Con toda la tranquilidad que se desprende del deber cumplido, varios dirigentes de las FARC-EP, cada uno a su manera, declararon después del anuncio y reconocimiento de la Misión de la ONU de que se había cumplido el cien por ciento de la dejación de las armas, casi 7.500, que “con satisfacción decimos que estamos cumpliendo y lo mismo deben hacer el Gobierno y el Estado colombiano”. Todo el mundo le reconoció a las FARC haber cumplido el compromiso adquirido en el Acuerdo de La Habana. Salvo, por supuesto, la extrema derecha uribista que con mezquindad está embarcada en la aventura de impedir la implementación del Acuerdo Final de La Habana y que los colombianos gocen por fin de la paz estable y duradera.
Ahora entran en proceso la ubicación de las 900 caletas para que el resto de las armas de las FARC puedan ser llevadas por los funcionarios de la ONU a los contenedores de las zonas veredales y las que tengan que destruirse, proceder a hacerlo bajo la estricta vigilancia de la misión internacional. El 1 de agosto estará cumplida la misión si no es necesario ampliar el plazo por las dificultades logísticas o técnicas que surjan, pues muchas de esas caletas están en sitios casi inaccesibles.
Sin embargo, en el reconocimiento al cumplido de los ex combatientes, centenares de prisioneros políticos en distintas cárceles colombianas, se declararon en huelga de hambre para exigir que el gobierno cumpla con la amnistía y el indulto, aprobados desde el 30 de diciembre del año pasado y en proceso de implementación. Los funcionarios gubernamentales prometen que están en proceso los decretos presidenciales y se conversa con los jueces para que se produzcan las decisiones a la mayor brevedad posible. Pero nada pasa, no hay decretos presidenciales ni decisiones judiciales. Para el caso de los combatientes que ocupan las zonas veredales deben ser expedidos los decretos de amnistía; y para el caso de los presos políticos y prisioneros de guerra deben darse las decisiones judiciales.Todo está empantanado, hasta el punto que las protestas y la huelga de hambre se han prolongado por la incuria oficial. Desde Bogotá Jesús Santrich se unió a la acción de dignidad y exigencia para que el Gobierno y el Estado cumplan lo pactado. Que es un tratado que debe cumplirse. La palabra del gobierno de Santos está empeñada y debe cumplirla. No sirven las argucias ni las mentiras. Hay que respetar la palabra y la firma del presidente Juan Manuel Santos en el Acuerdo firmado en el Teatro Colón.
Todos los días los voceros del gobierno aseguran que saldrán los decretos y nunca salen, no se conocen. Mientras que los jueces no producen las sentencias, sin explicación alguna.
Detrás de todo están los enemigos de la paz. Los que quieren hacer trizas los acuerdos, varios de ellos infiltrados en el Gobierno y en el Estado. Por ejemplo se conoce que el fiscal Néstor Humberto Martínez, uno de los saboteadores del acuerdo, presiona a los jueces de garantías para que no resuelvan las solicitudes de amnistía, al tiempo que promueve campañas publicitarias a partir de “órdenes de batalla” e informes de la inteligencia militar que nada tienen que ver con la actualidad.
Los parlamentarios del Centro Democrático alegan que no todas las armas han sido entregadas, porque faltan 10 mil que les vendió a las FARC el señor Montesinos, encarcelado en Perú. No existen las pruebas de si esas armas llegaron a Colombia y si fueron 10 mil, pero lo cierto es que se trata de una situación de hace diez años. Contrasta con la información del Ministerio de Defensa que asegura que en los últimos años más de 50 mil armas le fueron incautadas a la guerrilla. Es una ofensiva amarillista de la extrema derecha, muchas veces orquestada por la primitiva prensa burguesa que se pega a toda campaña sensacionalista para ganar rating y vender periódicos y revistas. Ese tipo de medios y maniobras mediáticas le hacen bastante daño a la paz y al proceso de reconciliación nacional como dicen las FARC.
El Estado debe cumplir. El podder judicial no puede convertirse en una piedra en el zapato de la paz, como tampoco el Fiscal no puede empeñarse en sabotear el Acuerdo de La Habana porque ese no es su oficio ni su función.
El Gobierno y el Estado deben cumplir como lo están haciendo los insurgentes que dejaron las armas y trabajan por construir el partido político para actuar en el escenario nacional sin armas. Es parte de la realidad nacional en un país en que la extrema derecha, desesperada, acude a todo tipo de argucias y maniobras mezquinas. Quiere ganar las elecciones para hacer trizas lo acordado en La Habana. En ello, según su filosofía y la de su conductor. “todo vale”. No se le puede permitir que lo logre.
