El Gobierno Nacional demostró a lo largo de los diálogos de La Habana indiferencia por las reformas sociales y políticas, necesarias y planteadas en la agenda de discusión. De igual manera, aprobado el Acuerdo Final de La Habana, no refleja interés por agilizar la aprobación de las mencionadas reformas, porque realmente el acento lo coloca de forma exclusiva en la dejación de las armas y el tránsito de las FARC-EP a una organización política sin armas. Aspectos muy importantes, pero que no se pueden implementar al margen del conjunto de los puntos del Acuerdo Final. Todos son parte de un pacto bilateral que obliga por igual a su cumplimiento e integralidad.
Las reformas sociales y políticas significan el acuerdo de compromiso de las dos partes, reconocido el carácter del conflicto, que la implementación de ellas significarán la erradicación de causas importantes que originaron el levantamiento armado guerrillero y la confrontación de más de medio siglo de las FARC con el Estado. Por esta razón, son las más trascendentes, sin subestimar el alcance y la necesidad de la aprobación de todas, incluyendo las que son de especial atención gubernamental.
El proyecto de ley “Por el cual se adoptan disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales y se dictan otras disposiciones”, que se supone es el que implementará la parte pertinente del Acuerdo de La Habana, tiene serias inconsistencias y modificaciones al espíritu de lo acordado. Según algunos congresistas, encabezados por el senador Iván Cepeda y Ángela María Robledo, sostienen que, además, “desconocen abiertamente la Constitución Política de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, por supuesto también “el contenido del Acuerdo de Paz de La Habana, en noviembre de 2016”.
A todas luces desconoce el Acuerdo de La Habana, no ha sido discutido ni acordado de forma bilateral con las FARC-EP, que es la contraparte en el proceso de paz, y, como si fuera poco, desvirtúa el carácter esencial de lo acordado en el sentido que es para beneficiar a los campesinos y para saldar la enorme deuda del Estado con el campo, porque las políticas oficiales de la clase dominante siempre apuntaron a favorecer el latifundio y los grandes negocios de hacendados, ganaderos y transnacionales.
Voces de Paz a través de uno de sus voceros, el senador Jairo Estrada, planteó su inconformidad, porque la propuesta no ha sido consensuada con las FARC. Es unilateral y no se corresponde con el mecanismo de funcionamiento de los acuerdos y es que ellos deben ser aprobados por las dos partes; tampoco se corresponde con las decisión de favorecer al campesinado, a la economía campesina, el acceso a la propiedad de los campesinos que no tienen tierras, a formalizar la propiedad y está en el camino del actual modelo agrario de grandes agronegocios.
Si algo requiere de una vuelco es la economía agraria, bajo la condición de que sea para favorecer en lo fundamental a los campesinos sin tierra, a los que tiene muy poca tierra y a los que fueron despojados a lo largo del conflicto. Para ello se estableció el Fondo de Tierras y la adjudicación de baldíos, así como hacer el catastro para constatar la legalidad de los títulos de propiedad y facilitar que las tierras despojadas lleguen a sus verdaderos dueños y que quienes adquirieron por otras vías de ilegalidad no se puedan salir con la suya.
Lo anterior no es del agrado de la mayoría de los latifundistas y de los ganaderos, respaldados por la extrema derecha uribista. Le tienen pavor a la legalidad y al acceso democrático de los campesinos a la tierra. Quieren seguir apegados a la violencia, a la coacción y a otras formas ilícitas para acumular la propiedad sobre grandes extensiones de tierra, que es la característica histórica en el campo colombiano. No se trata de expropiar la tierra a quienes la hayan adquirido de manera legal y así lo demuestren, sino de perseguir a quienes la adquirieron de manera ilegal.
Se suma el envión para poner en marcha la llamada ley de Zidres a través del documento Conpes, que pretende según el Gobierno asegurar el retorno de los campesinos al campo y una idílica asociación de campesinos y empresarios. En realidad es la extensión neoliberal al campo y de eludir lo esencial que es fortalecer la economía campesina tal y como se aprobó en La Habana. La ley de Zidres va en sentido contrario.
Con los acuerdos de desarrollo rural en La Habana no está comprometida la propiedad privada sobre la tierra, como lo aseguran los uribistas. Aunque llegará el día, será inevitable, en que la Reforma Agraria Democrática, soberana, integral y antilatifundista, le ponga el ponga el punto final a la concentración de la propiedad y al mal uso de la tierra en Colombia.
