972, no aparece propietario. Nadie era dueño de El Mirador, La Granja Catalina, Natacha y Beitjaba, y en consecuencia no hay tradición. El Tamarindo, lugar donde unos pobres acogieron a los otros, está situado, según el IGAC, entre el Distrito de Barranquilla y el Municipio de Galapa y es jurisdicción de este último.
Le escribí cartas a la alcaldesa de ese municipio, y me quedé esperando respuesta. Aspiraba a que una mujer que presidía esa alcaldía, leyera y tuviera la sensibilidad para visitar estos humildes y pobres campesinos, pero no fue así.
Lesman Parra González, ese tenebroso personaje, siguió hostigando a más de 100 familias hacinadas en menos de 25 hectáreas. Cualquier día del año 2015 llegó con cinco hombres armados a construir una choza. Se necesitó la intervención de la Policía a nivel central para sacarlos del predio. Mi sorpresa fue aterradora, tres días después, los mismos hombres desalojados por la Policía, ingresaban al predio a construir, esta vez con respaldo de 10 soldados del Ejército. Otra vez acudimos al nivel central y efectivamente salieron a las pocas horas los soldados y civiles armados. Después de un día agitado, me enteré que Lesman Parra González, era el jefe de seguridad de alguno de los señores de la familia Char.
Señor Fiscal Martínez, le exijo como ciudadana, investigar no solo las arbitrariedades contra los pobres, investigar los intereses sobre ese predio desalojado y los notarios que legalizan todo, sino las andanzas y relaciones entre la familia Char y los paramilitares del bloque Caribe de las AUC y los herederos del paramilitarismo y las bandas emergentes.
No por pertenecer a Cambio Radical, la familia Char tiene un fuero especial que le impida investigarlos ¿Cierto, doctor Martínez?
