Desde la llegada de Duque a la Presidencia de la República, varias dinámicas del conflicto armado han aflorado y agudizado en los territorios y un evidente ocultamiento de la verdad sobre los responsables de los altos niveles de criminalidad en el país, se viene institucionalizando como una política de Estado
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Las bases sociales de los territorios son el foco de la nueva dinámica de la violencia en Colombia. Es nueva en tanto que, en el periodo de gobierno anterior, había un cese de dicho fenómeno que habría permitido abrir una brecha en el camino para la recuperación del tejido social y en la construcción de procesos para la resolución de conflictos locales y para la paz.
Este periodo presidencial también está marcado por lo que el Programa para la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep denominan: las nuevas metodologías de victimización que buscan, de manera intencionada, una perspectiva de justicia nula. Se refieren a la intencionalidad de negar la vinculación de actores armados, como los paramilitares o militares, en hechos de violencia y crímenes contra las comunidades.
Según el Cinep, de los 1418 casos registrados por el Banco de Datos de DD.HH. en 2018, “en 195 casos aparece la autoría con la etiqueta de desconocidos, mientras que en 139 casos aparece la autoría con la etiqueta de hombres armados o encapuchados, las dos cifras suman 334 casos que conducen directamente a la impunidad. A esto se suman los 562 casos que registran sin información”. Estos hechos, individuales y colectivos, cuentan con denuncias previas de las comunidades, dando cuenta de los actores armados e incluso alertas tempranas sobre las posibles violaciones de derechos, que no fueron atendidas por las instituciones correspondientes o tenidas en cuenta en los procesos de investigación, luego de presentarse los crímenes.
Muy por el contrario, según un análisis desde la realidad de cada territorio sobre los actores armados, el nivel de riesgo de las comunidades y las acciones colectivas para prevenir la violencia, el Estado, en cabeza de sus instituciones, se ha encargado de limitar una violencia política evidente, a simples acciones aisladas. Delitos comunes como: robos, atracos, prestamos gota a gota, líos pasionales o problemas de vecindario, son la justificación institucional de que hoy los tejidos sociales y la violencia política acaben con la vida de líderes y lideresas sociales.
Según información de la Confederación de Acción Comunal la Fiscalía General de la Nación, en los casos de líderes comunales, ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales, denominados gatilleros, pero ninguna sentencia en contra de los autores intelectuales. Lo cual implica dos elementos; por un lado, ocultar la verdad sobre los verdaderos responsables de estos crímenes políticos y, por otro lado, invisibilizar el liderazgo de las mismas víctimas en los territorios, sus luchas y las causas que condujeron al mismo.
No interesa una política de protección
Una de las razones por las cuales se habla de una política de guerra, es porque no existe voluntad institucional para frenar la violencia en las regiones. Elemento que se evidencia, no solo en el ejercicio político y paquidérmico de las instituciones sino, además, porque así se admite en algunos documentos como en las Bases del Plan del Consejo Nacional de Planeación, cuando se menciona en uno de sus objetivos, el Pacto por la Vida, habla de garantizar la protección, de mejorar las alertas tempranas y poner en marcha el Plan de Acción Oportuna, PAO, para líderes y lideresas sociales.
Sin embargo, en este tipo de documentos institucionales no se menciona el llamado que desde las mismas víctimas se ha hecho, y es la realización de una verdadera política, de un plan colectivo que más allá de atender víctimas, prevenga y proteja a las comunidades de los hechos de violencia a los que hoy se ven sometidos.
De hecho, en las Bases del Plan de Desarrollo 2019-2022 se ratifica la tendencia a encubrir la realidad territorial y sus fenómenos sociales, las de los promotores de la guerra y de quienes están políticamente relacionados con los mismos, al afirmar que: “La complejidad de los fenómenos de las economías ilegales aumenta cuando los grupos criminales amenazan a personas, familias y comunidades constructoras de capital social, quienes, por el ejercicio de sus funciones, actividades o cargos, ven sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad amenazados. Es el caso de defensores de derechos humanos y promotores de la cultura de la legalidad en los territorios” (Bases del PND, pág. 15).
Se pretende evidenciar que las bandas criminales actúan por si solas, sin determinar sus financiadores y móviles políticos, que buscan acabar con procesos de liderazgo social locales, como ha sucedido en el Cauca, en donde las comunidades han sido víctimas de atentados, amenazas y asesinatos selectivos por defender la sustitución de cultivos de uso ilícito o la tierra. Al igual que en Antioquia, en el municipio de Ituango, en donde quienes han defendido el río y el territorio, han sido asesinados de manera selectiva, entre otras tantas realidades a nivel nacional.
Política criminal como política de Estado
Solo en una semana y en diversos municipios del país, fueron asesinadas varias personas por ejercer su labor social en medio del conflicto. Se trata del joven médico Cristian Camilo Julio, el cineasta Mauricio Lezama, el antropólogo Luis Salamanca y el joven reincorporado de las Farc, Giovany Murillas. También en la capital, uniformados de la Policía Nacional golpearon a varias chicas transgénero provenientes de Venezuela, que se encontraban en la localidad de Kennedy, a ellas las subieron a una patrulla y las violentaron entre cinco uniformados del CAI Villa Claudia. La denuncia, con fotografías de los rostros de las mujeres agredidas generó indignación social.
Estas son situaciones que se conjugan con lo que el mismo gobierno ha mencionado en el documento de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad: “La ausencia de instituciones estatales o su frágil presencia en zonas del territorio, generan espacios vacíos de autoridad y de Estado de derecho, dando lugar a marginalidad social, política y económica, que aprovechan los grupos criminales”, mención que abre paso para que la misma política de violencia se instaure en las territorios y que en el caso de las mismas instituciones no actúen de acuerdo a su quehacer sino que se sienta sobre la base del vacío institucional, para también cometer delitos y violaciones que atentan contra la dignidad humana.
Esta es una política del actual gobierno, que no corresponde per se a la debilidad del Estado y de sus instituciones sino a una concepción de democracia en un país en donde se pretendía, luego de la firma del Acuerdo de Paz, reconstruir el tejido social y dejar atrás los largos años de violencia que se instauraron en la dinámica territorial y que se agudizaron con el Gobierno de Uribe y que hoy, como a las Madres de Suacha, duele recordar: “Hoy es un día horrible para nosotras gracias a usted”: madres de Soacha a Uribe, en respuesta a su saludo a las madres de Colombia en su día.
