Pueblos ancestrales denuncian una campaña de exterminio. A pesar de que la Defensoría del Pueblo y las propias organizaciones indígenas emiten alertas por los crímenes de liderazgos territoriales, las autoridades no hacen nada para impedirlo. En 2021 han sido asesinados 43 lideresas y líderes indígenas
Jenny María Solís
@Jemasolis
En ediciones pasadas, las páginas de este semanario registraron una parte de las conclusiones a las que llegó la primera sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Tal y como la realidad lo comprueba, existe una práctica sistemática de exterminio contra los pueblos y naciones indígenas, que se relaciona directamente con la incapacidad y poco interés del Gobierno nacional por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y el abandono estatal en los territorios y comunidades.
Durante el año 2021 han sido asesinados 43 líderes y lideresas indígenas en el país. Una cifra que ha seguido creciendo durante el gobierno de Iván Duque y que parece no cesar a pesar de las múltiples denuncias, alertas tempranas y exigencias de las diversas autoridades ancestrales de Colombia. El indicador determina que cada mes están asesinado entre cuatro y cinco indígenas a manos de grupos armados ilegales que operan en las zonas colindantes a los territorios ancestrales.
Que cese la violencia
Así lo ratificaron diversas organizaciones indígenas que conforman la Mesa Permanente de Concertación, MPC, en la rueda de prensa extraordinaria, llevada a cabo el pasado 22 de septiembre en las instalaciones de la Cinemateca Distrital y con transmisión a través de la plataforma Zoom. Los hechos inmediatos que antecedieron la rueda de prensa, están relacionados con el asesinato de seis líderes, lideresas y comuneros indígenas, en los departamentos del Chocó, el Cauca y Nariño, entre los que se encuentran dos menores de edad de la comunidad Awá.
“Los Pueblos y Naciones Indígenas representados en la MPC estamos atravesando por una situación muy delicada, de asesinatos, estigmatización, amenazas, confinamientos permanentes en nuestros territorios. En las últimas horas han sido asesinadas seis personas indígenas en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, evidenciando las sistemáticas operaciones de violencia contra los líderes y lideresas sociales y ambientales en nuestro país. Prometieron hacer trizas los acuerdos de Paz y lo están cumpliendo”.
La rueda de prensa contó con la participación de diferentes delegados y voceros de las organizaciones nacionales indígenas del país. Después de leer el comunicado, consejeros y mayores tomaron la palabra, para tejerla, y exigir que cese el etnocidio sistemático al que están siendo sometidos a nivel nacional.
“Exigimos al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, y a todos los grupos armados legales e ilegales presentes en los territorios, detengan de manera inmediata y sin dilaciones el etnocidio físico y cultural en contra de los Pueblos y Naciones Indígenas, sus líderes, voceros, comuneros, guardias y autoridades; se implemente el Acuerdo de Paz especialmente el Capítulo Étnico, así como puesta en marcha lo más pronto posible de las medidas cautelares colectivas otorgadas a los Pueblos Indígenas de Colombia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH”.
En palabras del consejero secretario de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Gerardo Jumí, del pueblo Embera, de lo que se trata es de una política sistemática de exterminio contra los pueblos indígenas, pues afirma, que como las comunidades indígenas representan riqueza cultural, social y de la biodiversidad, estas se convierten en un riesgo para quienes han detentado el poder en Colombia.
Así mismo afirmó, que el incumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados entre las extintas Farc y el Estado colombiano, en lo referente a su capítulo étnico y su falta de implementación, es causa del incremento de la violencia en los territorios indígenas.
Polivio Leandro Rosales representante legal de AICO Por la Pacha Mama expresó el dolor generalizado por los hechos de violencia de los últimos días, pero se preguntó “¿quién está detrás de esto?”. Afirmó que los asesinatos y persecuciones contra comunidades indígenas, tienen que ver con el modelo de desarrollo que están imponiendo, minería y explotación de recursos minerales; un modelo que lleva a conflictos sociales y territoriales.
Desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Opiac, se sentó una voz de protesta por los hechos que están aconteciendo en los territorios, en lo que se refleja la negación a los derechos, la espiritualidad, la autoridad, la ancestralidad y la identidad propia de los pueblos indígenas. Por lo que la lucha por la historicidad y visibilidad del “país indio” transcurre entre la negación de sus derechos, la de los espacios de participación y los asesinatos sistemáticos en los territorios.
Escalofriantes registros
Las cifras de los últimos días son escalofriantes. En tan solo 36 horas fueron asesinados, algunos con signos de tortura, seis miembros de diferentes comunidades indígenas del país. Desde el año 2009, la Corte Constitucional, en auto 004, afirmó que los pueblos y naciones indígenas estaban en alto riesgo de exterminio. En el 2021, ninguna medida ha sido tomada para su protección y, por el contrario, se avista un aumento sistemático.
Según Indepaz, el 20 de septiembre fue asesinado en Caloto, Cauca, el comunero David Aricapa Viscué, quien pertenecía al resguardo de López Adentro, correspondiente al pueblo Nasa. La ONG reportó que la Defensoría del Pueblo alertó sobre acciones armadas cercanas a las comunidades que habitan por la zona. Los grupos armados ilegales que allí hacen presencia son la Columna Móvil Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, así como el ELN y el Clan del Golfo.
Ese mismo día, fue asesinado, pero en el Carmen del Darién, Chocó, Dilio Bailarín, miembro del Resguardo Indígena Alto Guayabalito del Pueblo Embera Eyábida. Su asesinato se registró, según Indepaz, en horas de la tarde, a dos minutos de donde se asienta su comunidad. Había recibido amenazas por parte de grupos armados que operan en la zona, que se disputan el control territorial en los corredores fluviales entre Antioquia y Chocó por las economías ilegales.
En Tumaco, Nariño, dos comuneros indígenas de los resguardos Awá de UNIPA, Awá Quejuambi Feliciana y Hojal la Turbia, desaparecieron el 19 de septiembre y más tarde, fueron encontrados con múltiples signos de violencia los cuerpos de José Luis Pai Taicus, menor de edad, y de Jovanny Javier García. Cuatro alertas tempranas habían sido emitidas por la Defensoría del Pueblo. Reclutamiento de menores, incursiones armadas de grupos ilegales y amenazas constantes contra la comunidad, son la constante para el pueblo Awá.
El mismo 19, otra vez en Caldono, Cauca, en el corregimiento de Siberia, vereda Crucero Rosario, José Lisandro Cayapu, comunero indígena del resguardo de Caldono, fue asesinado mientras se movilizaba en una motocicleta. Según el informe de Indepaz, el comunero había participado de la destrucción de armas por parte de la comunidad el día anterior a su asesinato. En la zona también se denuncia reclutamiento de menores.
En el Acandí, Chocó, mientras pescaba fue asesinado Efrén Antonio Bailarín Carupa, gobernador del resguardo Chidima Toló del pueblo Embera Eyábida, quién además era miembro de la Guardia Indígena Colectivo y participaba de acciones organizativas sobre la consulta previa.
Todos estos asesinatos, contaban con alertas tempranas, y, sin embargo, ninguno pudo evitarse. De las 115 comunidades indígenas existentes en el país, 75 están en riesgo de extinción física y cultural.
* Un día después de la rueda de prensa, fue asesinada la mayora del pueblo Nasa, Ilia Pilcue, en el municipio de Jambaló, Cauca.
