Los uribistas quieren convencer al país que la organización de integración internacional más importante de la historia, es una guarida politiquera con sesgo ideológico pasional
Redacción política
En el campo de la diplomacia, la presencia de la oficina permanente de Naciones Unidas es el paso previo que advierte inminentes dictaduras. Esta oficina y su delegación de relatores con misiones especiales no es un favor de los mandatarios para conservar las buenas maneras en la diplomacia mundial, responde a casos excepcionales en donde la ONU considera imperativo tener una lectura de la realidad en materia de respeto y garantía de derechos humanos. Darle trato de guerra con el supuesto “sesgo ideológico” por los informes presentados, es un desaguisado internacional.
Piedra en el zapato
La presencia de la Oficina de la ONU en Colombia viene del gobierno de Ernesto Samper en 1994. Llegó al país para evitar sanciones internacionales por parte del organismo multinacional, a propósito de las innumerables violaciones de derechos humanos ocurridas en la época: el genocidio de la Unión Patriótica, la presencia del paramilitarismo en todo el territorio nacional, la alianza política entre narcotraficantes y partidos tradicionales, la permanente persecución a las organizaciones defensoras de derechos humanos, desplazamientos, masacres y restricciones a la libertad, entre otras.
Colombia fue el primer país del continente en tener dos oficinas de observación y garantía de derechos especializadas: el relator para la violencia sindical, única en el mundo; y la relatoría especial para la desaparición forzada.
La dinámica de la oficina de la ONU no es hacer oposición política a los gobiernos de derecha. Sus principales tareas son definidas con el gobierno nacional pero la función de monitoreo a la situación de derechos humanos es permanente y por todo el territorio nacional. Su misión en algunos casos es protocolaria, pues sus relatores hacen una o dos visitas al año por mínimo quince días para constatar las advertencias que se vienen generando en cada uno de los sitios de monitoreo.
En principio la naturaleza de la oficina de la ONU en Colombia era de mera asistencia técnica. Los gobiernos, desde Samper hasta hoy, han pretendido que la Oficina se reduzca a lo más mínimo, incluso a ser simplemente una misión de observación sin ningún tipo de competencia en cuanto a las relatorías principalmente de derechos humanos.
No ha existido una administración que no tenga siquiera una diferencia con la ONU en Colombia. El doble mandato de Álvaro Uribe fue el gobierno con más diferencias con la oficina de Naciones Unidas; temas como los falsos positivos, las interceptaciones ilegales, la persecución a defensores de derechos humanos, los desplazamientos masivos, entre otras violaciones de derechos humanos, fueron objeto de cuestionamientos por la ONU y de duras respuestas y amenazas de terminar con la presencia de esta oficina en Colombia.
La principal diferencia entre el Gobierno Uribe, y su vicepresidente Francisco Santos, fue la propuesta de suprimir la oficina de DD.HH. Se cuestionaba el reconocimiento del conflicto armado pues el gobierno defendía la tesis de estar bajo una amenaza terrorista para tener vía libre a la violación sistemática de derechos humanos.
La ONU con la paz y tensión en las relaciones
La oficina de la ONU hoy tiene una amplia competencia en el territorio desde la firma de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Debido a su participación, en primera instancia como apoyo de distintas organizaciones de derechos humanos para hacer posible la participación más amplia de la sociedad en la agenda de conversaciones, y en segunda instancia, su papel estratégico en el conteo, salvaguarda y extracción de las armas de la guerrilla fuera del país. De hecho en las reformas constitucionales que permitieron dar vía libre al proceso de paz y su implementación, la ONU tuvo un papel sustancial en lo que tiene que ver con la verificación y la implementación de los acuerdos.
El encargado de la oficina de la ONU en Colombia es Alberto Brunori quién presentó su renuncia a esa responsabilidad desde enero pasado por razones de salud. Quien llegará a ser la máxima representante de las Naciones Unidas en Colombia es Julie de Rivero, la responsable desde hace dos años de la Oficina de la ONU para África. De Rivero, fue elegida por Michel Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la organización internacional.
De Rivero aún no ha sido recibida por el Gobierno colombiano, a la espera de una respuesta a una comisión designada por el ejecutivo en donde pide a Bachelet, una terna para elegir el remplazo de Brunori. Un procedimiento de elección sin antecedentes en la diplomacia. Lo grave de esta solicitud es que el gobierno pretende poner freno a las competencias de la ONU en Colombia y sobre todo amordazar las relatorías de derechos humanos que se están preparando en materias como desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, sin contar con el informe que esta oficina en Colombia debe publicar sobre el avance de la implementación de los acuerdos de paz y las responsabilidades de las partes en los incumplimientos. Bachelet ha dicho que no se dejará imponer la terna y que se definió a De Rivero como la representa de la ONU para Colombia.
La presencia de la oficina en Colombia ha permitido no solo denunciar la sistemática violación de derechos humanos, sino también ser interlocutor válido de las organizaciones de derechos humanos en Colombia, que han sido estigmatizadas desde el mismo sector de derecha que hoy la llama: “una guarida politiquera con sesgo ideológico pasional”. Ha permitido que la presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos tenga espacio en los parlamentos del mundo y en especial en Europa desde donde se denuncian la violencia oficial en contra de opositores políticos y líderes sociales.
La diplomacia colombiana en manos del Gobierno de Iván Duque ha construido un rol contrario a la integración del continente, a las buenas relaciones con los vecinos de frontera y una sumisión a los intereses norteamericanos que van en contravía de los intereses nacionales.
