Camilo Raigozo
Las comunidades campesinas e indígenas del departamento del Caquetá se vieron obligadas a movilizarse desde hace 21 días en todo el departamento, para exigirle a las diferentes esferas del gobierno que solucione de forma inmediata la grave crisis de la educación en las zonas rurales.
La población rural caqueteña denunció que, en lo que va corrido del año, la niñez no ha recibido un solo día de clases por la falta de profesores, debido a la desidia del gobernador y los alcaldes.
La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac) informó el pasado 3 de mayo, que voceros de las comunidades habían tenido tres reuniones de acercamiento con las autoridades en los últimos 15 días.
En dichos diálogos se habían concretado algunos acuerdos entre las partes, pero en la misma fecha los voceros de las comunidades se vieron obligados a retirarse temporalmente de la mesa de diálogos debido a que la Gobernación los incumplió.
Según Coordosac, entre los puntos que se habían acordado estaban la ampliación de la planta de docentes como solución definitiva a la problemática, participación de la comunidad en los nombramientos provisionales, y dirimir cualquier conflicto en el marco del comité de conciliación de las asociaciones de juntas.
Sin embargo, al retomar los diálogos el pasado 3 de mayo, los voceros de las comunidades se encontraron con la negativa por parte de la Gobernación y la Secretaría de Educación de permitir la participación de las comunidades en el proceso, lo que fue calificado por los campesinos como falta de seriedad y de voluntad política.
Ante la indiferencia de las autoridades para solucionar la grave crisis educativa por la que atraviesa el departamento, más de cuatro mil campesinos se movilizaron para manifestar su protesta, siendo agredidos brutalmente por el régimen por intermedio de los agentes represores del Esmad.
Además fueron retenidas con amenazas de ser judicializadas y condenadas al menos 10 personas, una de ellas menor de edad.
Entre las personas retenidas figuran: Dignory Peña, Mauricio Tamayo, Edison Fernández, Carlos Díaz, Esteban Bocanegra, Gilberto Olivares, Hever Ramírez, John Alejandro Ossa y Yaira Fernanda Muñoz, menor de edad.
La senadora Gloria Inés Ramírez se comunicó con la Vicepresidencia de la República y con la Defensoría del Pueblo, a quienes les solicitó vigilancia y protección de los derechos humanos, no solo de las persona retenidas, sino también de la población caqueteña que se encuentra ejerciendo su derecho a la protesta.
“El Gobierno debe solucionar el grave problema de los campesinos en vez de criminalizarlos y encarcelarlos”, le dijo Gloria Inés Ramírez a Notimundo, expresando además su solidaridad con las justas luchas campesinas del Caquetá.
Igualmente anotó que la protesta social no debe criminalizarse, máxime cuando las comunidades del Caquetá llevan un buen tiempo buscando dialogar con las autoridades, antes de tomar acciones de hecho como única vía que les queda para ser escuchadas.
