La crisis sanitaria develó la existencia de núcleos de población que al vivir de la actividad económica del día a día o que al perder el empleo, fueron privados de sus ingresos
Carlos Fernández*
En medio de la avalancha de decretos expedidos en desarrollo de la emergencia social, económica y ecológica, los decreto 523 y 527 del 7 de abril del presente año han pasado un tanto desapercibidos. En el 523, se estipulan dos cosas: primero, suspender hasta el 30 de junio y con posibilidad de prórroga de tres meses, la aplicación del sistema andino de franjas de precios, que establece un arancel externo común para los países que conforman el Área Andina y que se rigen por el Acuerdo de Cartagena del año de 1969; segundo, establecer un arancel de 0% para cuatro productos específicos, a saber: maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya, que, en el sistema andino tenían un arancel del 15%. Con esta medida, se busca abaratar los costos del alimento concentrado de las industrias avícola y porcina que se elabora a partir de estas materias primas.
El decreto 527, por su parte, limita la importación de alcohol carburante (etanol) a la existencia de déficits en el mercado nacional, en un momento en que los azucareros anuncian que están utilizando el 120% de la capacidad de almacenamiento de este producto, lo que dificulta el doble uso de la caña: producción de azúcar y de alcohol. El alcohol carburante se usa para mezclarlo con la gasolina de motor como una medida de protección del medio ambiente que busca disminuir las emisiones contaminantes del combustible.
Respecto a esta medida, el noticiero Noticias Uno denunció que el gremio que reúne a los azucareros –Asocaña– reversó su decisión de nombrar a Frank Pearl como su director ejecutivo, pues, al parecer, desde el presidente para abajo estaban molestos porque un gremio que –además de la medida comentada, disfruta de una serie de privilegios tributarios y de política económica–, tuviera a la cabeza de su administración a un personaje que participó en parte de la negociación del Acuerdo de Paz con las FARC y en las discusiones truncadas con el ELN.
Visión oficial del agro
La naturaleza aparentemente contraria de las dos medidas (en una se facilita la importación y en la otra se dificulta), su condición de medidas puntuales y la falta de normas que apunten a una mayor protección a la producción de alimentos –que, en una gran proporción, provienen de la economía campesina– ponen en evidencia la permanencia, en medio de la crisis sanitaria y económica, de una visión del desarrollo agrario que las clases dominantes han ido implantando a lo largo de los últimos decenios. Esta visión se puede resumir así:
*Mantenimiento de la concentración de la propiedad de la tierra como una alcancía en búsqueda de valorización y como sustento material del poder terrateniente, en medio de un uso irracional del suelo.
*Desarrollo de una estructura agroindustrial con visos de modernización capitalista, que no afecta el poder latifundista pero que depende de los insumos importados o está orientada a la exportación y no garantiza la soberanía alimentaria de los colombianos.
*Empeño de convertir a los productores campesinos en fuerza de trabajo para la gran propiedad o para la producción agroindustrial en condiciones en que, muchas veces, no se adoptan las normas laborales establecidas y se mantienen relaciones de sujeción atrasadas e informales.
Toda esta dinámica, atravesada por la violencia como mecanismo de despojo, de acaparamiento de tierra y como instrumento de desplazamiento de una fuerza de trabajo que resulta redundante para las necesidades del capital o que amplía el ejército industrial de reserva.
El suministro de alimentos
Hasta ahora, no se ha presentado una situación crítica de desabastecimiento de alimentos con relación a la situación de antes de la cuarentena, si bien ya empieza a evidenciarse una desaceleración del suministro de estos bienes para la población urbana y una disminución de la demanda de los mismos por la ausencia de ingresos para adquirirlos.
El desabastecimiento alimentario tiene que ver, en primer lugar, con las dificultades logísticas y de transporte para llevar los alimentos a los sitios de distribución y a la situación sanitaria de estos sitios. El caso de Corabastos en Bogotá ilustra esta situación. Los campesinos se están viendo en dificultades para llevar sus cosechas a los sitios a donde antes las vendían por efecto mismo de la cuarentena. Las entidades territoriales y nacionales que suministran mercados a las personas beneficiarias de estas acciones no compran, en general, a los productores directos sino que se abastecen en los supermercados de cadena y en las grandes superficies que no han tenido mayores dificultades para mantener sus cadenas de aprovisionamiento.
En segundo lugar, algunos productos alimenticios se han visto afectados en el precio al productor y, además, medidas como el decreto 523 lo que hacen es desestimular aún más, si cabe, la producción de bienes de tradición milenaria, en lugar de desarrollar una política de estímulo a la producción autóctona. Ésta ha disminuido por la competencia externa que favorecen los gobiernos, como en el caso del maíz, o que han desaparecido por efecto de la política de subsidios a su propia producción de países como Estados Unidos, como es el caso del trigo como cultivo nacional.
Por otro lado, aún existiendo oferta alimenticia, la crisis sanitaria develó la existencia de núcleos de población que, al vivir de la actividad económica del día a día o que, al perder el empleo, dejaron de percibir ingresos que dedicaban al consumo de alimentos. Las medidas comentadas, pues, no contribuyen en nada a resolver una situación estructural que ha llevado a que las importaciones de productos alimenticios ascendieran, en 1919, a 13,8 millones de toneladas entre productos frescos y productos elaborados.
Los campesinos no se han quedado quietos ante la situación que se vive. Se han ido adaptando, en la medida de la precariedad en que viven en materia de salud, de alimentación (el autoconsumo ayuda pero no basta) y de educación (la alimentación escolar no se recibe como antes de la pandemia) a las circunstancias de la crisis sanitaria. Han desarrollado nuevos mecanismos de interrelación familiar y comunitaria y siguen ofreciendo resistencia a la violencia oficial y paramilitar. La implementación efectiva, no declarativa, del Acuerdo de Paz, sería un factor esencial para resolver muchos de los problemas del agro. Mientras el Gobierno y las fuerzas que lo apoyan desdeñan esta alternativa, el campesinado y las fuerzas favorables a la paz tienen en él, todavía, un programa de lucha.
* Economista.
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