El acelerado incremento de la barbarie en los dos años de gobierno de Duque no corresponde a hechos casuales o aislados. Durante la campaña presidencial, el Centro Democratico sentenció que “harían trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las FARC, que es una claudicación y que no puede subsistir«. Lo que hay es un desarrollo crudo del programa de gobierno del uribismo. Desde antes de firmarse los acuerdos de La Habana incentivaron el ataque contra la Jurisdicción Especial de Paz y aumentó la violencia en la zona rural, hoy ya son casi 1.000 líderes sociales y 222 firmantes de paz asesinados.
Una de las causas que explican la violencia y el regreso de las masacres es la expansión paramilitar, la cual demuestra el fracaso de la desmovilización en el proceso de Justicia y Paz impulsado por el expresidente Uribe.
Las masacres que habían cesado vuelven a aparecer en el escenario nacional. Con el gobierno de Duque retornó el terrorismo de Estado; estamos ante un régimen que no promueve la paz porque obtiene beneficios de la guerra y la política neoliberal.
En lo que va corrido del 2020 van 43 masacres. En solo esta última semana ocurrieron 6. En la región del Catatumbo 5 personas asesinadas, en Caloto 5, en Algeciras 4, en Ricaurte 3, en Samaniego 6, en Cali 5, en el Tambo 6, en Arauca 5, en Tumaco 6. Las víctimas son jóvenes campesinos, indígenas, negros, lideresas, integrantes de las comunidades pobres y marginadas de la Colombia históricamente olvidada por el Estado. La política pública de protección para líderes anunciada en agosto de 2018, es otra de las innumerables mentiras del Gobierno.
¿Por qué las élites les han declarado la guerra a los jóvenes?, ¿Por qué tras la detención de Uribe Vélez se reactivan las masacres en Colombia? ¿Es una lamentable coincidencia? ¿O existe una sistemática relación de causalidad? No es un secreto que en las pasadas elecciones los jóvenes fueron protagonistas del voto por el cambio. El uribismo odia a los jóvenes por su mentalidad de cambio, porque reclaman sus derechos, les aterra su rebeldía; con frecuencia sus senadores los han llamado «vagos», “vándalos” o “marihuaneros”; El asesinato de niños y jóvenes, ¿es entonces una retaliación del paramilitarismo por la captura del exsenador Uribe? ¿Será acaso que las declaraciones de Mancuso sobre las relaciones del uribismo con los más desalmados paramilitares son ciertas? Las respuestas a tantos interrogantes señalarían el sendero que nos conduzca a transitar hacia la captura de los responsables hasta ahora ocultos de las masacres.
Los sabuesos de la fuerza pública, los burócratas del establecimiento y los periodistas de bolsillo de las corporaciones noticiosas se esmeran a diario en intentar demostrar que las víctimas posiblemente “tenían relación con el narcotráfico” o andaban “en vueltas raras”. Creen que con esas fabulaciones pueden ocultar a los autores intelectuales y sus reales motivaciones para ordenar los asesinatos y financiar a los sicarios, pobres agentes de los crímenes, que actúan así obligados por la miseria en que subsisten.
El Estado es responsable por acción y omisión de la oleada de asesinatos y masacres en curso, el objetivo es sembrar terror y control social y territorial, para ello también utilizan a grupos criminales y bandas de extrema derecha ligadas al narcotráfico, que aprovechan la negligencia de oficiales y suboficiales del Ejército, en algunos casos la corrupción de algunos militares, como recientemente ha ocurrido. Solo así se explica que ocurran tantas masacres en zonas altamente militarizadas. Además, pocas veces los responsables son detenidos; incluso en algunas zonas los criminales se mueven libremente en medio o en las proximidades de las tropas.
No existe ninguna voluntad de desmontar las estructuras paramilitares por parte del Gobierno; por el contrario. A lo largo y ancho del país se denuncia por parte de las organizaciones sociales y las comunidades la connivencia que existe entre agentes del Estado y paramilitares.
Otro elemento de la política gubernamental que aporta combustible al volcán de la violencia es la errada política relacionada con el narcotráfico y la drogadicción. No tiene el Gobierno una política autónoma ni adecuada, se limita a aceptar la imposición de la política del imperio. Esta política de represión es la principal motivación de la guerra de los narcotraficantes.
Este horroroso intríngulis de la violencia, ha tenido en las últimas horas un elemento que complica cualquier explicación, cual es el interés de Iván Duque en restarle gravedad a las masacres, denominándolas homicidios colectivos, para restarle impacto simbólico y algunos componentes agravantes. ¿Es acaso que conoce a los perpetradores de las masacres y se propone favorecerlos para que obtengan sanciones penales de menor castigo? Recuerde, señor Presidente, la sentencia de Jorge Eliécer Gaitán: “Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia”
Ante tanta barbarie impune se requiere del impulso transformador del movimiento popular que desnude las pretensiones de esa extrema derecha adversaria del acuerdo de paz y vuelva a colmar calles y plazas para detener el genocidio e imponer la convivencia pacífica.
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